El Gobierno ha pisado el acelerador del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores de edad en entornos digitales; el sector lo sabe y se mueve en defensa de sus respectivos intereses. De un lado, las empresas fabricantes, que exigen suprimir las obligaciones o, al menos, rebajarlas. Por otro, ONGs, que urgen reforzar la protección de la infancia y atribuir más responsabilidad a las plataformas.
La intención del Ejecutivo es cerrar pronto el plazo de enmiendas al articulado e, inmediatamente después, constituir la ponencia. “Están apretando porque hay un gran consenso en que hace falta una ley”, explican diputados de la Comisión de Justicia a Demócrata. El objetivo es tener un dictamen en el Pleno antes de concluir el año. Un arreón al que el sector ha respondido remitiendo propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios.
El Gobierno quiere constituir cuanto antes la ponencia, pero los socios piden más tiempo para analizar las enmiendas parciales.
Los socios son algo más cautos. Perciben que el Gobierno está acelerando, pero demandan un poco más de tiempo por la ingente cantidad de enmiendas que han recibido y que están evaluando para hacerlas propias, ajustarlas o desestimarlas. El plazo vence el próximo miércoles 29 de octubre, pero podría ampliarse al menos una semana más.
Un diputado del bloque de investidura señala a este periódico que “quieren meter el turbo” para aprobar algunas leyes antes de Navidad y justificar que se están aprobando normas. “Si han acelerado esta es porque creen que tienen asegurados los votos, también de Junts”, dice otro.
Esta semana se han celebrado diversas comparecencias de asociaciones y organizaciones en la Comisión de Justicia y las enmiendas parciales se van fraguando.
Los fabricantes piden flexibilidad
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, ha remitido un nutrido documento con sus propuestas de enmiendas, al que ha tenido acceso Demócrata.
Su mayor aspiración es la supresión del Artículo 4, relativo a las Obligaciones de los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet. Este punto es el que recoge que las compañías fabricantes de smartphones, tablets, televisores inteligentes, ordenadores, etc. deben informar en el embalaje de sus productos de los riesgos que entraña el acceso a contenidos perjudiciales para la salud de las personas menores de edad.
En sintonía, los fabricantes estarían obligados a garantizar que los equipos terminales incluyan un sistema operativo con un control parental activado por defecto en el momento de la configuración inicial. También deberán asegurar que los sistemas operativos del terminal hagan lo propio. Así lo tendrán que acreditar ante importadores, distribuidores y comercializadores.
AMETIC asegura que comparte el compromiso del Gobierno para proteger a los menores de edad en los entornos digitales, pero pide que la ley sea coherente con el marco europeo y lo suficientemente flexible. Justifica que la iniciativa, tal y como está planteada, tendría un fuerte impacto en distribuidores y fabricantes, que se verían obligados a repensar la cadena contractual así como buena parte de los productos ofrecidos.
Esgrime también que si España arma una normativa diferenciada del resto de Estados miembros se fragmentaría el mercado de la Unión Europea, lo que implicaría adaptaciones técnicas engorrosas y una reforma de todos los canales de producción para tener en cuenta únicamente las características del mercado español.
La patronal AMETIC pide que la norma se aplique únicamente a teléfonos móviles, dejando fuera a tablets, ordenadores y televisores.
La de supresión del Artículo 4 es la enmienda de máximos de AMETIC. No obstante, han remitido otras que descafeinarían algunos puntos de forma independiente para no fiar el porvenir del sector a una única carta.
Así, proponen que las exigencias de la ley se apliquen exclusivamente a los teléfonos móviles, dejando fuera a tablets, ordenadores y televisores. Consideran que sería suficiente con el pin parental de los smartphones porque el resto de terminales suelen tener un uso compartido en el hogar y estar ubicados en espacios comunes, lo que facilita la supervisión de adultos.
Justifican que, de mantener la exigencia para todos los equipos, los costes para la industria serían muy elevados y se mermaría su competitividad.
Otra de las enmiendas que la patronal ha enviado a los grupos pasa por eliminar la obligatoriedad de información en el etiquetado. Alegan que generaría inseguridad jurídica ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico ya que dependen de factores individuales.
Como solución alternativa, AMETIC propone que se pueda informar en la página web o en un formato digital fácilmente accesible para, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de papel (manuales y etiquetas) y tintas. Sugieren, también, que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen los conjuntos de información para que sean uniformes, independientemente del fabricante.
Por otra parte, demandan que los fabricantes de productos que ya incorporen un control parental no se vean obligados a velar por que los sistemas operativos instalados en sus terminales también lo dispongan. La patronal esgrime que no puede pasarse por alto que los dispositivos y sistemas operativos actuales no tienen la capacidad técnica de filtrar todos los formatos de contenido ni controlar el acceso a todas las fuentes de descarga disponibles. “Las aplicaciones pueden obtenerse mediante navegadores o métodos alternativos, lo que hace inviable establecer un sistema de filtrado universal desde el propio dispositivo”, insiste.
Asimismo, argumentan que el pin parental no debería estar activado por defecto. Apuestan por ofrecer la posibilidad a la hora de configurarlo para implicar a los padres y tutores.
Además de maniobrar para rebajar las infracciones y sanciones, piden suprimir la prohibición de acceder a las cajas botín (loot boxes) porque “se fundamenta en una presunta asimilación con los juegos de azar y en un supuesto relación de causalidad de comportamientos problemáticos que no está acreditada”.
La patronal pide que se incorpore a representantes del sector audiovisual, de los videojuegos y tecnológico en la elaboración de la Estrategia Nacional.
Por último, instan a que, de prosperar la norma con nuevas imposiciones técnicas, no se aplique a los terminales digitales que ya estuviesen en el mercado o se hallasen en stock a la fecha de su entrada en vigor, con un plazo máximo de seis meses.