El Gobierno de España ha puesto en marcha diversas iniciativas legislativas que, de prosperar, impactarán en el etiquetado de productos. Las propuestas parten del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Félix Bolaños al frente; y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy. ¿Cuáles son los bienes y/o servicios a los que afectará y en qué medida?
Móviles y demás dispositivos con acceso a internet
El Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, que se encuentra en tramitación parlamentaria pendiente de constituir ponencia, incluye la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos con conexión a la red informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
Los fabricantes son muy reticentes a la medida por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que genera inseguridad jurídica, ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico, pues dependen de factores individuales. Por otro lado, esgrimen que incrementaría el uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta.
Como alternativa, el sector plantea a los grupos parlamentarios que se pueda integrar la información en la página web o en un formato digital fácilmente accesible, además de que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen una etiqueta con información estandarizada para que sea uniforme, independientemente del fabricante.
En una entrevista con Demócrata, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica que el Gobierno está digiriendo todas las enmiendas y que la decisión podría ejecutarse a través de un desarrollo reglamentario posterior.
El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, a través de su grupo parlamentario, propone como alternativa que los fabricantes puedan disponer un formato digital fácilmente accesible, como en la página web, pero manteniendo la información en el embalaje y en los libros de instrucciones, manuales o guías de uso. Y en sintonía con el sector, consideran que deben ser las autoridades y organismos públicos los que determinen reglamentariamente el conjunto de información estandarizado.
Otros grupos, como PNV, ERC o Junts, a través de sus respectivas enmiendas, apuestan por flexibilizar la exigencia y que la información se pueda disponer en cualquier soporte para evitar que el exceso de la misma pueda confundir a unos consumidores que, en ocasiones, no prestan la debida atención al embalaje de un nuevo producto.
Ser claros
La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología y transformación digital, defiende que “las obligaciones sobre dispositivos deben centrarse en proporcionar información clara al consumidor”.
En declaraciones a Demócrata, exponen que, por ejemplo, se ha de ser clarividente sobre la disponibilidad de herramientas de control parental o configuraciones de seguridad, “pero no sustituir ni trasladar a los fabricantes responsabilidades que corresponden al entorno de software o a las plataformas”.
“El control efectivo se ejerce en los servicios digitales, por lo que el etiquetado de dispositivos debe tener un carácter orientativo y de apoyo, evitando cargas desproporcionadas o ineficaces”, abunda.
Alimentos, cosméticos y detergentes
Tal y como desveló Demócrata en exclusiva, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, trabaja en un real decreto que prevé tener aprobado este año para reformar el etiquetado de productos para hacerlos accesibles universalmente, con especial atención a las personas con discapacidad visual.
En consecuencia, algunos productos y servicios deberán llevar un etiquetado accesible, entendiéndose como tal aquel que incluye menciones, indicaciones, marcas, dibujos o signos en cualquier etiqueta para permitir a las personas con discapacidad obtener la información clara y de forma comprensible sobre las características de los mismos.
Los productos obligados a incluir el sistema braille son los cosméticos, los detergentes y limpiadores y los productos alimenticios.
Según el texto, los responsables de prestar el servicio de etiquetado accesible en los antecitados productos serán los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie en tienda superior a los 400 metros cuadrados; y no los fabricantes, importadores o distribuidores.
Además, las grandes superficies (más de 400 m²) deberán disponer de atención personalizada para personas con discapacidad visual y, en caso de que los usuarios lo requieran, acompañarán durante todo el proceso de compra.
Esta es la información mínima que deberían incluir:
- Tipo de producto y marca.
- Indicación preferente de la palabra “peligro” y “peli” o “p” en ausencia de espacio para productos que incluyan pictograma CLP.
- Indicación de la referencia “a/i” en caso de que el producto incluya ingredientes o coadyuvantes tecnológicos que causen alergias o intolerancias.
- Fecha de caducidad, en el caso de productos alimenticios.
- Si el producto ofreciese información adicional mediante un QR, se deberá marcar con un ángulo en relieve en su posición, de forma que el código quede situado en el interior de dicho ángulo. El QR deberá contener información en formato accesible.
La etiqueta podrá adherirse al producto o en un etiquetado adicional si la superficie del producto no es adecuada o suficiente. Además, los establecimientos comerciales podrán incluir cuanta información consideren oportuna.