La caída en el Congreso del Real Decreto-ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones para 2026 ha devuelto a primer plano un debate que España ya vivió hace justo un año. Entonces, la subida de las pensiones para 2025 también se aprobó mediante un decreto amplio en una segunda votación en el Congreso, tras no prosperar en primera instancia. La comparación entre ambos episodios explica tanto el bloqueo actual como la hoja de ruta más probable para desbloquearlo.
2025: luz verde al ómnibus a la segunda
La revalorización de las pensiones para 2025 se aprobó a finales de 2024 dentro de un Real Decreto-ley de medidas sociales y económicas. Formalmente era un ómnibus, como este año, que el 22 de enero fue rechazado en el hemiciclo con los votos en contra de PP, Junts y Vox.
El Gobierno volvió a probar suerte el 12 de febrero, logrando la convalidación del decreto-ley tras negociar para asegurarse una mayoría mínima. En segunda ronda, Vox fue el único grupo que votó en contra.
El mensaje político era claro: tumbar aquel decreto suponía asumir el coste de bloquear la subida de las pensiones en un contexto de inflación aún elevada. La aprobación convalidó la subida desde el 1 de enero y cerró cualquier escenario de incertidumbre para los pensionistas.
2026: un ómnibus sobredimensionado
Este año podría volver a repetirse la jugada. El decreto aprobado en diciembre de 2025 incluía la revalorización de las pensiones para 2026, pero la integraba en un paquete mucho más amplio y heterogéneo: transporte, vivienda, prórrogas del escudo social y otras medidas sin consenso previo.
La falta de apoyos suficientes ha provocado que el Congreso tumbara el texto en enero. La consecuencia inmediata: la subida se aplicó en enero —porque el decreto estuvo vigente— y no es reversible, pero ha quedado sin consolidar el aumento para los meses siguientes. El problema no es económico, sino estrictamente parlamentario. No se está en contra de la medida sino del paquete en el que se incluye.
¿Y ahora, qué?
Con el precedente de 2025, el camino que se abre ahora es prácticamente un calco del que el propio Gobierno ya utilizó en otras ocasiones de bloqueo parlamentario. Hay razones políticas, jurídicas y parlamentarias que hacen que el desenlace esté prácticamente escrito. El escenario más probable pasa por:
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Retirar la subida de las pensiones del ómnibus y aprobar un nuevo Real Decreto-ley específico, centrado exclusivamente en la revalorización conforme al IPC y en los incrementos de mínimas y no contributivas.
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Negociar apoyos caso a caso antes de llevarlo al Pleno, reduciendo el texto a una medida difícilmente rechazable en términos políticos.
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Convalidación posterior en el Congreso, consolidando la subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Así, la subida de las pensiones no está en cuestión desde el punto de vista legal ni presupuestario, sino desde el cómo se lleva al Congreso.
Los pensionistas no deberán devolver la subida ya cobrada en enero, pero deberán esperar a ver cómo los distintos grupos parlamentarios acuerdan su aprobación. Desde el Gobierno se les ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre el mantenimiento de su poder adquisitivo en 2026: todo apunta a que es una cuestión de tiempo.
En 2026, y pese a las reticencias del Ejecutivo a trocear el decreto ómnibus, la fórmula con más opciones de prosperar pasa por sacar adelante por separado la subida de las pensiones, con negociación previa y votación específica.
por qué la subida se acabará aprobando
La subida de las pensiones no es una decisión política discrecional
Desde la reforma del sistema de pensiones, la revalorización anual no depende de la voluntad del Gobierno de turno, sino de un mecanismo legal automático vinculado al IPC.
Eso significa que:
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El Gobierno no puede decidir no subirlas
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El Parlamento no está votando si suben o no, sino cómo se articula jurídicamente esa subida
La votación no cuestiona el fondo, solo el instrumento.