El Gobierno quiere acabar con las condiciones abusivas en el crédito al consumo. El Ministerio de Economía presentó el 7 de enero un anteproyecto de ley para acometer una reforma integral en este ámbito.
E imponer un tope máximo a los intereses y al coste de estos préstamos, asegurar garantías para los consumidores y acotar las entidades que pueden ofrecerlos.
El trámite para presentar alegaciones al anteproyecto concluyó el pasado 30 de enero. La reforma no llegará al Congreso hasta bien entrado el año, pero la próxima semana servirá al Gobierno para comprobar los ánimos en torno a esta reforma.
Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ha decidido defender ante el Pleno de la Cámara una iniciativa que busca acabar con el carácter abusivo de los créditos rápidos y evitar sobrecostes a los consumidores, según el orden del día al que ha tenido acceso Demócrata.
Se trata de una proposición no de ley, sin ninguna consecuencia legal. Su debate, en todo caso, dará pistas de qué posibilidades tiene el Gobierno para sacar adelante la reforma y qué prioridades plantean los grupos.
El asunto no es menor. El balance legislativo del ministerio que comanda Carlos Cuerpo es mínimo y no hay visos de que vaya a mejorar. Aunque no hay un reconocimiento oficial, proyectos como el de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se dan por fallidos, ante la negativa de PP y Junts de apoyar al Gobierno.
¿Qué propone la iniciativa?
En su propuesta, recogida por Demócrata, Sumar defiende establecer criterios para definir qué se considera como préstamo abusivo y adoptar medidas para evitar costes excesivos asociados a los mismos.
También abogan por someter a la supervisión del Banco de España el control de entidades que ofrecen financiación asociada al consumo y establecer un procedimiento de registro, reservando la actividad a empresas con solvencia y prácticas respetuosas con el consumidor.
Esta reivindicación está recogida en el anteproyecto presentado por Economía, ya que, en virtud de esta propuesta, sólo podrían conceder créditos aquellas entidades que tengan autorización del Banco de España y operen bajo su supervisión.
La norma también eleva las garantías al consumidor en materia de publicidad, impidiendo destacar la facilidad o la rapidez para obtener el crédito, por encima del precio del mismo, otra de las peticiones que Sumar defiende en su iniciativa.
Fuentes de Sumar reconocen a Demócrata que la iniciativa no es la que habrían registrado ahora, una vez conocido el borrador, pero que la voluntad es alcanzar un acuerdo con el socio mayoritario que suscite el máximo grado de consenso en la Cámara. Los de Yolanda Díaz registraron su iniciativa hace ya más de un año, en enero de 2025.