Nueva guerra, nueva crisis energética y misma receta. Avistando la incipiente crisis provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Sumar quiere que el Gobierno apruebe un nuevo paquete económico, que incluya entre otras medidas el conocido como tope al gas.
Este mecanismo ya fue utilizado en la anterior crisis energética, desencadenada en 2022 por la invasión rusa de Ucrania, en medio de una una espiral inflacionaria sin precedentes en la última década.
El tope al gas limitó entonces el precio de generación de electricidad a través de los ciclos combinados de gas. Ahora, Sumar quiere recuperar este mecanismo fijando un precio máximo del gas en el mercado mayorista de 50 euros/Mwh.
Este tope es superior al que se fijó en la anterior crisis, que empezó a 40 euros/MWh y después se fue elevando progresivamente hasta quedarse, de media, en 48,8 euros/MWh.
El Gobierno aprobó este mecanismo tras pactarlo con la Comisión Europea y el resto de socios comunitarios, ya que supuso una excepcionalidad dentro del funcionamiento del mercado marginalista, en el que la tecnología más cara fija el precio de todas las tecnologías.
España y Portugal consiguieron su aprobación argumentando que la Península Ibérica era una isla energética por el bajo nivel de interconexiones y, por tanto, el precio del gas distorsionaba los precios finales.
Comenzó a aplicarse en junio de 2022 y se prolongó hasta diciembre de 2023. El Gobierno estimó en un 15% el ahorro logrado en la factura de electricidad.
Control de precios y ‘escudo social’
Junto al tope al gas, Sumar también defiende el control de los precios energéticos para evitar operaciones especulativas y un crecimiento injustificado de los márgenes.
También desplegar un nuevo ‘escudo social’ con medidas derogadas por el Congreso en dos ocasiones este año, como la moratoria antidesahucios y los descuentos del bono eléctrico.
También una medida defendida por los de Yolanda Díaz y a la que el PSOE se ha venido resistiendo, la prórroga automática de los contratos de alquiler para impedir una subida generalizada de los precios al agotarse los contratos firmados durante la pandemia.
Junto a ello, Sumar quiere asegurar un despliegue de los ERTE para evitar despidos en las empresas y medidas que refuercen la electrificación de la economía y el despliegue de las energías renovables.