QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar quiere establecer plazos máximos para que la Administración cumpla con sus obligaciones de publicidad activa y facilite el acceso a información pública y multas para aquellas autoridades que se resistan.
Con tal fin, ha registrado seis enmiendas al Decreto-ley ómnibus que se tramita como proyecto de ley en el Congreso para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En una de las enmiendas, Sumar quiere añadir un nuevo apartado 6 al artículo 61 de la ley para que, en materia de acceso a la información pública, el Juzgado o Tribunal pueda acordar de oficio o a instancia de parte en el escrito de demanda o de contestación o en la vista, el examen de la información sobre la que existe una solicitud de acceso.
También añade la obligación de que esa información se proporcione al Juzgado o Tribunal en formato físico o electrónico, en un plazo no superior a 10 días y si no es así, podrán imponer multas de entre 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. Una multa que será reiterada cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido.
La enmienda también propone la posibilidad de que la información recabada no se incorpore al expediente administrativo en ningún caso, y que el Juez o los miembros de la Sala deban guardar absoluta reserva del contenido de dicha información.
Con esta enmienda, el Grupo Sumar pretende que los juzgadores tengan la posibilidad de acceder al contenido de la información solicitada para poder evaluar, con conocimiento de causa, si resultan aplicables los límites al derecho de acceso establecidos en el artículo 14 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En la segunda y tercera enmiendas dedicada a esta cuestión, Sumar propone la modificación de los artículos 63 y 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para dar preferencia a la celebración de las vistas de los asuntos en materia de acceso a la información pública y obligaciones de publicidad activa, con el fin de garantizar la efectividad de la sentencia y para que estos asuntos se sustancien por el procedimiento abreviado.
Otra de las reformas propuestas tiene por objetivo reducir a un mes el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia en los asuntos sobre el derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Este plazo estaba fijado en dos meses.
La quinta enmienda de Sumar sobre este asunto propone que estos asuntos se tramiten por el procedimiento establecido para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Este procedimiento asegura a los ciudadanos la existencia de un procedimiento de apelación rápido y económico frente a la negativa de la administración a facilitar información.
Esta formación recalca en su enmienda que la medida fue propuesta en las enmiendas del Grupo Socialista cuando se tramitó la vigente Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero que ahora su socio de Gobierno no se ha sumado a la propuesta.
La última enmienda quiere añadir un artículo 122 quinquies a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en la que se establece que la falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo legalmente previsto no suspenderá el curso de los autos y que contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, referidas a estos asuntos sólo procederá la apelación en un solo efecto.
