QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar quiere desplegar toda su agenda económica y social en los próximos Presupuestos Generales del Estado y la vivienda es uno de los vectores principales.
El socio minoritario del Gobierno busca impulsar un cambio en la política de vivienda con un protagonismo total de los poderes públicos, tanto en los controles como en la mayor oferta en el mercado del alquiler.
En materia de oferta, la propuesta trasladada hasta ahora era articular un fondo público desde el que movilizar inversiones dirigidas a aumentar las posibilidades de alquiler a precio asequible.
En su intervención durante el debate parlamentario de la senda de estabilidad presupuestaria el pasado martes, el portavoz económico de los de Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, desgranó más detalles de la propuesta que llevarán a la negociación de las futuras cuentas.
El objetivo es la creación de un gran parqué público de vivienda para el alquiler que no pueda ser descalificable y para ello proponen dos vías: actuar sobre las viviendas vacías y nueva construcción.
En vivienda vacía, Sumar quiere actuar desde la rehabilitación pero también situando a la Administración como agente dinamizador e intermediario en el mercado.
Así, plantea agencias públicas que garanticen a los propietarios el pago del alquiler (modelos de alquiler seguro), en línea de lo que ya realizan algunas sociedades públicas autonómicas, como en el País Vasco.
También propone que las viviendas vacías que estén desocupadas estén sujetas a una mayor carga fiscal, con el fin de incentivar su movilización en el mercado del alquiler.
Y, por el lado de la construcción, propone la meta de construir medio millón de viviendas pero con la Administración como brazo ejecutor de las inversiones y “eliminando a las inmobiliarias privadas de la ecuación”.
Acompañado de esto, Sumar quiere hacer efectivos los controles previstos en la Ley de Vivienda y, si es posible, aumentarlos.
Propone, por ejemplo, prohibir la compra de vivienda para aquellos que no vayan a utilizarla como residencia, tal y como se ha impulsado en ciudades europeas como Amsterdam.
También suprimir la concesión de permisos de residencia por compra de vivienda (Golden Visa).
La propuesta en materia de vivienda se completa con un paquete de medidas de carácter fiscal, entre las que destaca la aplicación de un IVA del 21% a los apartamentos turísticos.
El objetivo sería endurecer fiscalmente cualquier uso no residencial para acabar con su rentabilidad y para ello proponen cambios en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades y también un gravamen especial para las Socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).
