QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Trabajo y Economía Social rescata este martes una de las normas que quedó pendiente la pasada legislatura. Se trata de la Ley Integral de impulso de la Economía Social.
El proyecto modifica y revisa la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social.
El objetivo es adaptar estas normas y dotarlas de mayor claridad y seguridad jurídica, con nuevas definiciones de estas entidades y de los colectivos que integran la economía social.
La reforma es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, arrastrada de la pasada legislatura. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya elevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley en abril de 2023, un mes antes de la convocatoria anticipada de elecciones.
El anteproyecto clarificaba las tipologías y el catálogo de empresas que integran el sector de la llamada Economía Social, conformada por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales, entre otros.
En materia de cooperativas, Trabajo aseguró entonces que la propuesta eliminaba obstáculos para agilizar el ejercicio de su actividad y mejorar la funcionalidad de estas sociedades, adaptando el funcionamiento interno a nuevas formas de comunicación y participación.
En el caso de las empresas de inserción, el anteproyecto ampliaba el foco de los factores que determinan la situación de vulnerabilidad y exclusión social para incorporar a más personas en este tipo de proyectos.
También incorporaba otras fórmulas asociativas reconocidas a nivel europeo, como las empresas sociales, que deben reinvertir en la empresa el 95% de los beneficios.
