Los informes del propio Gobierno y del Consejo de Estado contra los cambios en el registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo y Economía Social han provocado una nueva bronca en el Gobierno de coalición.
Los enfrentamientos, choques y roces son habituales. El propio equipo de Yolanda Díaz reconoce que no ha habido una sola norma que no haya salido sin fricción. Pero en esta ocasión entienden la crítica como una deslealtad y una vulneración del propio acuerdo de coalición.
Y están decididos a continuar con la regulación sin cambios sustanciales, pese a las pegas del Consejo de Estado y de sus colegas en el Gobierno.
¿Qué norma es? El desarrollo reglamentario del registro horario, una normativa aprobada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE en solitario) y que PSOE y Sumar acordaron reforzar. Los cambios fueron tramitados en el proyecto de ley de reducción de jornada que tumbaron PP, Vox y Junts. Ahora Trabajo recupera gran parte de la misma vía decreto, que no tendría que pasar por el Congreso.
Vía reglamento. Una de las pegas del Consejo de Estado –con voto particular discrepante—es de rango normativo, al entender que es necesaria una ley. Trabajo concede que un cambio en las sanciones, como planteaba en el proyecto, sí requieren norma legal. Pero no el establecimiento de las condiciones de cómo debe ser ese registro, cuya regulación en el Estatuto de los Trabajadores ya prevé su desarrollo reglamentario.
Lo ven como aviso. En el Ministerio ven esta limitación como un aviso. La debilidad parlamentaria limita Díaz a aprobar únicamente cambios vía reglamento, ya que en materia laboral el Gobierno no tiene apoyos. En juego están normas como las reglas de absorción y compensación de salarios, la trasposición de la directiva sobre condiciones transparentes o el estatuto del artista.
Sin cambios esenciales. Trabajo piensa continuar con la norma sin tocar los dos aspectos esenciales: que el registro sea digital para asegurar que sea un método objetivo y no manipulable para controlar la jornada, y que este sea accesible por la Inspección de Trabajo para su verificación. Sostienen que la regulación actual no basta para hacerla cumplir y así lo ha hecho saber la Justicia de la Unión Europea. En juego están 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana, según sus cálculos.
Pese al Consejo de Estado. La intención es no atender a las observaciones del Consejo de Estado que cuestionan elementos troncales de la norma. Trabajo defiende que no es la única vez que el Gobierno lo ha hecho y contabilizan catorce normas como precedente.
Los tiempos. El Ministerio no se atreve a poner una fecha porque quiere respetar los tiempos de tramitación en los distintos órganos del Gobierno antes de elevar el texto al Consejo. Primero se introducirán cambios, no sustanciales, y después pasar por los diferentes órganos. Pero la idea es llevarlo al Consejo cuanto antes.
¿Qué cambios? Menores, pero sí para apostillar dudas que plantea el Consejo de Estado, respecto a la protección de datos y a la negociación colectiva. Pero no alterando los elementos troncales de la norma ya mencionados.
Sin distinciones ni retrasos. No se distinguirá entre empresas por tamaño –es un derecho extensible ya a todos los trabajadores—ni tampoco se prevé retrasar una entrada en vigor que ven proporcionada: 20 días desde su publicación en el BOE y seis meses al registro digital a partir de las normas técnicas y los requisitos del mismo.
Y prevé ayudas. La norma, remarca Trabajo, ya prevé posibles ayudas y bonificaciones a empresas para poner en marcha un sistema que, en todo caso, entienden de mínimo coste. Primero porque muchas de las empresas ya tienen estos sistemas. Y, después, porque aseguran que el coste de los equipos y la aplicación es mínimo.
Si vulnera la intimidad, se hace ya. Reniegan de las dudas del Consejo de Estado sobre la protección de la intimidad de los trabajadores con un registro digital y recuerdan que el registro es obligatorio ya. Si se vulnerara, ya se estaría haciendo desde hace casi diez años.
Ya fue aprobada por el Consejo. La norma que impulsa ahora Trabajo ya fue validada al formar parte del proyecto de ley de reducción de jornada. No es exactamente la misma regulación pero sí en sus aspectos esenciales, por lo que no ven sentido en la oposición de Economía y Transformación Digital. Recuerdan que el propio Pedro Sánchez amparó los cambios en el choque por la reducción de jornada y entienden que, si es necesario, volverá a hacerlo.
¿De qué lado están? En Trabajo no entienden un posicionamiento tan claro por parte de los dos ministerios y entienden que sus informes buscaban dar ‘munición’ al Consejo de Estado en su dictamen para tratar de tumbarlo.
Tendrá consecuencias. El dictamen del Consejo de Estado perfectamente podría ser utilizado en la batalla judicial avanzada por la patronal para tumbar la norma. Una de las tareas que tiene ahora el Ministerio es reforzar posibles debilidades al respecto y la argumentación jurídica que sustenta el reglamento.
De subidón. El choque llega poco después de que Sumar forzara al PSOE a aprobar medidas de vivienda y control de márgenes que inicialmente no contemplaba en la respuesta económica a la guerra de Irán. El plante de los ministros funcionó y este mismo lunes el ministros y diputados se conjuraron en el Congreso a seguir presionando. Puede no ser la última ‘sentada’ de ministros.