El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal. Su propósito es, fundamentalmente, recuperar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud para garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España, reduciendo además la burocracia y simplificando los trámites. Un mes después, la norma ha avivado un debate: ¿Abre la puerta al turismo sanitario o se está alimentando una narrativa desinformadora? ¿Cuál es la realidad jurídica?
Qué cambia el decreto y qué implica
Impulsado por el Ministerio de Sanidad, el real decreto cierra la brecha abierta en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy quebró la universalidad del SNS expulsando a las personas inmigrantes en situación irregular. En 2018, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez revirtió la situación con un real decreto-ley que, sin embargo, no terminó de tumbar la barrera de acceso porque la aplicación dependía de las Comunidades Autónomas. Ahora, el real decreto elimina esos obstáculos administrativos que generaban situaciones de exclusión.
La norma blinda la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación. Para ser atendido, basta con una declaración responsable, esto es, un mecanismo que permite al solicitante declarar de forma sencilla que cumple con los requisitos: residir en España.
Para acreditar la residencia habitual se ha de aportar un certificado o volante de empadronamiento o, en su defecto, un certificado de matriculación en un centro educativo, de escolarización, una carta de viaje expedida por el consulado o facturas de suministros de luz, gas, agua o telefonía o internet, informes de centros sociales o documentación consular.
La asistencia sanitaria se puede recibir desde el momento en que se presenta la solicitud -que puede hacerse en el propio centro sanitario-, lo que, según Sanidad, “evita esperas eternas para poder acceder al médico y garantiza que ninguna persona quede desprotegida mientras se resuelve el procedimiento administrativo”.
He aquí el punto que aviva el debate: la declaración responsable y la resolución del procedimiento administrativo. El sistema primero presta la atención, y luego, comprueba si se cumplen los requisitos; y si no se resuelve en tres meses el silencio administrativo se entenderá como positivo en favor del solicitante.
España, ¿destino atractivo?
El denominado turismo sanitario hace referencia al desplazamiento de personas a otro país con el objetivo de recibir atención médica, ya sea por razones de coste o por calidad, tiempos de espera o acceso a determinados tratamientos. Surge de las diferencias entre sistemas sanitarios y cabalga a lomos de la mayor movilidad internacional.
Un ejemplo perfecto sería Estados Unidos, donde la asistencia sanitaria tiene un coste muy elevado y depende en gran medida de seguros privados. En ese contexto, determinados tratamientos -especialmente los de alta complejidad o larga duración- pueden suponer facturas inasumibles para parte de la población. Esta brecha ha favorecido históricamente que algunos pacientes estadounidenses viajen al extranjero en busca de alternativas más asequibles.
España, a priori, se yergue como un destino atractivo por su universalidad y calidad, aunque no hay datos al respecto. La pregunta es: ¿es cierto que el Gobierno fomenta el turismo sanitario con el real decreto recientemente aprobado?
Cuestión de narrativa
El Ministerio de Sanidad lamenta que la narrativa es desinformadora. Descartan que se fomente el supuesto “turismo sanitario” o uso de servicios sanitarios públicos por personas no residentes ni cotizantes.
En este sentido, esgrimen que el decreto va dirigido “a personas que viven y residen en España”, salvo a españolas que residan en el exterior y sus familiares.
Sanidad niega que se fomente el turismo sanitario porque el real decreto va dirigido a “a personas que viven y residen en España”
Aseguran que con el real decreto España no será el “hospital del mundo” y no se está generando efecto llamada ya que “el decreto exige acreditar la residencia habitual en España”. “Busca atender a quienes viven y conviven aquí, no al turismo sanitario”, remachan desde la cartera de Mónica García.