Todo gira en torno a la vivienda esta legislatura y la respuesta económica a la guerra de Irán no iba a ser menos. Por mucho que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defienda que los efectos del conflicto se limitan a los precios en carburantes y fertilizantes, la inclusión de medidas contra los desahucios o para abaratar el alquiler acapara la discusión en torno al decreto-ley.
Y todo después de dos derogaciones consecutivas del decreto-ley ómnibus y su ‘escudo social’ por el rechazo de PP y Junts a la moratoria antidesahucios. Nada más estallar el conflicto ambos subrayaron que, de incluir esa medida en un nuevo decreto-ley ‘anticrisis’, este volvería a correr el riesgo de ser derogado.
En el PSOE están dispuestos a aceptar tal petición. Justifican este posicionamiento en la necesidad de asegurar el mayor consenso posible para unas medidas que son necesarias. Y, en lo estrictamente técnico, apuntan a que los efectos de la guerra no han impactado todavía en unos precios de la vivienda que, en todo caso, no necesitan de cualquier otro estímulo para continuar su escalada.
Avala la posición del PSOE el demostrado rechazo del Congreso a prorrogar la moratoria antidesahucios. La Cámara ha expresado ya dos veces que no existe esa mayoría. PP y Junts han demostrado estar dispuestos a asumir el coste de derogar todo el paquete.
El PNV, que pactó cambios en la moratoria para excluir viviendas de pequeños propietarios, ha pedido públicamente al Ejecutivo evitar ese riesgo. “Es un poco jugar a la ruleta rusa”, dijo su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero. El ala socialista reitera que la prioridad es incluir medidas que aseguren apoyos, lo que se ha traducido en un veto a las medidas de vivienda.
La apelación al consenso, reconocía este miércoles en los pasillos del Congreso una ministra fuera de micrófono, no dejaba de ser aceptar los postulados de Junts, formación dispuesta a echar por tierra el decreto-ley.
Hay partido: no hay nada decidido aún
La exclusión, en todo caso, no es definitiva. Varias fuentes consultadas coinciden en que, hasta el último momento, no estará decidido qué entra y qué queda fuera en el decreto-ley.
Sumar lo fía todo a incorporar medidas que respondan a la crisis habitacional y centra los esfuerzos en dar esa batalla. No conciben, al igual que el resto de socios de izquierdas –Podemos, ERC, Bildu, BNG y Compromís—que un plan de emergencia no incluya medidas como estas.
Desde antes del estallido de la guerra, estas formaciones defienden una prórroga de los contratos automática para evitar renovaciones a precios disparados, al caducar la duración de los firmados al concluir el confinamiento.
Una intervención que el PSOE veía antes de la guerra desproporcionada –propuso, como alternativa, las descartadas desgravaciones fiscales como incentivo—y que ahora los socios reivindican por la nueva emergencia. La situación, matizan los socialistas, no ha adquirido ni por asomo, la gravedad que pudiera justificar esta medida.
Que cada partido se retrate
En el Ministerio de Vivienda asisten a la discusión con resignación. Se saben en el centro de todas las dianas y reprochan que sus socios de coalición y parlamentarios centren el foco en medidas que no cuentan con los apoyos suficientes.
Los partidos de izquierda presionan al PSOE para que apruebe las medidas, haya o no apoyos, y que PP y Junts se retraten en la votación. “No podemos tener miedo a que la ciudadanía vea lo que votan los distintos partidos políticos. Que vean lo que votan”, incidió este martes la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero.
En Vivienda critican este posicionamiento, por la inseguridad jurídica que provocaría aprobar una medida sabiendo que no tiene recorrido más allá de unos días. Y emplazan a centrar los esfuerzos en recabar los apoyos y no en resaltar la ausencia de medidas.
¿Un decreto-ley específico?
Esos esfuerzos por conseguir un acuerdo que permita incluir medidas en vivienda o al menos aproxime posturas existen, según han informado a Demócrata fuentes directamente involucradas en los contactos mantenidos hasta ahora. Incluso en las últimas horas se ha puesto encima de la mesa un límite a la subida de los alquileres como la aprobada en la anterior crisis de precios, al 2%.
A poco más de un día del Consejo de Ministros extraordinario que definirá el alcance de la primera respuesta económica a la guerra, no hay ninguna opción descartada. Tampoco la aprobación de un decreto-ley específico con medidas de vivienda, separado del resto del plan, que no se verían afectadas por el riesgo de la derogación.
Una medida que, por otra parte, colmaría la decisión política de forzar a retratarse al Congreso, como exigen las fuerzas de izquierda.