El campo de minas para el Gobierno en el que se ha convertido el Congreso no da respiro. Una de las leyes troncales de la legislatura, la Ley de Movilidad Sostenible, finalizó el miércoles su plazo para presentar enmiendas a la totalidad con una amenaza relativamente inesperada.
El PP, principal partido de la oposición, registró enmienda con el objetivo de tumbar el proyecto en su primera votación. La declaración de intenciones no sería una sorpresa si no fuera por el hecho de que los ‘populares’ ya habían tendido la mano al Gobierno para negociar cambios parciales al proyecto.
En una entrevista concedida el pasado mayo, el portavoz del PP ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Alberto Herrero Bono, reclamaba al Gobierno que su partido fuese «socio preferente» en la tramitación de la iniciativa, y avanzaba cambios concretos en la negociación de enmiendas parciales.
«La predisposición del PP no es otra que tender la mano al Gobierno para sacar una ley que resulta fundamental», incidía hace cuatro meses el diputado del Grupo Popular, situando el proyecto como «uno de los mayores desafíos» de la legislatura.
La propuesta, además, no deja de ser la misma que la presentada la pasada legislatura. Entonces los ‘populares’ también se mostraban favorables a negociar, valorando positivamente varios puntos de la iniciativa.
¿Cuáles son las razones que alega ahora el PP para tumbar la ley?
Objetivos, diagnóstico y renovación del parque
El PP no ve en el proyecto objetivos ni compromisos concretos y medibles para afrontar la transformación del sistema de movilidad, pero tampoco medidas concretas para alcanzarlos.
Ese reto exige, incide en su enmienda, un diagnóstico del estado y la antigüedad del parque de vehículos motoroizados, la fijación de objetivos y un abanico de medidas para conseguirlos.
Con una antigüedad media del parque de 14,2 años –y un 25% del mismo de más de 20 años–, los ‘populares’ ven imposible cumplir los objetivos de descarbonización, digitalización o automatización en la movilidad.
Inversiones y electrificación
Por ello, exigen comprometer en la ley inversiones y aprovechar la norma para rediseñar el actual esquema de ayudas a la compra de vehículos propulsados por energías alternativas, al ver la introducción de vehículos eléctricos reservada para las rentas más altas.
«No es realista pensar en una descarbonización inclusiva en un país con tantas barreras», critican, apuntando a la reducida infraestructura de recarga y a la gestión del sistema de ayudas y planteando la falta de una «norma líder» que impulse la electrificación de la movilidad.
Fiscalidad
La transformación de movilidad, a juicio del PP, debe ir acompañada también por cambios en el sistema tributario, con el fin de favorecer «nuevos modelos más eficientes y sostenibles», considerando que el diseño de la tributación actual «supera el concepto de tráfico de vehículos a motor asentado en los años noventa».
Zonas rurales
Pese a reconocer «buenas intenciones» en el proyecto respecto al reto de la despoblación, critica que «no apunta soluciones de movilidad rural operativa y financieramente viables«, ni tampoco «un sistema claro de apoyo estatal».
Exige por ello una estrategia específica para este problema que afronte problemas como la ineficiencia de los servicios regulares de autobús o la distribución de mercancías en la ciudad. «Para afrontar este problema no es admisible una ley programática y poco operativa», zanja en la enmienda.
Mercancías y nuevas formas de negocio
También echan en falta una mayor regulación y precisión jurídica relativa a nuevas formas de negocio vinculadas a la movilidad, como las de movilidad compartida (‘carsharing’, ‘carpooling), transporte a demanda, electrificación de la última milla o servicios digitales, que precisan, dice el PP, de mayor respaldo para facilitar inversiones públicas y privadas.
En el caso de mercancías, creen que el proyecto no tiene en cuenta las nuevas tipologías de vehículos y servicios de movilidad, o las necesidades de las entidades locales de contar con información y datos en tiempo real de los servicios de movilidad.
También reprocha, por ejemplo, que el proyecto «no aborda con valentía temas críticos como los derechos de los trabajadores de las plataformas ‘riders’«.