Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) han cerrado este viernes un pacto que desbloquea la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias y con el que se propone a José Manuel Pérez Fernández para encabezar este organismo.
Según han trasladado estas formaciones, el entendimiento alcanzado recoge el “compromiso compartido de avanzar en el fortalecimiento institucional y en la mejora de los mecanismos de control democrático, con el objetivo de garantizar la máxima nitidez en el funcionamiento de las administraciones públicas y en su rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
La ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, establece en su artículo 63 la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias como un ente público con personalidad jurídica propia, sometido a la ley y al Derecho Administrativo, y que debe actuar con plena autonomía funcional y absoluta independencia en el desarrollo de sus funciones.
José Manuel Pérez Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y obtuvo el premio extraordinario de Doctorado. Autor de más de un centenar de trabajos, atesora una dilatada trayectoria en el ámbito de la investigación jurídica.
En la actualidad, y desde diciembre de 2024, desempeña el cargo de letrado de la Junta General del Principado, puesto al que accedió tras ejercer como letrado del Tribunal Constitucional entre 2016 y 2024.
Antecedentes del nombramiento
Pérez no es la primera persona propuesta para este puesto. En abril de 2021, durante una comisión en la Junta General del Principado de Asturias, el aspirante que entonces contaba inicialmente con el respaldo necesario para asumir la presidencia, José Manuel Fernández, calificó de “ocurrencia” la idea de ubicar la sede del nuevo órgano en Avilés.
Argumentó que no podía trasladarse a dicha localidad por motivos de conciliación. Desde aquel momento no se presentaron nuevas candidaturas y la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018, continuó sin poder aplicarse plenamente por la falta de constitución del Consejo.