La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha señalado este jueves que el Gobierno asturiano continúa elaborando el decreto que regulará el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Durante el periodo de información pública, el texto inicial recibió un total de siete alegaciones presentadas por asociaciones de pacientes, colegios profesionales y distintas entidades vinculadas al ámbito sanitario.
Saavedra ha intervenido en respuesta a una cuestión formulada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien ha rememorado que Asturias figuraba entre las comunidades autónomas a las que el Ejecutivo central llamó la atención por no disponer de este registro, otorgándole un plazo de tres meses para ponerlo en marcha.
La responsable de Salud ha subrayado que, mientras no se disponga del registro definitivo, siguen vigentes unas instrucciones de carácter transitorio aprobadas en Asturias en octubre de 2025 para organizar la gestión de la manifestación de la objeción de conciencia. En este contexto, ha reiterado en comisión que “El derecho a la interrupción del voluntario del embarazo está garantizado en Asturias”.
Una vez redactado el borrador del decreto y culminadas las consultas internas y el trámite de información pública, se ha elaborado un informe que incorpora y analiza las alegaciones planteadas.
Según ha precisado Saavedra, la previsión del Ejecutivo es recabar la próxima semana los informes preceptivos en materia presupuestaria. A lo largo de este mes de marzo, el decreto será remitido a la Comisión de Ordenación de Recursos Humanos y al Consejo de Salud para su estudio.
Después, el proyecto deberá pasar por la mesa de negociación y por los órganos de representación del personal, y posteriormente ser examinado por las secretarías generales técnicas, antes de someterse al informe preceptivo del Consejo Consultivo.
La consejera ha admitido la “complejidad” del procedimiento administrativo, pero ha insistido en que el objetivo es asegurar la máxima seguridad jurídica en todo el proceso. Aunque no ha querido fijar una fecha concreta para la puesta en marcha del registro en Asturias, ha asegurado que estará operativo a lo largo de 2026.