La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula María Álvarez Herrera, ha comparecido este jueves en la Comisión parlamentaria, donde ha reiterado que “todas las medidas que están en el plan Agiliza están orientadas, calculadas, analizadas y planificadas para que se vaya reduciendo el plazo de la tramitación de la Dependencia hasta llegar a los ciento ochenta días en el mes de diciembre”.
Álvarez Herrera ha precisado que, excepto en lo que afecta al programa de refuerzo con 41 nuevos empleados públicos, el plan Agiliza ya estaba configurado desde el mes de mayo de 2025.
Ha señalado que dirige el sistema de Dependencia desde abril de 2014 y que, desde entonces, en el ejercicio 2022 se consiguió situar de media, en casi todas las áreas de servicios sociales, un tiempo de gestión cercano a los 180 días. En el ámbito concreto de la dependencia, el mejor dato alcanzado fue de 220 días.
La responsable de Derechos Sociales ha subrayado que su criterio difiere “completamente con la visión que tienen” los grupos de la derecha sobre la aplicación de la ley de Dependencia y sobre el trabajo de la consejería.
“Mi visión y la de todo el equipo es que tenemos entre manos todo un sistema de prestaciones, de valoraciones, que yo creo que es todo lo contrario a la idea de un caos”, afirmó, para añadir que “cuando se refiere a que no es un caos está hablando de que existen unos procedimientos, existe un seguimiento, existe un análisis de la plantilla, de las ratios y tienen perfectamente determinado cuál es el número de actuaciones administrativas por cada uno de los empleados”. “Dígame si eso se corresponde con una situación de caos”.
Formación y nueva herramienta de historia social
En su intervención, también ha abordado la puesta en marcha de la nueva herramienta de historia social única, reconociendo que la capacitación inicial para su uso fue “deficiente”. “Es verdad que una vez que se implanta la herramienta nos cambian los esquemas de trabajo y ahí sí le puedo decir que la formación fue deficiente”, señaló.
Detalló que desde la propia Dirección General del Servicio de Atención a la Dependencia, la persona con mayor conocimiento técnico de la aplicación, al haber participado junto a otro equipo en su desarrollo en los entornos de pruebas, “elaboró unos manuales de procedimiento para todos”.
Desde el PP han reprochado a la directora general que haya acudido a la Cámara a “blanquear la gestión de la consejería”, y la diputada Beatriz Polledo ha advertido de que, si en diciembre no se logra el objetivo de los 180 días, “tienen que empezar a desfilar para su casa unos cuantos cargos, la primera la consejera, que ya debería estar en su casa hace mucho tiempo”.
Por su parte, la diputada de Vox, Sara Álvarez, ha reiterado que el plan Agiliza es “un trampantojo y una pantomima” y ha incidido en que detrás de cada expediente atascado hay una familia que no puede soportar más retrasos.
“El suyo es un modelo y un estado fallido. Asuman ustedes responsabilidades, la primera, la directora, y si no saben hacer, y si no saben gestionar, pues 3.500 millones es para pensárselo”
Muy crítico se ha mostrado igualmente el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, quien ha cuestionado quién responderá políticamente si el 31 de diciembre “no se acerquen, pero ni de cerca, a los 180 días de espera, ¿quién va a asumir responsabilidades?”.
“Pero alguien se puede tomar en serio, alguien que esté siguiendo esta comparecencia, alguien se puede tomar en serio el anuncio de que vamos a llegar a 180 días de espera el 31 de diciembre, cuando hay 12.000 solicitudes que están pendientes de tramitar, cuando no sabe cuándo vamos a llegar los funcionarios, cuando a fecha de hoy, no es que sea deficiente, es que no hay formación”, concluyó Pumares.