El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, volvió este lunes a cuestionar el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria que analiza el accidente de la mina de Cerredo, Covadonga Tomé, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En ese documento se señalan responsabilidades personales por lo sucedido a exconsejeros del Principado que estuvieron al frente del servicio de Minas, entre ellos los actuales presidentes de la empresa pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.
Peláez rechaza que, con la información disponible hasta ahora, se pueda imputarles responsabilidad alguna. A juicio del sector socialista del Ejecutivo autonómico (el PSOE gobierna en coalición con Convocatoria-IU), el texto impulsado por Covadonga Tomé es “político” y “de parte”, incorpora “juicios de valor” y carece de “fundamento jurídico”.
“A medida que se vayan esclareciendo y conociendo hechos y se pongan de manifiesto responsabilidades, nosotros tomaremos las decisiones pertinentes y las depuraremos”, señaló Peláez, que sostiene que, con lo que se sabe en este momento, no se puede deducir responsabilidad política ni administrativa por el siniestro en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.
“Creo que ya hemos reconocido a la luz del informe de la Inspección General de Servicios que el servicio e Minas no funcionaba como debía; pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal del servicio causó cinco muertes hay un paso muy grande”, defendió el consejero.
Debate sobre las ayudas a las víctimas
El dictamen de Tomé plantea que el Gobierno asturiano constituya de forma urgente un fondo económico de anticipos para las familias de las personas fallecidas y los heridos graves en la mina de Cerredo, tanto por el accidente del 25 de agosto de 2022 como por el del 31 de marzo de 2025.
Sobre esta propuesta, Guillermo Peláez había manifestado inicialmente que no veía viable adelantar en este momento esas indemnizaciones, al entender que no existía encaje jurídico para hacerlo.
Sin embargo, en la tarde del viernes el Gobierno de Asturias comunicó que pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a víctimas de accidentes laborales, a la que podrán acogerse también los allegados de los afectados por la tragedia de Cerredo.
Preguntado de nuevo en rueda de prensa por este giro, y por si se había producido un cambio de criterio en el Ejecutivo, Peláez respondió: “En ningún momento la parte mayoritaria del gobierno negó la idea de ayudas directas a familiares de víctimas de accidentes laborales”.
Las ayudas que diseña el Principado serán “absolutamente compatibles” con las indemnizaciones que puedan fijarse en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como con los seguros de vida que tuvieran contratados los trabajadores afectados.
El consejero confía en que la nueva línea de apoyo esté operativa “cuanto antes”, aunque ha precisado que aún deben concretarse el colectivo de potenciales beneficiarios y el periodo temporal que cubrirán las subvenciones. Además, será necesario acometer las modificaciones presupuestarias oportunas para dotar la partida.