El borrador del dictamen redactado por la presidenta de la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, recoge una batería de propuestas de aplicación inmediata. Entre ellas destaca la imposición de una moratoria general sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la revisión de oficio de todos los que continúan en vigor en el Principado de Asturias.
Este sábado, la presidenta de la comisión de investigación trasladó el contenido del dictamen y sus conclusiones a los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación. Desde este momento se abre un periodo para que se presenten aportaciones, mientras que la aprobación del texto definitivo se sitúa en el calendario a finales de mayo.
En el documento se recuerda que el Principado de Asturias dio luz verde en julio de 2024 a un PIC para el Grupo Cerredo. El borrador precisa que, hasta que no exista una regulación específica de los PIC en la Ley de Minas o en una norma autonómica de desarrollo, la Consejería competente tiene que dictar una instrucción interna que impida la tramitación, autorización o renovación de cualquier PIC.
“La figura carece de amparo normativo suficiente, genera inseguridad juridica y ha sido utilizada de forma abusiva para eludir el régimen ordinario de concesiones de explotación”, sostiene el texto, consultado por Europa Press.
Respecto a la revisión de oficio, el borrador plantea que la Consejería deberá revisar de manera automática todos los PIC autorizados en los últimos años, comprobando si se han empleado para permitir la investigación de recursos de interés distinto a los que motivaron el otorgamiento de la concesión.
“De igual modo, se debe cotejar que no hayan servido para ampliar los permisos de extracción con los que se contaba eludiendo los pertinentes trámites ambientales y las exigencias de la normativa de minas”, añade.
El documento subraya también la necesidad de verificar si esos proyectos son compatibles con otros títulos habilitantes coincidentes sobre la misma unidad productiva y si el plan de labores exigible fue validado antes del inicio de los trabajos.
Otra recomendación inmediata es que la Consejería inicie “sin dilación” los procedimientos sancionadores que no se incoaron en su momento.
“La Consejería deberá acometer de forma inmediata la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Cerredo y, con carácter general, de todos los expedientes mineros abiertos, en cumplimiento del articulo 70.1 de la Ley 39/2015. Esta labor debe incluir la identificación de documentos faltantes y su inclusión, de forma ordenada tal y como dispone el precepto citado”, añade en otro de los puntos.
El dictamen aborda igualmente la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas y a sus allegados, y considera prioritario que se cree un fondo económico de anticipos a favor de las víctimas fallecidas y de los heridos graves en el siniestro del 25 de agosto de 2022 y en el del 31 de marzo de 2025, así como de sus familias. El texto argumenta esta medida en que los tiempos de resolución de los procedimientos judiciales relacionados con el accidente “probablementte se extiendan en el tiempo” y con el fin de evitar una situación “de desamparo”.
Por último, el borrador recoge que el dictamen de la comisión parlamentaria, junto con toda la documentación que obra en su poder, deberá remitirse con carácter urgente al Ministerio Fiscal para que valore si existen indicios de responsabilidad penal.