La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Gloria García, ha denunciado este viernes la situación de “frío extremo” que, según ha explicado, se está soportando en el colegio público de Cerredo y en la escuela infantil 0-3 Los Minerucos, en el concejo de Degaña, donde se habrían alcanzado temperaturas mínimas de hasta ocho grados en las aulas.
García ha calificado lo ocurrido como “muy graves” y ha remarcado que “no estamos ante una incidencia puntual, sino ante un problema reiterado que se arrastra desde hace meses y que nadie ha solucionado de forma definitiva”.
En su opinión, es “absolutamente inaceptable” que en pleno invierno el alumnado tenga que seguir las clases en estas condiciones. La parlamentaria ‘popular’ ha recordado que la normativa estatal fija unas temperaturas mínimas concretas para los centros educativos y ha incidido en que “cuando se incumple la ley y se pone en riesgo la salud de los menores, no valen excusas ni compromisos de última hora”.
En esta línea, ha reprochado a la Consejería de Educación que haya reaccionado “solo cuando el problema ya ha estallado y las familias se han visto obligadas a recoger a sus hijos en mitad de la jornada lectiva”.
“Que un colegio tenga que cerrar de facto porque no se puede garantizar una temperatura mínima es un fracaso de la administración”, ha afirmado Gloria García, que ha reclamado explicaciones tanto al Ayuntamiento de Degaña como al Gobierno del Principado.
“La educación no puede depender de promesas improvisadas de encender la calefacción de un día para otro; necesita planificación, mantenimiento y responsabilidad”, ha añadido.
La portavoz de Educación del PP ha pedido además una solución de fondo que evite que episodios como este vuelvan a producirse: “Los problemas técnicos pueden surgir, pero lo que no es admisible es que se repitan una y otra vez sin que nadie asuma responsabilidades ni adopte medidas duraderas”.
Por último, Gloria García ha avanzado que el Partido Popular trasladará este asunto a la Junta General del Principado con el fin de exigir al Gobierno autonómico “un control real de las condiciones en las que estudian nuestros niños, especialmente en el medio rural, donde no puede haber ciudadanos ni alumnos de segunda”.