El diputado del PP Rafael Alonso ha exigido este martes que se asuman responsabilidades políticas por el accidente registrado en la mina de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores hace justo un año.
“Está claro que la Administración eso no lo hizo y, por tanto, a mi juicio, incurre en una situación de negligencia”, ha afirmado Alonso en referencia a las tareas de supervisión que, a su entender, correspondían al Principado.
El parlamentario popular ha señalado que “había un descontrol en relación con la actividad minera en Asturias, especialmente en esta zona de Cerredo” y que “la Administración es quien debería de haber controlado esa actividad y las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba”.
En la misma línea, Alonso ha recalcado que “esa falta de control”, sumada al precedente de 2022 en el que falleció otra persona en la misma mina, pone de manifiesto, a su juicio, la existencia de responsabilidades políticas en torno a “todo este siniestro”.
“Me parece que había deficiencias de seguridad que son tan evidentes que es bastante difícil de creer que no fueran observadas”, ha añadido en declaraciones a los medios en los pasillos de la Junta General del Principado de Asturias.
El diputado ha manifestado además que “espero que el dictamen que está elaborando la presidenta de la comisión de investigación incluya esas responsabilidades políticas” y ha avisado de que “no nos va a satisfacer con que las cosas queden solo en una dimisión”, aludiendo a la renuncia de Belarmina Díaz, consejera de Industria en el momento del siniestro y previamente directora general de Minas.
Alonso ha reclamado igualmente que se haga público “el contenido del informe de la Inspección General de Servicios” sobre lo ocurrido en Cerredo. “Ya debería de conocerse, parece que está tardando”, ha indicado.
Este martes 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, situada en el concejo asturiano de Degaña. A primera hora de aquel lunes una explosión provocó la muerte de cinco operarios y causó heridas a otros cuatro mientras realizaban labores de extracción de carbón. Todos ellos trabajaban para la empresa Blue Solving, que carecía de autorización para explotar ese recurso. El siniestro impactó profundamente en las cuencas mineras de Asturias y León.
El accidente ha dado lugar a un procedimiento judicial por presunto homicidio imprudente contra los propietarios, a la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado y a la dimisión de la entonces consejera de Industria, reavivando el debate sobre la seguridad laboral y la actividad efectiva en explotaciones mineras en proceso de cierre o reconversión.