QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, ha reclamado en la Junta General del Principado de Asturias que las transferencias vinculadas a los servicios que los ayuntamientos prestan por delegación del Principado, y en especial el plan concertado, se ingresen al comienzo del año presupuestario “con un calendario que garantice su percepción efectiva dentro del primer trimestre”.
Esta petición forma parte de las propuestas que Pérez ha defendido ante la comisión parlamentaria que estudia el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026, un foro por el que están compareciendo distintos expertos para valorar las cuentas regionales.
Durante su intervención, la responsable de la FACC ha subrayado el impacto que tiene la tardanza en los pagos sobre la gestión municipal: “Para un consejo pequeño, cobrar en febrero o en septiembre puede ser la diferencia entre contratar a tiempo una trabajadora social o demorar el refuerzo de un servicio básico”, ha señalado ante los diputados asturianos.
Además, Pérez ha solicitado “actualizar las cuantías de las partidas de los programas gestionados por las corporaciones locales, en particular las de personal”, con el fin de absorber el aumento de los costes asociado a la reforma laboral y a la evolución de salarios y cotizaciones sociales.
Ha recalcado que “el cumplimiento de la normativa laboral y de las condiciones retributivas es irrenunciable, pero si las transferencias no se ajustan, la diferencia es asumida íntegramente por los presupuestos municipales, tensionando otras áreas de gasto igualmente necesarias”.
En la misma línea, la presidenta de la FACC ha planteado que “los convenios de colaboración principal de ayuntamientos tengan siempre que sea posible carácter plurianual para dar estabilidad a plantillas y servicios”, de manera que las corporaciones locales puedan planificar con mayor seguridad sus recursos humanos y la continuidad de los programas.
Asimismo, ha reiterado “la necesidad de reforzar y flexibilizar el Fondo de Cooperación Municipal y el Fondo Municipal de Riesgo de Despoblación”, recordando que, pese a las subidas que han experimentado, “consideramos que existe margen de mejora porque, además de más recursos, estos instrumentos nos ofrecen mayor autonomía en su gestión, evitando una fragmentación excesiva en líneas finalistas que limiten la capacidad de decisión de los plenos”.
Pérez ha defendido también el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía, insistiendo en que “la tradición municipalista española y asturiana en particular siempre ha defendido que quien mejor conoce las necesidades de un pueblo es su ayuntamiento. No perdamos esa perspectiva que ha demostrado ser útil durante décadas”.
Por último, la dirigente municipalista ha pedido “revisar la financiación del salvamento en playas con la partida del plan Sapla, congelada y unos costes crecientes, especialmente en personal y renovación de equipamiento”, al considerar que la dotación actual no se ajusta al incremento de gastos que afrontan los consistorios en este servicio.
