QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Fernando Prendes, quien fue director general de Infraestructuras Rurales y Montes del Gobierno de Asturias hasta 2023, afirmó el martes que nunca tuvo comunicación con los ejecutivos de la compañía a cargo de la mina de Cerredo en Degaña, lugar del trágico accidente que cobró la vida de cinco mineros leoneses.
Prendes hizo estas declaraciones en la sesión de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), que ha retomado sus actividades en septiembre para investigar el incidente.
El día anterior, José Manuel Carral, agente de Medio Natural, compareció ante la misma comisión, alertando sobre la minería ilegal en el área y mencionando que Jesús Rodríguez Morán, principal representante de la familia propietaria de la mina, le aseguró tener «todo controlado» y contar con «altos contactos» en Medio Ambiente, según consta en un acta.
Al ser cuestionado sobre su posible relación con Rodríguez Morán o con algún representante de las empresas Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) o Blue Solving, Prendes respondió con un rotundo «Ninguno», asegurando no haber tenido trato alguno con dichos sujetos.
Además, Prendes comentó que no tuvo acceso a las actas mencionadas por Carral, pero reconoció la existencia de un acta donde se señalaban ciertas actividades no autorizadas en el monte, las cuales deberían haber recibido una autorización oficial.
En su defensa, Prendes afirmó que durante su gestión se siguieron los procedimientos adecuados, incluyendo la solicitud de informes necesarios y la autorización de actividades conforme a la normativa vigente. También subrayó que no recibió denuncias ni quejas relacionadas con la explotación minera, ni específicamente en Degaña ni en otras localidades.
El exdirector es uno de los 81 testimonios convocados por la comisión, que inició sesiones el 28 de julio y se suspendió en agosto, tras el accidente en Cerredo ocurrido el 31 de marzo de 2025, el cual resultó ser el desastre minero más grave en la región en las últimas tres décadas, con cinco muertos y cuatro heridos.
La tragedia se atribuyó a una explosión causada por acumulación de gas grisú (metano), y tuvo un profundo impacto en las comunidades mineras de la zona. Blue Solving operaba sin los permisos necesarios, lo que llevó a la dimisión de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz, y a la apertura de la comisión investigadora.
