El aspirante a presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, José Manuel Pérez, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, donde ha detallado sus objetivos para el organismo y ha atendido las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios.
“La transparencia no es una exigencia meramente formal ni una simple obligación legal, es una condición imprescindible para que la democracia sea creíble para que el ejercicio del poder público sea controlable y para que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones”, ha señalado Pérez.
La propuesta de nombramiento de Pérez, actualmente letrado en la Junta General, responde a un pacto alcanzado por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y Grupo Mixto, es decir, por todas las formaciones con representación en la Cámara autonómica salvo Vox.
Durante su intervención, Pérez ha incidido en que la transparencia es la vía para conocer cómo se toman las decisiones públicas, de qué manera se administran los recursos colectivos y cómo se ejerce el poder por parte de las instituciones.
A su entender, los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia y buen gobierno son instancias de garantía que han de funcionar bajo los principios de independencia, autonomía y responsabilidad.
“El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe ser un órgano independiente, sí, pero integrado en el sistema institucional, capaz de colaborar con este Parlamento, con el Gobierno y con el resto de órganos de control”, ha añadido.
Ha admitido que un órgano de garantía solo puede desempeñar correctamente su labor si cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo con solvencia. No obstante, ha recordado que la propia normativa fija que la puesta en marcha del Consejo debe realizarse sin incrementar la plantilla ni elevar el gasto de personal.
En este contexto, ha indicado que su obligación es actuar con prudencia y sentido práctico. “No se trata de gastar más, sino de organizar y coordinar mejor y de aprovechar con inteligencia lo recursos existentes”, ha subrayado.
Su planteamiento pasa por apoyarse en la Inspección General de Servicios, el órgano de control interno del Ejecutivo asturiano, “cuya experiencia y conocimiento de resultan un activo especialmente valioso”.
Según ha explicado, esa colaboración con la Inspección contribuirá a reforzar la consistencia del sistema institucional, a incrementar su eficiencia y a evitar la creación innecesaria de “estructuras paralelas”.
La Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018 en Asturias, establece en su artículo 63 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias como un ente público con personalidad jurídica propia, sometido a la ley y al Derecho Administrativo, que actuará con plena autonomía funcional y absoluta independencia en el desempeño de sus cometidos.
Antecedentes del cargo y debate sobre la sede
No es la primera ocasión en la que la Junta General intenta cubrir esta presidencia. En abril de 2021 ya se presentó otro aspirante, José Manuel Fernández, que llegó a comparecer en comisión tras recabar los apoyos necesarios. Finalmente renunció al puesto, después de calificar de “ocurrencia” la idea de ubicar la sede del Consejo en Avilés y alegar motivos de conciliación.
La situación es distinta con José Manuel Pérez, que reside en Oviedo y no ha planteado impedimentos en ese sentido. “La cuestión que más me preocupa no es donde está la sede, sino que las instalaciones sean dignas”, ha remarcado en respuesta a los diputados.
El parlamentario de Vox, Javier Jové, ha asegurado que su grupo conoció la candidatura de Pérez a través de un teletipo de prensa, en una “operación de espaldas” a su formación. Además, ha reprochado al PP que no presentara un aspirante propio y que asumiera la propuesta del PSOE.
Por su parte, Manuel Cifuentes, del PP, ha replicado que su partido no se somete a nadie, sino que actúa con sentido de Estado para desbloquear la aplicación de la ley. “No nos vamos a instalar en el no por el no”, ha respondido a Jové.
Perfil profesional de José Manuel Pérez y pasos pendientes
José Manuel Pérez Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y obtuvo el premio extraordinario de Doctorado. Acumula más de un centenar de trabajos publicados y una extensa trayectoria investigadora.
En la actualidad, y desde diciembre de 2024, ejerce como letrado de la Junta General del Principado, puesto al que accedió tras desempeñarse como letrado del Tribunal Constitucional entre 2016 y 2024.
Tras superar el trámite de la comparecencia en comisión, el nombramiento de Pérez deberá ser ratificado por el pleno de la Junta General del Principado de Asturias. Posteriormente, corresponderá al Gobierno autonómico aprobar el decreto con su designación.
Aunque queda adscrito, a efectos puramente orgánicos, a la Administración del Principado de Asturias, el Consejo dispone de una sección presupuestaria propia, y su Presidencia es la encargada de convocar los procesos para la provisión de los puestos de trabajo, nombrar las comisiones de valoración y resolver los nombramientos.