La ingeniera asturiana Estefanía Díaz González, de la firma Recuperación y Renovación, contratada como consultora por Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) para la explotación de Cerredo, ha asegurado este lunes ante los diputados que no obtuvo ningún tipo de trato preferente por parte del Gobierno del Principado.
Díaz González ha comparecido ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias sobre el siniestro de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros leoneses y otros cuatro resultaron heridos.
Durante la sesión, varios grupos le han recordado que su tesis doctoral fue dirigida por Belarmina Díaz, la exconsejera asturiana que presentó su dimisión tras el accidente. Estefanía Díaz ha reiterado que, mientras asesoró a los responsables de Cerredo, no mantuvo reuniones con la entonces consejera ni recibió ventajas en su labor profesional.
“En la Escuela coincidimos en alguna asignatura, porque es más joven que yo, y después, bueno, pues tenemos la relación, vamos a ver, es que en la Escuela de Minas de Oviedo nos conocemos muchos de varias generaciones, ¿no? Entonces, pues tienes la relación que tienes”, ha señalado. Ha añadido que cuando ella se decidió a cerrar la tesis, que versó sobre vertederos industriales, habló con la exconsejera para que la dirigiera. “Muy agradecida, porque tiró por mí hasta que la leí”, ha señalado.
Los trabajos de consultoría de Recuperación y Renovación para Combayl arrancaron en octubre de 2022, con el objetivo de prestar asistencia técnica en la antigua explotación de Cerredo, situada en el concejo asturiano de Degaña.
Según ha explicado, desde la empresa asesora nunca se contempló la reanudación de la extracción de carbón y en las visitas realizadas a las instalaciones tampoco detectó indicios de actividad minera.
En un primer momento, Recuperación y Renovación diseñó un proyecto para transformar el complejo en una especie de polígono industrial. Se llegó a analizar la posibilidad de aprovechar todas las cubiertas de las naves e instalaciones, así como los terrenos vinculados a ellas, para colocar plantas fotovoltaicas y crear una comunidad energética, ha indicado la compareciente.
“Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Cerredo por nuestra parte ni por parte de Combayl en la época en la que nosotros trabajamos con ellos”, ha señalado.
Más adelante, al conocer una convocatoria de ayudas del Instituto para la Transición Justa, la empresa de Estefanía Díaz impulsó la idea de levantar una planta de briquetas y otra dedicada a la recuperación de minerales estratégicos, con derecho a optar a una parte de la inversión subvencionable.
Ese planteamiento inicial acabó desdoblándose en dos proyectos diferenciados: por un lado, el de fabricación de briquetas y, por otro, el de recuperación de minerales estratégicos. Este último despertó el interés de un grupo de empresarios ucranianos, que visitaron en varias ocasiones las instalaciones de Cerredo. De esa rama surgió posteriormente la mercantil Blue Solving, centrada en el negocio de los minerales.
Díaz ha precisado que, en todas las gestiones relacionadas con estos planes, su único interlocutor fue el empresario Jesús Rodríguez Morán. Ha recalcado que nunca mantuvo contacto con la esposa de este, Ana María Rodríguez, administradora de Combayl, ni con su hijo, Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving.
“Cuando trabajamos para alguien, tenemos a quien nos ponen de interlocutor para esos trabajos. No conocemos a los dueños de las empresas ni todo el entramado que hay detrás”, ha explicado.
Sobre Rodríguez Morán, ha añadido: “La última vez que la vi, lo recuerdo perfectamente, fue en el funeral de las víctimas de Villabrino”.
El diputado de Vox Gonzalo Centeno le ha planteado si consideraba razonable que Combayl contase con 3.000 euros de capital social y que Blue Solving estuviese registrada a nombre de un “crío de 21 años”, en referencia al hijo de Rodríguez Morán, para manejar una inversión de varios millones.
Estefanía Díaz ha replicado con dureza, calificando de “despectivo” el término empleado por el parlamentario. Ha recordado que el administrador único de Recuperación y Renovación es su propio hijo, de 28 años, que también se está formando como ingeniero de Minas.
“Esto lo digo ya a nivel personal porque en el caso concreto de mi hijo también empezó, como muchos jóvenes, a desarrollar actividad por su cuenta. Y si queremos emprendedores, pues tendremos que valorar un poco; no me parece bien, perdone que le haga este comentario”, le ha dicho al de Vox.
El papel del director facultativo en Cerredo
Entre los servicios de asistencia técnica prestados por Recuperación y Renovación se incluyeron las funciones de Miguel Sánchez como director facultativo de la explotación de Cerredo, cargo que desempeñó desde noviembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.
Sánchez también ha declarado ante la comisión parlamentaria. Ha explicado que dejó el puesto por decisión propia al recibir una nueva oferta laboral.
Ha asegurado que, durante el tiempo que permaneció en la mina, no apreció signos de extracción de mineral. “En ningún momento se habló de extraer carbón”, ha señalado, admitiendo que le producía “pena” que toda aquella “riqueza” permaneciese sin explotar en el fondo de la mina, aunque ha subrayado que esa actividad estaba prohibida.
Investigación judicial por el accidente mortal
La mina de Cerredo ya había registrado en agosto de 2022 otro siniestro mortal, con un trabajador fallecido y otro herido. El 31 de marzo de 2025 se produjo una explosión de grisú que costó la vida a cinco mineros. Los primeros indicios apuntan a que Blue Solving estaría extrayendo carbón sin autorización. Antes de presentar su dimisión, Belarmina Díaz criticó además las condiciones laborales del yacimiento, al que se refirió como “el peor de los chamizos”.
El Juzgado de Cangas del Narcea instruye la causa. Están siendo investigados por homicidio por imprudencia Jesús Rodríguez Morán, su esposa y su hijo, además del último director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. A todos ellos se les atribuyen también cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.