La secretaria técnica del Principado que en su momento dio el visto bueno a la transmisión de los derechos mineros de la explotación de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, desde Combustibles Asturiana y Leonesa SL (Combayl) a Blue Solving, ha asegurado este miércoles que no tenía conocimiento de las relaciones familiares existentes entre los dueños de ambas mercantiles.
Diana Bernardo Rodríguez, que ejerció como secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico entre agosto de 2023 y abril de 2025, ha intervenido ante la comisión de la Junta General del Principado de Asturias que analiza el siniestro de la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco mineros leoneses en marzo de 2025. Blue Solving carecía de autorización para la extracción de carbón.
En esa misma explotación ya se había registrado con anterioridad otro siniestro en 2022, con un muerto y un herido. En aquel momento, la titular de la explotación era Combayl, que fue sancionada por llevar a cabo labores de extracción de carbón sin permiso administrativo.
El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha señalado que en el documento de transmisión de derechos figura una cláusula que establece que en ningún caso es autorizable la extracción de carbón. A continuación, ha planteado de forma directa a Bernardo si consideraba que en Cerredo se podía llegar a explotar ese mineral.
“Yo no puedo contestarle a esa pregunta con carácter técnico. Yo no sé el ámbito de la concesión minera en Cerredo, ni de la unidad de producción... De esa resolución tampoco sé exactamente las condiciones que establecía”, ha manifestado la exresponsable de la Consejería.
Por su parte, el diputado del PP Rafael Alonso ha pedido aclaraciones sobre qué órgano ostentaba la competencia para autorizar la transmisión de los derechos mineros, y Bernardo ha precisado que dicha potestad recaía en la Dirección General de Minería.
El parlamentario del Grupo Mixto Adrián Pumares ha cuestionado si el Principado disponía de todos los instrumentos que la normativa pone a su alcance para actuar ante lo sucedido en el accidente de Cerredo de 2022.
“La Administración paralizó en el momento oportuno con el acta de inspección, que es lo que le permite la ley, y luego solicitó documentación complementaria cuando consideró que estaba o que habían presentado toda la documentación requerida, volvió a levantar la suspensión e instruyó a los sancionadores que le permitía la ley”, ha contestado Bernardo, defendiendo así la actuación del Gobierno autonómico.