La Junta General del Principado ha dado luz verde este miércoles, con el respaldo de PSOE, IU-Convocatoria y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, a una iniciativa que fija la postura de la Cámara en contra del cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE) del Puerto de Avilés. El acuerdo incluye el apoyo expreso a su plantilla y reclama al Consejo de Gobierno que se dirija al organismo público Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria de Avilés para que intervengan en la resolución del conflicto, evitando el cierre y salvaguardando los puestos de trabajo.
La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, fue la encargada de defender la propuesta, que describió como clara en sus objetivos: que el Parlamento muestre su rechazo al cierre del CPE del Puerto de Avilés y que inste al Ejecutivo autonómico a dirigirse a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria de Avilés para que medien, contribuyan a desbloquear la situación y, sobre todo, se asegure un empleo digno.
Campomanes subrayó que “es importante porque no estamos hablando de un conflicto laboral cualquiera, estamos hablando de una pieza estratégica del funcionamiento del puerto de Avilés y por tanto también de una infraestructura estratégica para la economía asturiana”.
La diputada de IU incidió en que el Centro Portuario de Empleo “no es un capricho, no es una anomalía y tampoco es una reliquia del pasado” sino una herramienta de organización del trabajo que facilita la asignación de personal especializado entre las distintas empresas, garantiza su formación, asegura una ocupación efectiva y permite responder a una actividad que, por naturaleza, exige coordinación, experiencia y capacidad de adaptación.
En su intervención, advirtió de que “aquí no se está discutiendo solo el futuro laboral de una plantilla, aquí se está discutiendo también qué modelo de puerto queremos. Queremos un puerto organizado, profesionalizado y con empleo estable o un puerto troceado con una plantilla dispersa entre empresas distintas, sin criterios de repartos claros y con el riesgo evidente de precarización y desestabilización”.
El Grupo Socialista se sumó a la iniciativa. Su diputada Ana Isabel Puerto recalcó que su formación respalda a los trabajadores y apuesta por una salida “negociada y consensuada” al conflicto que preserve el empleo y las condiciones laborales, valorando que se plantee de nuevo la continuidad del CPE, figura presente en numerosos puertos del país.
“Entendemos que la solución del conflicto debe realizarse mediante la mediación y el diálogo, para dar lugar a situaciones de estabilidad que permitan volver al funcionamiento normal de la actividad portuaria. Estando de acuerdo con el fondo de la proposición y del asunto, ustedes saben que no podemos solicitar que se resuelva el problema a quien no tiene competencia para ello, aunque sí respaldamos cualquier mediación que favorezca el diálogo y el acercamiento de posturas. Ante todo ello, como les he explicado, vamos a apoyar esta proposición para favorecer, en todo caso, alcanzar un acuerdo”, señaló.
La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, también votó a favor y remarcó que defender el CPE es “defender el empleo, la estabilidad laboral y el buen funcionamiento de una infraestructura estratégica para Asturias”. “Por responsabilidad con los trabajadores y las trabajadoras y por responsabilidad con el futuro del puerto votaremos a favor de esta proposición”, afirmó.
Críticas y rechazo de los grupos de derechas
Desde el Partido Popular, el diputado Rafael Alonso sostuvo que, en el marco de la libertad de empresa y de organización, un conjunto de sociedades ha adoptado una decisión que cuenta con la oposición de una parte de la plantilla.
“Digo parte porque hay parte de la plantilla minoritaria ciertamente, pero parte que ya aceptó la subrogación, esa subrogación que les ofrecen a todos con lo cual aquí no hay pérdida de empleo, aquí hay continuidad en el empleo, esa es la diferencia con otros procesos que también encontramos en esta cámara”, argumentó Alonso, quien añadió que “en esta cuestión debe haber una solución dialogada entre las partes que tiene la legitimación y eso no es lo que plantea la PNL de IU”.
El diputado de Vox, Javier Jové, calificó de “papelín” la iniciativa de IU-Convocatoria. “Nos traen aquí una propuesta en defensa de 41 privilegiados laborales. Unos señores que cobran cuatro veces más que lo que cobra cualquier trabajador, unos auténticos privilegiados laborales, una auténtica casta laboral, endogámica, un auténtico cártel”, afirmó Jové.
En esa línea, sostuvo que “ninguno de los 45 diputados de la Cámara tienen derecho a decir ni pillo, porque es una decisión soberana de las empresas de decir si continúan o no con ese sistema”.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, consideró que la propuesta de IU es “tremendamente simplista creo que huye del rigor creo que huye del análisis”.