El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido en la Junta General el Proyecto de Ley de Cooperativas del Principado de Asturias, una iniciativa normativa que, según subrayó, "nace de un amplio consenso de todo el sector de la economía social en el marco del CAES (Consejo de Economía Social) y busca adaptar la legislación autonómica a la realidad económica actual". Esta nueva regulación viene a reemplazar a la ley aprobada en 2010, con la finalidad de consolidar y dar mayor estabilidad a un tejido cooperativo que aporta casi 3.000 puestos de trabajo directos en la comunidad.
En su comparecencia, Sánchez puso en valor el papel de este modelo empresarial para el desarrollo del territorio y remarcó que "este es el momento para aprobar un nuevo marco legal que dé respuesta a las necesidades de un sector que tiene un peso relevante en el empleo y en la actividad económica regional". El consejero incidió en que la actualización normativa pretende acompañar la evolución de la economía social y responder a las demandas planteadas por las propias cooperativas.
Entre los cambios más significativos del texto destaca la rebaja del número mínimo de personas socias necesarias para constituir una cooperativa, que pasa de tres a dos, facilitando así la creación de nuevas iniciativas. Al mismo tiempo, se aligera la estructura de gobierno de las entidades de menor tamaño, de modo que las cooperativas con menos de diez integrantes ya no estarán obligadas a disponer de un Consejo Rector, lo que reduce cargas administrativas y simplifica la gestión interna.
En relación con esta simplificación, el titular de Ciencia, Industria y Empleo incidió en que la finalidad es retirar trabas que dificultan el desarrollo de las cooperativas. "Perseguimos adaptar el marco legal para facilitar la actividad de las empresas, tanto de las grandes como de las pequeñas, e impulsar la modernización de su gestión", afirmó, aludiendo a la necesidad de un entorno regulatorio más flexible y adaptado a la realidad actual.
En el ámbito económico, el proyecto introduce también mayor flexibilidad en la aportación de capital. Se contempla que el capital social mínimo de 3.000 euros pueda desembolsarse de forma progresiva, permitiendo un ingreso inicial del 25% y completando el resto en fases posteriores, lo que rebaja la barrera de entrada para nuevos proyectos cooperativos.
La propuesta legislativa incorpora, además, un impulso decidido a la transformación digital del sector al establecer la regulación de la sede electrónica corporativa, herramienta llamada a agilizar los trámites y la relación con la administración. Junto a ello, se crean nuevas modalidades de cooperativas, entre las que destacan las de impulso empresarial, concebidas para actuar como incubadoras de proyectos, y las de desarrollo local, orientadas a dinamizar la economía en concejos amenazados por la despoblación y a fijar población en estas zonas.