La Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez, detalló este jueves en la Junta General que desde su departamento “no tuvieron ningún tipo de capacidad de decisión en la implantación de la Historia Social Única y el calendario de la misma”. Señaló que la nueva aplicación comenzó a funcionar en julio de 2025 y que presentó incidencias técnicas de forma continuada hasta el mes de octubre.
Díez subrayó que, antes de poner en marcha la herramienta, el personal del Servicio no recibió formación específica. En febrero, las valoraciones iniciales de dependencia pendientes de citación se sitúan en 2.900 y las revisiones en 1.420. A su juicio, estas cifras muestran una recuperación paulatina de la actividad, que también se aprecia en la nómina mensual: este mes se han registrado 501 altas, un volumen próximo al que existía antes de la implantación de la nueva aplicación, aunque todavía condicionado por la estabilización del sistema tecnológico.
En su comparecencia, indicó que actualmente disponen de un registro de 11.300 documentos y calculan que alrededor de 7.500 corresponden a solicitudes. El resto hasta esos 11.300 son escritos vinculados a requerimientos y otros documentos presentados por las personas usuarias para subsanar expedientes.
Díez relató los problemas que la Historia Social Única generó en la tramitación y el esfuerzo realizado para afrontarlos. Recalcó que la puesta en marcha de esta herramienta no partió del Servicio de Atención a la Dependencia, sino que se enmarca en un proyecto corporativo cuya planificación, ejecución y seguimiento dependen de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial.
Según explicó, en los meses de junio y julio el Servicio atravesaba un momento de mayor agilidad en la gestión de los expedientes. “No estábamos llegando a tramitar en las fechas que indica la norma, pero sí se puede ver en los gráficos que creo que tendrá que había un descenso en los tiempos significativos y que desde el servicio no se solicitó en ningún momento esta herramienta”, afirmó.
“El impacto que supuso la implantación fue un cambio total de la tendencia que estábamos llevando en la agilidad de la tramitación, expedientes acumulados y mucho más tiempo en la resolución”, añadió, aludiendo al giro que supuso la nueva herramienta en los tiempos de gestión.
Organización interna del Servicio
La responsable describió también la estructura del Servicio de Atención a la Dependencia. Indicó que se gestionan más de 50.000 expedientes mediante una organización jerárquica y funcional compuesta en la actualidad por 151 profesionales. Esta se articula en una jefatura de servicio, una jefatura de sección de prestaciones, otra jefatura de sección y una sección de valoración y programas individuales de atención.
A nivel funcional, añadió, existen ocho colaboraciones territoriales que, aunque no figuran orgánicamente en la RPT del servicio, se encargan de coordinar el trabajo diario del personal valorador y de los trabajadores sociales, así como del seguimiento operativo según las necesidades y objetivos del sistema.
Díez señaló que el sistema de dependencia en Asturias registra un aumento continuado de solicitudes desde 2020, alcanzando su máximo en 2024. En la actualidad, se reciben en torno a 1.000 solicitudes al mes. Este incremento, remarcó, puso de manifiesto la necesidad de reforzar la plantilla, por lo que desde la Dirección General se solicitaron en 2024 y 2025 programas de refuerzo e incorporaciones progresivas de personal.
Críticas políticas a la implantación
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP, Beatriz Polledo, sostuvo que la implantación de la herramienta “ha sido una auténtica chapuza” y “un escándalo en toda regla”.
“No hubo implantación progresiva, ni pruebas suficientes, ni el respaldo técnico adecuado para corregir incidencias por la migración de datos y, por lo que vemos, se lanzó el sistema y después, pues nada, se intenta corregir sobre la marcha. Esto yo creo que es una forma de actuar temeraria en cualquier ámbito pero más en este”, afirmó Polledo.
En términos similares se expresó la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que calificó la herramienta de “fue todo un fracaso”. “Es todo una vergüenza, algo que no funcionaba, porque ya no funcionaba, lo arreglan, y el resultado es el colapso, es que van a peor, por tanto, la responsabilidad sabemos bien de quién es, de todos, lo que es el Partido Socialista y todos sus socios”, señaló.
El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, consideró que detrás de lo ocurrido existe un problema persistente de planificación que ha desembocado en una situación de “colapso”.
Por su parte, la diputada socialista Ana Isabel González Cachero indicó que el PSOE asume que existe un problema y que, por ese motivo, el Gobierno está trabajando para darle solución.