Los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, aparecen entre las siete personas señaladas a título individual en el borrador de dictamen elaborado por la presidencia de la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron gravemente heridos hace algo más de un año.
Las conclusiones preliminares del documento fueron dadas a conocer en una rueda de prensa por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que estuvo acompañada por Laura Tuero, integrante de su equipo.
En el texto, tanto Fernández como Roqueñí aparecen como responsables políticos de lo sucedido por su etapa al frente de la consejería asturiana competente en materia de minas. Al frente de ese departamento también estuvo Belarmina Díaz, igualmente incluida entre los responsables y que presentó su dimisión pocos días después del siniestro.
El borrador del dictamen recoge además otras responsabilidades personales por lo ocurrido, entre ellas las de Alberto Quirino (jefe de Sección), Santiago Berjano (jefe de Servicio), Gonzalo Martín (secretario general técnico) e Isaac Pola (director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de 2020 a 2023 y viceconsejero de la consejería competente entre 2023 y 205). “Deben ser cesados de los puestos que ocupan”, ha señalado Tomé en relación con las siete personas que el documento apunta como responsables. Políticos.
El texto provisional también atribuye responsabilidades institucionales a la Administración del Principado de Asturias e incorpora una serie de recomendaciones, entre las que se incluye que se articulen anticipos de indemnizacionees a las víctimas y a sus familiares.
Tras la presentación del borrador, se abre ahora un periodo de diez días para que los distintos grupos parlamentarios asturianos registren sus propuestas de modificación al dictamen. Después se debatirán y se decidirá si se incorporan o no. La previsión es que el dictamen definitivo pueda quedar aprobado a finales de mayo, con la posibilidad de que se presenten votos particulares.
(((Habrá ampliación)))