Principado de Asturias

Vox ve en la negativa del Gobierno a suprimir el peaje del Huerna la confirmación de su abandono de Asturias

Carolina López (Vox) acusa al Gobierno central de abandonar Asturias al negarse a suprimir el peaje del Huerna y limitarse a plantear bonificaciones.

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Vox ve en la negativa del Gobierno a suprimir el peaje del Huerna la confirmación de su abandono de Asturias

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La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha señalado este domingo que la decisión del Gobierno central, y en particular del ministro de Transportes, Óscar Puente, de mantener el peaje del Huerna en la AP-66, ratifica el supuesto “abandono” que el Ejecutivo ejerce sobre Asturias.

López ha respondido así a las manifestaciones de Puente recogidas por el diario asturiano La Nueva España, en las que el ministro descarta rescatar los peajes de la AP-9 y de la AP-66 al considerar que su coste sería demasiado elevado.

Según la dirigente de Vox, que el propio ministro solo contemple como horizonte una bonificación del peaje implica reconocer que no existe voluntad política real para suprimir una infraestructura “injusta que lastra la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico de toda la región”.

En su opinión, el peaje del Huerna “no es un problema técnico ni jurídico, es una de cisión política”. Ha subrayado que el Gobierno central ya ha demostrado que puede asumir desembolsos millonarios “cuando ha querido contentar a sus socios separatistas, condonar deudas o pactar privilegios territoriales, por lo que considera inaceptable que ahora se escude en la complejidad cuando se trata de una vía vital para Asturias”.

Para López, limitarse a plantear bonificaciones en lugar de una eliminación completa del peaje constituye “un parche que no responde a la gravedad del problema”. A su entender, las declaraciones del ministro ponen de relieve además la falta de peso político del Gobierno del Principado en Madrid.

Asturias, ha insistido, no aparece entre las prioridades del Ejecutivo central, y la ausencia de una defensa contundente por parte del Gobierno autonómico acaba traduciéndose en “resignación, retrasos y promesas vacías”.