El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha puesto fin este martes al turno de comparecencias para explicar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Vivienda. Ha subrayado que la iniciativa legislativa “responde a un concepto político de cómo entienden, desde el Gobierno de Asturias, la vivienda y el acceso a la misma, que es como un derecho, tal y como recoge en su artículo 47 de la Constitución, y no es para ellos ni un negocio ni una fuente de especulación”.
Zapico ha recordado que “estamos ante un proyecto de ley en el que hemos trabajado mucho durante los últimos meses y en el que nos congratulamos que encare ya la tramitación”, destacando entre sus elementos centrales la decisión de que todo el parque residencial en manos de la comunidad se destine de forma permanente al alquiler y quede vetada su venta. “En definitiva esta ley impedirá la venta de más viviendas del parque público”, afirmó.
El consejero ha precisado que el texto no busca imponer un modelo cerrado ni limitar el debate en la Junta General, sino que ofrece “un marco sólido, técnicamente trabajado, jurídicamente seguro, sobre el que esta Cámara puede debatir, mejorar y enriquecer el texto”.
Durante su intervención, Zapico ha aludido también a la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, la LOITA, “una ley que además tiene una relación estrecha con la ley de vivienda ya que se complementan”. Según ha explicado, ambas normas permitirán transformar suelo y otros activos inmobiliarios en vivienda asequible de manera estable, planificada y socialmente responsable. Además, ha resaltado que la futura ley considera la vivienda como un factor determinante para la salud.
Críticas de la derecha
En la fase de fijación de posiciones, PP y Vox han expresado un rechazo frontal al proyecto. El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha sostenido que la propuesta legislativa va “en la dirección absolutamente contraria a las soluciones que se necesitan”.
Ha reprochado que “durante los siete años que lleva el gobierno del señor Sánchez, y han hecho propuestas para solucionar los problemas de vivienda, han ido de mal en peor. Ahora ustedes insisten en dar una vuelta de tuerca más y en continuar en un intervencionismo desmedido”.
Desde las filas populares se considera que la norma “incrementa el acoso normativo sobre los propietarios, sobre los potenciales arrendadores y auguran que la continua inseguridad jurídica generada en las medidas planteadas traerá como consecuencia lo contrario a lo que pretenden, habrá menos vivienda y más cara y en definitiva el acceso va a ser más difícil”.
Por parte de Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha advertido que “en cuanto puedan esa ley se irá al cubo de la basura” y su compañero de grupo, Javier Jové, “ha hablado con los compañeros del PP y también dicen que están dispuestos a derogarla”, por lo que confía en que “no se le echen atrás”.
Centeno ha cargado contra el enfoque del Gobierno autonómico al afirmar que “los camaradas comunistas y sus comparsuas, ágrafos en cualquier materia económica, anteponen una vez más sus impulsos ideológicos a cualquier racionalidad”. A su juicio, “entendemos que esto es otra ley intervencionista que busca hundir más el mercado de la vivienda en Asturias, controlar los precios, tensionar y destruir el mercado, y sobre todo un ataque directo a la propiedad privada y a los propietarios de viviendas”.
En contraste, Convocatoria por Asturias-IU, el grupo socialista y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han defendido la conveniencia de sacar adelante la norma y han apelado a aprovechar el trámite parlamentario para enriquecer su contenido.
Otras comparecencias
Antes de la intervención del consejero, han pasado por la comisión representantes de distintos colectivos, académicos universitarios y el decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego Rozas. Este último ha señalado que el Colegio comparte la preocupación del Principado por la situación de la vivienda y respalda los objetivos recogidos en la exposición de motivos del proyecto.
No obstante, ha advertido de que el logro real de esos fines dependerá de dos elementos clave: por un lado, disponer de una información amplia y detallada sobre el estado actual del mercado residencial en Asturias; y, por otro, aprobar en el menor plazo posible un reglamento que desarrolle la ley.
Críticas de FADE
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, también ha expuesto su posición sobre el texto, alertando de que “sin suelos, sin incentivos y sin colaboración público-privada, esta ley no creará ni una sola vivienda ni resolverá un solo problema”.
Ha añadido que “por nuestra experiencia, podemos adelantar que cualquier medida más o menos afortunada que se incluya en esta ley no será útil si no va acompañada de la aprobación de otras vinculadas al ámbito urbanístico y financiero. Nos estamos refiriendo a la futura loita y a los planes de vivienda autonómico y estatal”.
Calvo ha recalcado que “condición necesaria para tener vivienda residencial con o sin ley de vivienda es artucular los mecanismos necesarios para poner más suelo finalista en el mercado” y ha insistido en que “de nada servirá esta ley si no se cuenta de forma clave sin complejo sin tener en cuenta a los empresarios”.
FADE ha presentado una veintena de alegaciones al proyecto normativo, pero todas ellas han sido rechazadas en la tramitación.