El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha advertido este martes en el Pleno de que el Ministerio de Vivienda no puede descargar sobre las comunidades autónomas su propia responsabilidad ni las consecuencias derivadas del Real Decreto Antidesahucios pactado entre PSOE y PNV. Ha apelado a la necesidad de actuar de forma coordinada para articular una respuesta conjunta ante el escenario que puede abrirse en las próximas dos semanas.
“Si se convalida el Real Decreto qué va a hacer el Estado para paliar los daños y las consecuencias que se pudieran generar. Evidentemente lo que no parece una respuesta adecuada es trasladar ese problema a las diferentes comunidades autónomas”, dijo Zapico.
El consejero ha detallado que ya ha remitido una petición formal a la ministra de Vivienda reclamando información precisa sobre el número de suspensiones actualmente vigentes en Asturias; cuántos de esos casos afectan a arrendadores con una o dos viviendas, así como el inventario actualizado de vivienda pública o patrimonial del Estado disponible en el Principado. Ha solicitado conocer qué inmuebles dependen directamente del Ministerio de Vivienda, cuáles son de patrimonio del Estado, qué activos residenciales pertenecen a otros ministerios y cuántas viviendas están gestionadas por entidades públicas estatales o sociedades mercantiles estatales.
Ovidio Zapico ha señalado que la redacción actual del acuerdo entre PNV y PSOE, que se debatirá en el Pleno del Congreso en la última semana del mes, “podría variar de forma ligera pero sustancial en cuanto al número de personas que se puedan ver afectadas en cuanto esa vulnerabilidad iba a quedar en aquellos supuestos en los que los propietarios tengan una o dos viviendas”.
Ha remarcado que en Asturias existen grandes tenedores, pero ha subrayado que la mayoría de los pisos en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. “No es que en Asturias no haya grandes tenedores. Por supuesto que los hay. Lo que le digo es que la inmensa mayoría de los pisos que están en régimen de alquiler no pertenecen a grandes tenedores”, dijo Zapico. “En el mejor de los escenarios, como mínimo, sabemos que tenemos 82 expedientes de ayuda a compensación a propietarios, por lo tanto, hay ahí 82 personas que estarían posiblemente amenazadas en caso de que ese lanzamiento fuese una realidad, porque, por lo general, nuestros expedientes afectan a propietarios de una o dos viviendas, no a grandes tenedores”, añadió.
Por este motivo, Zapico ha insistido en que, además de una reunión técnica, reclama a la ministra un marco real de cooperación y colaboración para que el parque de vivienda estatal existente en territorios como Asturias se ponga al servicio de quienes están dispuestos a implicarse en la resolución del problema de acceso a la vivienda. Su planteamiento pasa por que las comunidades autónomas puedan gestionar también ese patrimonio que el Estado mantiene en la región, con el fin de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las dificultades que, según ha advertido, se materializarán en “unas semanas”.
Interpelación de Covadonga Tomé sobre el decreto antidesahucios
Zapico ha respondido en el Pleno ordinario a una interpelación de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, centrada en la política general de derechos sociales y, en particular, en las medidas ante la situación generada por el decreto antidesahucios.
Tomé ha recordado que, de acuerdo con un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los contratos de alquiler firmados en Asturias que expiran en 2026 ascienden a 13.870 y afectarán a 28.433 personas. Ha cuestionado qué sucederá si no se prorroga la moratoria del decreto y cuántos de esos inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La diputada ha señalado además que en el primer trimestre de 2025 ya se registraron 182 lanzamientos y ha advertido de que estamos ante “una tendencia que va al alza”.
Tras escuchar al consejero, Tomé ha manifestado que comparte con él la idea de que el Ministerio de Vivienda tiene una responsabilidad directa tanto en el origen del problema como en su solución. Ha indicado que queda a la espera de que Zapico le traslade la contestación que llegue desde el Ministerio, con los datos y las posibles medidas para afrontar una cuestión que, ha remarcado, constituye la principal preocupación de buena parte de la ciudadanía.
“Si no empujamos desde aquí, si no exigimos prohibir los desahucios, acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda tocando intereses capitalistas, el marco se va a seguir moviendo cada vez más a la derecha y cuando el marco de la derecha entra por la puerta ya sabe usted que los derechos saltan por la ventana”, dijo Tomé.
Respuesta de Zapico a las críticas de Vox sobre la vivienda
En la misma sesión, el consejero ha contestado también a la pregunta del diputado de Vox, Javier Jové, que le había inquirido si “está satisfecho con el resultado de sus políticas en materia de vivienda”.
Jové ha reprochado al Gobierno asturiano que “su único logro hasta la fecha en comandita con su compi Llamedo ha sido cargarse mil viviendas vacacionales”.
“Un fenómeno. Mil viviendas vacacionales menos. ¿Dónde están esas mil viviendas?, porque esas mil viviendas no han ido al mercado del alquiler convencional”, dijo Jové, que además ha augurado que “cuanto se legalicen a los inmigrantes ilegales que son unos 10.000 o 12.000 en Asturias será quienes se lleven las viviendas sociales”.
El diputado de Vox ha calificado la política de vivienda en Asturias como “un rotundo fracaso”, aludiendo a la reducción de la oferta, el encarecimiento de los precios y la inseguridad jurídica para los propietarios. A su juicio, “necesitamos liberar suelo ya y construir vivienda de forma intensiva”, dijo.
Tras la intervención de Jové, el consejero ha respondido con dureza, llamándole “diputado mentiroso y fascistas” y reprochándole que lleve semanas “mintiendo a sabiendas diciendo que el Gobierno asturiano reserva vivienda pública para las mujeres lesbianas”.
“Ahora nos viene con una nueva mentira, la de viviendas sociales para ilegales y eso no va a ser así”, ha indicado el consejero Ovidio Zapico, negando que exista tal previsión y defendiendo la gestión de su departamento en materia de vivienda pública.