QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, Ecovidrio ha reunido en el Congreso a los distintos agentes involucrados en la norma para hacer una evaluación del recorrido que ha seguido el texto tras su salida de las Cortes.
El principal objetivo era reducir los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente. Así, la norma perseguía sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino.
El texto salió adelante con 182 votos favorables (PSOE, UP, PNV, Cs, Más País y Teruel Existe), 70 en contra (Vox, ERC, PDeCAT y CUP) y 88 abstenciones (PP y BNG). Lo cierto es que fue una de las normas más participativas de la pasada legislatura ya que recibió 742 enmiendas, una de ellas a la totalidad, presentada por VOX y que fue rechazada.
La norma afecta al día a día de los ciudadanos con medidas como la obligatoriedad de que bares y restaurantes ofrezcan agua del grifo de forma gratuita a los clientes. Además, prohíbe la venta de artículos de plásticos de un solo uso y se impuso el cobro por vasos y envases de comida rápida.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha mostrado orgulloso de una «ley impulsora de la transformación de nuestro modelo de consumo». «Identifica cambios de calado a muchos niveles, modifica muchos patrones de conducta que van mejorando nuestra sociedad», ha suscrito.
Los cambios que trae la economía circular
Fernando Moner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), ha señalado que tras la aprobación de la norma lo que hace falta es que el texto llegue a los ciudadanos. «La formación es el mejor elemento para conseguir el cumplimiento de la ley», ha explicado al señalar que en el texto se otorga a los ayuntamientos la potestad de impulsar ordenanzas para obligar a la separación en origen pero no se incluyen facilidades para que el consumidor participe en esa recogida esperada».
«Si le explicas que va a suponer que cumpla la norma va a ser más fácil que si le intentas obligar con impuestos o multas. Cuesta mucho cambiar los hábitos de consumo y con una sola información que no es veraz se va todo al traste», ha afirmado Moner.
Por su parte, Eduardo Perero, director adjunto de Conama, considera que se ha perdido una década prodigiosa para llevar a cabo diversos proyectos: «ahora vienen las prisas que son fruto de la procrastinación ambiental», ha apuntado. De la misma manera, advierte que la labor más importante que queda por hacer es garantizar su aplicación efectiva.
El presidente de la Comisión de Políticas de Agua, Medio Ambiente y Economía Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias, Conrado Íscar, ha señalado los distintos retos a los que los entes locales se enfrentan tras la aprobación de la norma, entre ellos la necesidad una financiación justa para que las administraciones puedan cumplir con los objetivos.
Sin lugar a duda, la propuesta que más consenso ha generado entre los ponentes ha sido la de impulsar campañas de formación personalizadas por los distintos territorios del país. «Hay que separar lo que es el mundo rural de las grandes ciudades, lo que tenemos que aplicar es la solidaridad», ha expresado Íscar. En este sentido también se ha reclamado que no se agrave de la misma forma a una localidad de 50 habitantes que a una gran capital de provincia.
Bruselas: garantizar la competitividad
Bajo el marco del informe Draghi, un documento realizado por el expresidente del Gobierno italiano a petición de la Comisión Europea que señala el camino a seguir para una Europa más competitiva, Mauricio García ha solicitado que se unifiquen las distintas legislaciones, próximamente se aprobará un Reglamento Europeo que aborde la casuística de los residuos.
«Con voluntad se puede regular, pero con inseguridad no se puede legislar», ha afirmado García.
En definitiva, los distintos representantes apuestan por ir «todos a uno más y mejor» para lograr una regulación armonizada que propicie la colaboración público-privada. Entre las otras sugerencias que se han presentado se encuentran:
- Flexibilidad a la hora de implantar las normas
- Paciencia ante el proceso legislativo europeo
- Concienciación para acercar la norma a los ciudadanos
El camino hasta la Ley
Durante su tramitación parlamentaria, la Ley de Residuos sufrió distintas modificaciones, como fue su cambio de nombre a propuesta del PP, que alargaron el proceso hasta su aprobación. Los diputados que intervinieron en el trámite fueron decisivos a la hora de definir la necesidad y oportunidad del modelo circular. Durante el evento, sus señorías han recordado como se fraguó el texto final.
César Sánchez, diputado y portavoz de Cambio Climático del PP, ha confesado que la ley ha acabado teniendo un impacto importante en la economía española. «Durante la tramitación conseguimos la moratoria del IVA al plástico y añadimos el titulo de Economía Circular a la ley», ha celebrado. Sin embargo, los populares se abstuvieron en la votación porque creían «que se podía hacer más».
Tres ventajas ha destacado el diputado socialista, Daniel Senderos, sobre la economía circular; es social porque crea muchos más puestos de trabajo, el empleo genera regiones más competitivas y a la vez se contribuye a paliar los efectos del cambio climático como las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sobre la necesidad de llegar a acuerdos para sacar adelante el texto legislativo, el vicepresidente primero de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Vicenç Vidal, ha mostrado la voluntad de su grupo por seguir trabajando en esta transición ecologista porque «no hay vuelta atrás». «La economía circular es una gran oportunidad», ha sentenciado.
