QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Concreción y compromisos. Aun celebrando el paso dado por el Ministerio de Industria de lanzar a audiencia pública, al fin, el anteproyecto de la esperada Ley de Industria, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española pide al Gobierno más ambición en sus propuestas.
Carlos Reinoso, portavoz de esta organización, que agrupa a empresas que representan casi el 70% de las exportaciones industriales, solicita al Gobierno fijar plazos concretos para la puesta en marcha de la norma y también mayores recursos, tanto económicos como humanos.
La Alianza valora positivamente, eso sí, las medidas previstas por el Ejecutivo para atraer y establecer grandes proyectos industriales en España. Entre las medidas previstas en el borrador de la ley, se prevé la posibilidad de reconocer proyectos como estratégicos para habilitar ventajas económicas y administrativas, con la reducción de plazos y la agilización de trámites.
Sin embargo, en esta patronal de patronales creen que, sin más concreción y compromisos financieros, el proyecto corre riesgo de quedarse en meras intenciones y no servir para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno.
P: ¿Qué importancia tiene la Ley de Industria?
R: Es un texto en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos trasladado propuestas durante todo este proceso al Gobierno, a los distintos partidos, y creemos que es una ley especialmente importante y en un momento especialmente vital para lo que es la industria.
La industria está en un proceso de transformación acelerada por todos los procesos de descarbonización, todo lo que ha supuesto el Pacto Verde, todo lo que es la política global de apoyos a la industria en distintas regiones del globo. Y dentro de ese contexto global, del contexto europeo, creemos que la ley no es que vaya a ser la solución de todos los problemas de la industria española, pero sí creemos que debe ser una contribución fundamental. Y esa necesidad de que sea una ley diferencial es lo que nos lleva a hacer las alegaciones que hacemos.
P: ¿Cuáles son las alegaciones que ha trasladado la Alianza por la Competitividad de la Industria?
R: Creemos que la música suena bien. Muchas de las herramientas e instrumentos están planteados, pero nos preocupa mucho que quedan demasiado abiertos. Hemos visto lo que ha tardado en proponerse, estamos hablando de años, un anteproyecto de ley, y nos preocupa inmensamente que queden abiertos a posteriores desarrollos reglamentarios, pues muchas de las palancas y instrumentos creemos que son necesarios ahora.
«La ley debería de incluir medidas claras y potentes de impulso a la competitividad en aspectos como la energía, la logística del transporte y la innovación»
Una ley, lógicamente, no puede contener todos los detalles y hay cosas que serán objeto de desarrollo reglamentario posterior, pero sí creemos imprescindible establecer plazos concretos. Que obligue al Gobierno a llevar una propuesta en un plazo determinado, como hacen muchísimos textos legislativos.
P: La Alianza también ha planteado la necesidad de comprometer más medios, económicos y humanos
R: Es obvio, dentro del Ministerio o de las carteras de Gobierno responsables de política industrial. Con los equipos humanos que hay ahora, difícilmente se está haciendo lo que se hace ahora, y será imposible absolutamente hacer lo que plantea la ley. Es fundamental que la ley comprometa y sea coherente con lo que está planteando a nivel de recursos humanos para el desarrollo de la política industrial estatal.
Y, por supuesto, la financiación de los proyectos y programas que plantea. Si no, una vez más quedan abiertos a la eventual dotación presupuestaria si las circunstancias lo permiten. Y ya hemos visto demasiadas veces que al final nunca se desarrollan.
P: ¿Cuáles son esos instrumentos que ve necesarios y que hace que «la música suene bien»?
R: Hay una serie de líneas, por ejemplo, en lo que es la gobernanza, la creación de la Comisión Interministerial. Nosotros propugnamos y seguimos propugnando, que haya una Comisión Delegada para Asuntos Industriales, a semejanza de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
No sólo por cuestión de rango e importancia. Si realmente todos consideramos que la reindustrialización de España es una de las prioridades de los próximos años, al final la política industrial es una política absolutamente horizontal que toca a todas o muchísimas de las carteras de Gobierno: energía, transporte, logística, fiscalidad, política del trabajo…
«Sin poner los medios y recursos necesarios tenemos la certeza de que la ley no se aplicará, aunque se diga que se va a hacer»
También planteamos una vicepresidencia y, para asegurar la coherencia y coordinación de todas las carteras del Gobierno en política industrial, pedimos que cualquier propuesta legislativa exija un análisis del impacto en la competitividad industrial.
P: ¿A qué se refiere cuando pide que la ley sea más ambiciosa?
R: La ley debería de incluir medidas claras y potentes de impulso a la competitividad en aspectos determinantes, como la energía, la logística del transporte y la innovación. En su momento trasladamos propuestas claras.
No sé si el Ministerio de Industria se ha limitado mayoritariamente a aquellas cuestiones que son de su responsabilidad directa. Pero esto es una ley, no es una orden ministerial, y lógicamente tiene que incluir aquellas cuestiones que, pudiendo estar en competencia de otros ministerios, son determinantes de la movilidad industrial. Pedimos propuestas concretas, potentes, en ámbitos determinantes que afectan a la competitividad, como como decía antes, energía, logística, transporte e innovación especial.
P: ¿Podemos ir un poco más a lo concreto? Por ejemplo, ¿qué cree que podría incluirse en materia energética?
R: Necesitamos medidas concretas que aseguren un coste energético competitivo para la industria en el contexto internacional. España adolece de un serio problema de precio energético. Coyunturalmente ahora la situación es un poquito menos mala, pero el diferencial respecto a Estados Unidos o China, e incluso de toda Europa, es significativo.
En logística, y transporte, una que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, es la ampliación de los pesos y medidas del transporte por carretera. Simplemente al mismo nivel que está regulado y está vigente en muchos países de nuestro entorno. Las carreteras y las infraestructuras no son peores que en países como Alemania o Portugal. No entendemos por qué aquí los pesos y medidas del transporte por carretera son mucho más bajas. Y eso, al final, incrementa los costes logísticos y de transporte, e incrementan las emisiones asociadas, porque son más camiones moviéndose por las carreteras.
P: Otra de las propuestas que la Alianza había lanzado hace ya meses para favorecer la instalación de grandes proyectos eran facilidades normativas y también un acompañamiento a los inversores en todo el proceso.
R: Es un tema fundamental. Cuando una empresa tiene la vocación, la decisión y la financiación para cometer una inversión, no puede suceder lo que está sucediendo. El proceso de autorización, lógicamente, tiene que ser garantista, riguroso y eficiente, con seguridad jurídica y tasando los plazos que la Administración tiene para cada trámite. Y no ir más allá, utilizando los silencios administrativos en aquellas cuestiones que puedan utilizarse.
«Tenemos un problema en la gestión de permisos y está ahuyentando proyectos de inversión industrial. La ley debería ser más ambiciosa»
Es cierto que la ley recoge algunas de esas propuestas, especialmente con la creación de proyectos estratégicos, que de alguna forma se les prevé una vía especial, un ‘fast track’, pero este es uno de los ejemplos que decíamos antes: se deja excesivamente abierto cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, etcétera. Ese es uno de los ejemplos en los que pedimos concreción y compromisos en forma de plazos, y recursos para hacerlo.
P: Es como una puerta abierta, pero no una certeza de que se vaya a hacer.
R: Bueno, nosotros tenemos la certeza de que, salvo que se pongan los recursos y los medios necesarios, no se va a hacer. Aunque se diga que se va a hacer. Por eso decimos que la música del borrador de la ley es buena, pero tenemos que tener mucho cuidado y dar el paso siguiente para que la música se complete y sea real, y no sea simplemente una partitura.
P: ¿Es posible incluir medidas de reducción de plazos administrativos en la ley?
R: Absolutamente. En la Alianza identificamos o diagnosticamos la gravísima situación de las autorizaciones en España e identificamos la parte positiva de buenas prácticas, tanto en el contexto internacional como en algunas comunidades autónomas.
Hay cuestiones como plataformas digitales para la tramitación y la digitalización de todos los procesos, tasar plazos concretos en los que la Administración tiene que contestar o tiene que completar ciertos requisitos, utilizar el silencio administrativo cuando sea posible, la protección del funcionario encargado de realizar estas tareas…
Hay toda una serie de propuestas en los que la ley debería ser más ambiciosa porque tenemos un problema en la gestión de estos permisos y está ahuyentando proyectos concretos de inversión industrial. Y esto no lo podemos permitir.
P: ¿Cómo ve la Alianza la propuesta de endurecer las condiciones para dificultar deslocalizaciones industriales?
R: Creo, modestamente y con toda humildad, que eso es no entender el problema. Una empresa se empieza a cerrar cuando muchos años antes ha dejado de invertir porque no es rentable, porque no es competitiva, o porque no es capaz de generar los recursos necesarios para invertir.
Lo que hay que actuar es sobre el origen, prevenir los fracasos y no luego, una vez que ya se ha producido, intentar hacer lo que ya es irremediable. En los procesos industriales es absolutamente imposible mantener una empresa industrial que no sea competitiva. Porque tampoco entiendo que queramos mantener con dinero público fantasmas o ‘zombies’, empresas que no tienen viabilidad a un coste público.
Otra cosa distinta es que en su momento haya que hacer esfuerzos para minimizar el impacto social o económico, porque hay industrias que tienen enorme impacto en las comunidades locales donde se ubican. Pero nosotros somos mucho más de actuar en que el contexto sea el propicio para que no se llegue a esas situaciones, más que intentar impedir algo que, desgraciadamente, en la inmensa mayoría de los casos pueda ser irreversible.
Esta ley es un vehículo muy importante para lograr que España tenga unas condiciones envidiables para que las empresas industriales sean competitivas y que las empresas quieran invertir aquí y no en otros sitios. Y en ello influyen cuestiones como la seguridad jurídica, la agilización de los trámites, de los permisos, o un precio de la energía que sea competitivo.
