Carmen Navarro (PP): «La reforma del reglamento de la Cámara es tan importante que tenderíamos la mano a esta negociación»

Carmen Navarro es vicesecretaria general de Política Social del PP desde 2022 y secretaria cuarta del Congreso desde febrero de 2023. En conversación con Demócrata, la diputada por Albacete desde 2016 durante las cuatro anteriores legislaturas hace balance del ciclo que acaba de concluir tras la disolución de las Cortes y repasa las principales propuestas del Plan de calidad institucional del PP.

Durante la presentación del programa electoral, Alberto Núñez Feijóo anunció la incorporación de una batería de medidas y regulaciones que afectan a las enmiendas “intrusas”, al bloqueo de leyes en la Mesa, la regulación de los lobbies y el traspaso de información del presidente del Gobierno con el líder de la oposición, entre otros compromisos.

Balance de la legislatura

Navarro, en la línea defendida por el equipo de la dirección del PP y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, hace una enmienda a la totalidad de la acción legislativa del gobierno presidido por Pedro Sánchez y habla de una legislatura “lesiva para el interés general”, con una concatenación de crisis provocadas por el presidente.

Una “sobreactuación del poder ejecutivo sobre el legislativo”, sumado a la instrumentalización de otras instituciones, entre ellas, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y señala al PSOE como responsable del bloqueo en la renovación del CGPJ.

Tensión en las Cortes

A la creciente polarización y debates broncos en sede parlamentaria, Navarro considera que “ha existido” y señala como culpable al PSOE. “Hemos pasado a que existan nueve grupos parlamentarios con su correspondiente turno en cada uno de los debates. Lo que ha dañado a las instituciones ha sido que uno de los grupos mayoritarios se ha sometido a los intereses de los pequeños». 

Y continúa. “Las minorías son buenas, están reconocidas en la Constitución y desde el PP las respetamos. El problema es cuando nos sometemos a esas fuerzas minoritarias que polarizan el debate y el grupo mayoritario que sostiene al gobierno está sometido al chantaje de esas minorías. Eso ha socavado la garantía institucional del poder legislativo”, sostiene la diputada.

Plan de calidad institucional

En enero, el PP presentó lo que se conoce como el documento de Cádiz, un Plan de calidad institucional que afecta al funcionamiento de las Cortes, ambicioso por el número de medidas que contempla. Un “contrato”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, que se presenta al sometimiento de los españoles y se compromete a cumplirlo si forma gobierno tras el 23-J.

Se trata de “un reforzamiento del poder legislativo, una serie de medidas para dar calidad a la producción normativa que sale de las Cámaras”. Navarro enumera unas cuantas iniciativas. En primer lugar, que tanto las proposiciones como los proyectos de ley, procedan del gobierno o un grupo parlamentario, cuenten con las mismas garantías.

Para Navarro, “el grupo parlamentario que sostiene al ejecutivo ha utilizado la proposición de ley, en algunas ocasiones, para burlar la garantía que lleva un proyecto de ley”. El PP propone que ambas lleven las mismas garantías y se permita hacer la consulta a los órganos consultivos constitucionales reconocidos, como el Consejo de Estado o el CGPJ.

Otra de las garantías relevantes para Navarro son las enmiendas intrusivas, “que se meten en cualquier otra ley sin que tengan que ver con el objeto y la materia que regulan”. Es necesario “que se puedan regular cuáles son las causas tasadas para demorar la tramitación para determinados proyectos o proposiciones de ley que han tenido su admisión a trámite en el Congreso y después la Mesa está retrasando su tramitación”, subraya. 

Regular el RD-ley

Un clásico de las denuncias del PP y otros grupos parlamentarios durante el último año ha sido el uso del Real Decreto-ley. “El abuso por parte del poder ejecutivo también es una intromisión en el poder legislativo. En muchos casos, porque la urgencia del mismo burla el debate parlamentario sosegado que deben de tener. Y en otros muchos, porque es una medida electoralista que usa el poder ejecutivo de forma desmesurada”, explica Navarro.

El PP se ha comprometido a tasar cuáles son las causas en las que puede regularse «la urgencia y la extraordinaria necesidad de que venga regulado por un Real Decreto-ley», concluye.

Tramitaciones interminables

¿Y qué ocurre con las ampliaciones sine díe, esas proposiciones de ley que arrancan al principio de una legislatura y se atascan hasta que ésta decae?. “Tenemos que ejercer nuestra representación de una manera ejemplar”, reflexiona Navarro. “El hecho de que se retrasen las enmiendas, el plazo y éstas se prorroguen sine díe deja en un vacío la propia expectativa del ciudadano”.

Como ejemplo sirva la tramitación de la Ley ELA. Fue tomada en consideración, por unanimidad de la Cámara, y decayó en mayo. “Es necesario acotar cuáles son esas causas que limitan la posibilidad de tramitar la ley con todas las garantías”, sentencia. 

Sobre cómo van a hacerlo, la propuesta es por mayoría cualificada dentro de la Mesa y no simple. “Hay decisiones en las que no se atiende al voto ponderado y se tiene el voto de calidad de la presidenta. La reforma del reglamento de la Cámara es tan importante que tenderíamos la mano a esta negociación para que saliese por una mayoría parlamentaria suficiente que permitiera modernizar el reglamento y funcionamiento de la Cámara para muchos años después”, anuncia.

Para la candidata del PP por Albacete, en la Cámara se legisla para el interés general que tiene su vista puesta sobre qué se va a legislar. En este caso, “tenemos que modernizar los reglamentos y adaptarnos a las circunstancias de los tiempos. Solo el 8% de los españoles creen hoy en sus instituciones, queremos superar ese porcentaje y que el tercer problema de los españoles no sean sus políticos».

Regulación de los lobbies

El programa del PP recoge la regulación de los grupos de interés y aporta varias medidas que no salieron adelante en la pasada legislatura a pesar de las recomendaciones europeas.

Navarro apuesta por “la transparencia debida, un registro de grupos de interés, que exista una trazabilidad respecto a cada una de las enmiendas que cuelgan en un texto, quién vota esta enmienda y finalmente cómo queda recogida su pretensión en el proyecto de ley que salga aprobado de la Cámara”.

Otra medida propuesta es que se abra la participación de los ciudadanos que puedan a través de medios telemáticos tener una mayor interacción con aquellos que van a producir leyes que afectan a sus intereses, detalla.

Hacia la próxima legislatura

Para Navarro, la democracia necesita hacer un ejercicio de reflexión “sobre qué hacemos para acercarnos a los jóvenes y tomen conciencia de qué es el poder legislativo y lo que allí regula”.

Acercar las Cortes al ciudadano e interactuar es otro puntal del programa de regeneración democrática. “Esta es una de las instituciones más desconocidas. Casi todos los ciudadanos conocen a su alcalde, a su concejal, hasta a su presidente regional y muchas veces no conocen a su diputado nacional”, apunta Navarro. “Y cuando depositan el voto deben ser conscientes de que van a tener un representante que eligen por la circunscripción”.

Debates e intercambio de información

Otra de las regulaciones pendientes para Navarro es el debate del Estado de la Nación. Incluso, apunta, el PP pretende regular e institucionalizar la relación entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. “Hasta ahora no hemos tenido conocimiento de las decisiones importantes que afectan al país en política exterior u otras políticas que el jefe de la oposición debe conocer”. 

Urgencias legislativas

Para la candidata popular por Albacete y secretaria cuarta del Congreso durante la pasada legislatura, la ley de la ELA es prioritaria de cara al arranque de la próxima legislatura. “Afecta a un colectivo especialmente vulnerable y a sus familias. Hay que insistir, si se toma en consideración por mayoría de todos los grupos parlamentarios, incluso por unanimidad, es urgente que éstas se tramiten cuanto antes y no estén condicionadas por los intereses económicos del gobierno de turno. Hay que atender a la voluntad del legislativo y paralizarlas en la Mesa es un grave error”.