El Gobierno está decidido a acometer una nueva regulación del juego que, entre otras cosas, prohíba la captación de nuevos clientes con promociones e imponga límites más severos a su publicidad. Primero, los grupos parlamentarios que componen el Ejecutivo, PSOE y Sumar, procuraron introducirla vía enmienda al Proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, pero decayó por el rechazo de Junts –a modo de venganza-. Ahora, aspiran a concretarla mediante una enmienda al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, cuya ponencia está pendiente de convocarse próximamente. La maniobra, así como el contenido de la propuesta, no ha gustado al sector.
Cuestión de forma
La batería de enmiendas promovidas por PSOE y Sumar tienen como propósito restablecer varios artículos del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales de las actividades del juego que fueron tumbados por el Tribunal Supremo por una cuestión de forma.
Con este escenario como telón de fondo, y después de que decayera el Proyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud, el Ejecutivo registró vía enmienda su nueva normativa para el juego en el marco del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela. El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) afeó que se hiciera apenas “15 minutos antes del cierre del registro” porque hurtó la posibilidad de que el resto de los grupos parlamentarios pudieran presentar enmiendas al respecto.
No obstante, cabe recordar que durante la ponencia y en la propia Comisión de Derechos Sociales y Consumo, los grupos parlamentarios pueden transaccionar enmiendas. La fecha clave es este jueves, que se reúne la ponencia.
Así las cosas, Cejuego ha manifestado su disconformidad por la vía utilizada y pide que, de acometerse, se haga mediante la “reapertura y actualización de la Ley del Juego”.
El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, asegura que “no se opone a la revisión de la Ley del Juego” y admite que la normativa, tras más de 15 años en vigor, “requiere una actualización que refleje los cambios profundos que ha experimentado el sector”; pero lamenta que “una modificación legislativa de tal envergadura debe de realizarse mediante un proceso legislativo transparente, que permita la participación de todos los actores involucrados en la actividad”.
“Preocupa profundamente que el Gobierno pretenda introducir cambios normativos mediante enmiendas intrusas al proyecto de ley de atención a la clientela, un texto que no guarda relación alguna con la actividad del juego, privando así del debate público a todos los actores involucrados”, abunda Landaluce.
Una revisión más amplia
Desde Cejuego consideran que la reforma del Gobierno es “fragmentaria” y “desestructurada”; y piden “abrir un debate serio y riguroso”.
Acusan al Gobierno de evitar que el debate ponga también el foco “en la publicidad del juego público que no tiene restricciones y anuncia productos, como los rascas, que son cada vez un foco mayor de preocupación por su incidencia en los menores de edad”.
Por último, Cejuego considera que una reforma debería solventar otros asuntos como la proliferación de operadores ilegales o la necesidad de establecer mecanismos eficaces para perseguir el juego ilegal.
¿Qué propone el Gobierno?
- Cambios en publicidad
No se podrán enviar comunicaciones comerciales ni por correo electrónico -o semejantes- ni por correo postal sin la previa autorización del destinatario.
La difusión de anuncios en servicios de la sociedad de la información solo será posible si se emplazan en páginas web o aplicaciones de los operadores o de los medios de comunicación que sirvan de soporte.
En los motores de búsqueda, únicamente podrán aparecer fruto del posicionamiento orgánico o en casos en que sean fruto de un acuerdo comercial entre el anunciante y el titular del mismo; supeditado a que coincidan con palabras clave o frases conectadas directamente.
Las páginas web o aplicaciones cuya actividad principal sea la oferta de productos o información sobre actividades de juego y aquellas que ofrezcan cobertura de eventos deportivos y/o hípicos también podrán albergar este tipo de publicidad. Como condición, deben tener una sección específica, han de contar con mecanismos que impidan el acceso de menores y difundir periódicamente mensajes sobre “juego seguro”.
El propósito es rescatar los puntos del Real Decreto 958/2020 que fueron tumbados por la sentencia 537/2024 del Tribunal Supremo.
- Plataformas de vídeo y redes sociales
Los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma y las redes sociales quedarían bajo un paraguas normativo diferente con sus propias características.
Las empresas de juego solo podrán dirigir comunicaciones comerciales audiovisuales en servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas en canales cuya actividad principal consista en ofrecer contenidos sobre el juego; adoptando, además, los mecanismos necesarios para evitar el acceso de los menores a su cuenta o canal y difundiendo de forma periódica mensajes de “juego seguro”.
En el caso de las redes sociales, solo podrán enviar publicidad aquellos que empleen instrumentos que aseguren que no se dirige a menores y que segmenten el público potencial.
Asimismo, los anuncios únicamente podrán enviarse a las personas que sigan en redes sociales a las cuentas o canales del operador de juego, que hayan manifestado un interés activo en el mismo y/o a clientes registrados.
- Promociones
Las empresas no podrán recurrir a las promociones y descuentos para captar nuevos clientes. La enmienda del Ejecutivo establece que solo podrán dirigirse a clientes con una cuenta abierta de al menos 30 días y cuyos perfiles hayan sido verificados documentalmente.
Por último, las promociones deberán figurar en una sección independiente en la página web o aplicación y difundirse en establecimientos dedicados al juego.
- Personajes prohibidos
Entre las modificaciones que pretenden los socialistas y Sumar, esperan aprobar la enmienda para prohibir la aparición de personas o personajes (reales o ficticios) de relevancia y notoriedad en las comunicaciones comerciales. Tampoco podrían hacer lo propio los narradores de retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos (la difusión comercial solo podrá producirse en el contexto de la narración del evento) y presentadores de televisión o radio.