QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Año y medio después de empezar la legislatura, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso apenas ha echado a andar, al menos legislativamente hablando. Los grupos de Gobierno no han movido ficha casi en sus proyectos y sólo hace unas semanas decidió dar carpetazo al plazo de enmiendas en la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Esperan a ser activadas la reforma sobre la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor y la trasposición sobre información empresarial en materia de sostenibilidad, y antes de noviembre de este año, si no quiere incurrir en retraso, el Gobierno deberá llevar al Boletín Oficial del Estado la trasposición de la directiva de contratos de crédito al consumo.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cerró consulta pública en octubre para tantear al sector y todavía no ha sacado a audiencia pública el anteproyecto. Su principal novedad pasa por la obligación de registro y supervisión de todo prestamista e intermediario de crédito.
Esta es, precisamente, uno de los principales reivindicaciones de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). De las casi 700 entidades que operaban en España en 2022, según datos del Banco de España, apenas 95 lo hacían bajo supervisión de un organismo oficial –Banco de España, CNMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones–.
Demócrata entrevista al secretario general de la patronal de entidades reguladas dedicadas al crédito al consumo, Ignacio Pla, para conocer cuáles han sido sus aportaciones remitidas al Ministerio y sus prioridades de cara a la próxima regulación.
¿Cómo valoran la directiva y los cambios que plantea?
En la consulta pública planteada por el Ministerio de Economía nos hemos centrado en la reserva de actividad, que obliga la directiva de la Unión Europea. España es el único país o economía importante de la Unión Europea donde no hay reserva de actividad. Y en España, por no tenerla, en los últimos cinco o siete años han crecido y se han instalado aquí muchas empresas que prestan dinero al consumidor sin estar supervisados por el Banco de España y también sin dar la protección suficiente al consumidor que toda la la legislación establece, no solo a la de consumo, sino también la bancaria respecto a un cliente financiero.
¿Qué es lo que implica de cara al consumidor esa supervisión?
Hemos pedido que las entidades que quieran prestar dinero en España de forma habitual o profesional sean establecimientos financieros de crédito (EFC). Esto implica que todas estas empresas que hoy por hoy están prestando dinero sin estar supervisadas ni sometidas a un régimen de autorización estén sometidas al mismo régimen. Es lógico que todos tengamos las mismas reglas de juego. Si tengo que cumplir con una serie de normativas de gobernanza de mi entidad, sobre protección de la clientela, atención a la clientela, sobre cómo distribuir mis productos, o la publicidad de mis productos, lo lógico es que quien quiera prestar dinero tenga que utilizar las mismas reglas que el resto.
¿Qué consecuencias tendría para estas entidades?
Muchas desaparecerán, efectivamente. Como ha ocurrido en el resto de Europa, muchas entidades no supervisadas o personas físicas no supervisadas que prestan dinero no podrán hacerlo. Por contra, mejorará la protección al cliente, la oferta de productos, y aumentará la competitividad.
Estas entidades no reguladas prestan a unos tipos de interés desorbitados, de una media del 2.000% al 5.000% TAE. Y muchas incluso se vanaglorian en su publicidad de no hacer estudios de solvencia. Esto está haciendo que muchas personas se sobreendeuden porque, aunque les prestan cantidades no muy grandes, provocan una bola: piden un crédito para pagar otro y a unos tipos de interés muy altos.
Además, este sobreendeudamiento, al estar fuera de la supervisión, no aparece en los ficheros que consulta el sector regulado cuando hacemos la valoración de la solvencia. Están fuera de todo control. Por eso es importante que haya esta reserva de actividad y que pasen a estar supervisados por el Banco de España.
¿Por qué piden que sean establecimientos financieros de crédito?
Tienen unas normas muy estrictas en defensa del cliente, que encarecen nuestro producto. Supone que tenemos que tener personal para atender al cliente 24/7, para contestar a una reclamación en un tiempo determinado, y también medios para evaluar correctamente la solvencia del cliente. Si a estas entidades les ponen un régimen de menor importancia que el que nosotros estamos obligados a cumplir, habría menor protección al cliente y se perdería una oportunidad de oro para hacer que todos los operadores cumplan con las mismas normas y las mismas reglas de protección al consumidor.
Y si hay una menor regulación, vuelve a ir contra la competencia y es una llamada a desregularizarme. Si soy un EFC y mañana para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora piden una menor regulación, tengo la opción de convertirme en otra entidad porque es más económico y puedo competir mejor, con normas menos estrictas. Nosotros pedimos que sean EFC y estén sometidas a la supervisión del Banco de España, porque es una supervisión muy especializada en productos financieros.
Otro de los aspectos que viene a regular la directiva es, precisamente, la publicidad y el examen de solvencia.
Es posible que la trasposición de la directiva obligue a modelar nuestros sistemas o a hacer desarrollos informáticos para hacer más exhaustivos algunos aspectos, pero aporta seguridad jurídica. La evaluación de la solvencia las entidades reguladas ya están obligadas a hacerla y ya la venían haciendo. Y las que no lo estén y sean serias y solventes se transformarán en una EFC sin problema porque querrán seguir en el mercado. Y habrá mayor competencia y sobre todo una mayor regulación. Los que sean serios se van a transformar y van a seguir con las mismas reglas que el resto.
Respecto a la publicidad, nosotros ya cumplimos con toda una normativa muy estricta de publicidad. La directiva de crédito al consumo aclara algunas cosas con las que estamos de acuerdo. Incluso la gran mayoría de asociados, antes de hacer cualquier publicidad, pasan por el sistema de autorregulación que conlleva autocontrol. No nos preocupa en exceso.
Sí nos preocupa que podamos utilizar herramientas para hacer la evaluación de la solvencia porque si tú me pides que yo evalúe la solvencia de una forma muy estricta y con requisitos muy concretos que aparezcan definidos, yo los voy a cumplir. Pero lo que le pedimos al Estado es que entonces dé todas las herramientas posibles para poder evaluar, y eso está íntimamente ligado con las normas de protección de datos.
Tiene que haber una coordinación entre las normas y pedimos herramientas para poder evaluar la solvencia, que se nos abran herramientas públicas como pueda ser la Tesorería General de la Seguridad Social (ya la consultamos hoy en día pero con mayor profundidad), que se nos abran datos de Hacienda… Teniendo en cuenta la protección de datos, evidentemente, con unos límites al uso de esos datos. Pero si tengo que ir pidiendo el consentimiento para cada cosa que tenga que consultar al cliente… No olvidemos que el crédito al consumo es una contratación masiva y las herramientas de contratación masiva tienen que permitir una flexibilidad. No en el uso de los datos, pero sí el acceso a los mismos.
Ligado con esto, aunque no está en la directiva, es la utilización de la inteligencia artificial. Creemos que para poder ofrecer al cliente una evaluación de la solvencia adecuada y un producto muy afinado a lo que necesita nos va a ayudar. Nuestras entidades ahora mismo utilizan un tipo de IA, que no es la generativa, pero pedimos que para afinar los productos que ofrecemos podamos utilizar este tipo de herramientas. Con todo el control y la protección de datos que se quiera.
¿Qué plantea ASNEF respecto al control de los tipos de interés?
La directiva dice que los estados miembros tendrán que establecer mecanismos que aseguren que no se producen abusos. No dice ni un mecanismo ni otro, lo deja abierto. ¿Por qué? Porque Italia, Francia, Portugal o Alemania ya tenían un sistema de referencia de tipos de interés y ninguno de estos países, cuando se ha tramitado la directiva, quería que su sistema fuera tocado. Lo mejor hubiera sido que la propia directiva estableciera cuál es el índice de referencia y cómo se calcula, pero lo han dejado abierto.
Nosotros éramos el único país de la Unión Europea que no lo teníamos. Aquí tenemos una Ley de usura (Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios) y que, aunque sea anticuada, está vigente. Y el Tribunal Supremo ha interpretado esa Ley de usura, es verdad que para un producto concreto que es el ‘revolving’ pero se puede hacer por analogía al resto, y ha dicho qué se entiende por usura.
Pues si hay una norma que está vigente y hay un alto tribunal que lo ha adecuado y actualizado, y ha dicho qué se entiende por usura, lo que le hemos pedido al Gobierno es que se respete lo que ha dicho el Supremo. Y que cuando haga la trasposición recoja lo que ya es una doctrina pacífica del Tribunal Supremo, que son los seis puntos por encima de las medias que publique el Banco de España.
Hoy el Banco de España no los publica.
Igual que se hizo una normativa donde se ordenaba al Banco de España que hiciera una publicación de tipos de referencia para créditos hipotecarios, ahora tienen que habilitarle para hacer una publicación de tipos de referencia para el crédito al consumo. Lo que publica hoy por hoy el Banco de España está vinculado al control de política monetaria. No tiene nada que ver.
¿Veis algún margen para que haya operaciones financieras relacionadas con el consumo que queden fuera de la supervisión?
No, creemos que el crédito al consumo yo creo que está suficientemente consolidado en España. Después de la trasposición de la directiva no habrá nada disruptivo nada. Sí que nos importa que se siga permitiendo, con los requerimientos que ya establece la directiva, la venta de un seguro de protección de pagos junto al producto financiero.
Si impiden poder venderlo en el punto de venta, junto al producto financiero que está financiando un bien, hay una parte de la población que podría quedar excluido. Es el caso de una persona joven que no haya superado un período de prueba en una empresa o una persona mayor. No digo que no se les conceda un crédito, pero habría más dudas. El seguro de protección de pagos favorece que el crédito fluya, porque permite tener una valoración de solvencia con un ‘scoring’ más positivo que si no hubiera seguro. Creemos que es beneficioso que pueda unirse a la venta de un producto financiero.
Y con un plazo mínimo de tres días para comparar ofertas.
Y con un plazo que se ha establecido en tres días. Tiene el derecho de desistimiento que establece la normativa y todas las precauciones para que no haya una venta compulsiva ni una compra compulsiva. Además, el cliente puede traer el suyo si quiere, y no el que le ofrezca la entidad, que tiene que aceptarlo.
¿Han presentado alguna propuesta respecto a las restricciones para vincular el régimen de remuneraciones a operaciones o a objetivos de venta?
Estamos a la espera. Es algo que ya existe en otros ámbitos y que va a ocurrir también en nuestro que creemos que es bueno para estar a favor de los intereses del consumidor, por lo que esperamos a ver qué propuesta nos pueda hacer el Gobierno al respecto.
