QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Proyecto de ley de representación paritaria continúa su camino hacia el BOE tras ser aprobado por el Congreso y remitido al Senado. La iniciativa transpone la Directiva europea 2022/2381 que obliga a las empresas cotizadas a adaptar sus consejos de administración a la regla 60/40, esto es, que debe haber un mínimo de un 40% de mujeres y que el sexo predominante no pueda superar el 60%. Para conocer cómo aterrizará esta nueva normativa en el sector, Demócrata entrevista a Javier Ibars, director de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de la patronal Foment del Treball Nacional.
Plazos hasta 2026 y 2027, ¿suficiente?
Las empresas del Ibex 35 dispondrán hasta el 30 de junio de 2026 para reestructurar sus órganos de dirección, mientras que el resto de sociedades de capitalización bursátil tendrá un año más, hasta el 30 de junio de 2027, al igual que las entidades de interés público. Preguntado por si el plazo es razonable, Ibars destaca que no será un problema.
“Las empresas no han sido ni mucho menos ajenas a esta evolución de la sociedad. Han sido protagonistas, precisamente, de esta incorporación natural de la mujer al ámbito laboral, y es necesario que siga siendo así”.
A su juicio, el error radica en la imposición de cuotas. “El principio de igualdad debe estar presente, evidentemente, en todos los valores y culturas de las empresas, partiendo de la propia convicción y voluntariedad. Deben tener este origen para que tenga más eficacia porque, si no, en imposiciones legales, en muchos casos nunca van a tener sentido o aplicación práctica”.
De hecho, augura que “estas imposiciones legales” podrían ser contraproducentes y derivar en “discriminaciones directas, indirectas o injusticias individuales”.
En consecuencia, abunda en que “desde las organizaciones empresariales lo que defendemos es el desarrollo del talento femenino como herramienta de promoción profesional, aunque lo que no compartimos es este imperativo legal de que se establezcan cuotas de participación”.
«No compartimos este imperativo legal de que se establezcan cuotas de participación».
Carrera de fondo: análisis y sanciones
El director de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment del Treball Nacional argumenta que ya existe “toda una normativa del plan de Igualdad” y, por tanto, “la obligación de hacer un diagnóstico, de analizar la proporción de mujeres que ocupan altos cargos, niveles directivos, mandos intermedios, identificando la necesidad de poner en marcha acciones de corrección si es el caso…”.
“Con lo cual, entendemos que a nivel laboral esto ya está resuelto, con toda la normativa que se ha hecho desde hace ya unos años y que está absolutamente ya puesta en marcha, incluso con sanciones para las empresas que no la han cumplido respecto al plan de Igualdad. Sí que es necesario que las empresas cuantifiquen en qué proporción de mujeres ocupan altos cargos y niveles directivos y en qué proporción están representadas las mujeres en el equipo directivo y si disponen las empresas de criterios de promoción y de objetivos para acceder a los cargos directivos”, añade.
Pero el proceso ha de ser “progresivo y de manera voluntaria”, cree. “Tenemos una normativa extensa, exhaustiva en nuestro país que nos obliga a que ninguna empresa pueda ejercer ningún tipo de discriminación o de desigualdad entre hombres y mujeres por razón de género o por cualquier otro motivo. Por lo tanto, yo creo que está absolutamente regulado, no hace falta regular más, no hace falta esta sobrerregulación más estética que práctica”.
Trabajo con las empresas y protocolos
Javier Ibars explica que desde la patronal ya se está “trabajando en la cohesión laboral y de igualdad que tenemos, enviando toda la documentación referente al plan de Igualdad y explicando cómo se tiene que implementar”.
“En el propio Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña hemos elaborado protocolos conjuntos con organizaciones sindicales, con la propia Generalitat y nosotros mismos, analizando, enviando documentos, propuestas, facilitando protocolos, la aplicación de los planes de Igualdad en las empresas y, por lo tanto, hace mucho tiempo que estamos trabajando con las empresas para que se aplique”, por lo que no considera que la adaptación de los consejos de administración sea traumático ya que “todas las empresas conocen los planes y están utilizando los protocolos”.
“Todas las empresas conocen los planes y están utilizando los protocolos”.
¿Impacto económico?
Ibars alega que no es esperable que la implementación de la regla 60/40 pueda tener impacto económico en las empresas porque, insiste, ya vienen implementando los planes de Igualdad: “Como te comentaba anteriormente, a mí me parece más una propuesta de operación estética más que práctica, porque si en todas las empresas ya teníamos desde hace unos años la obligatoriedad de aplicar este plan de igualdad”.
Una enmienda para quebrar la regla 60/40
La Comisión de Igualdad aceptó incluir en el dictamen que, posteriormente, fue aprobado por el Pleno del Congreso, una enmienda transaccional impulsada por Podemos (Grupo Mixto) para establecer una salvedad a la regla 60/40: se permitirá que las mujeres sí puedan superar el 60% de tope impuesto al sexo predominante.
La ley permitirá que las mujeres sí puedan superar el 60% de tope impuesto al sexo predominante.
Esta transaccional puede colisionar con la Directiva europea. En concreto, con el artículo 5, referente al equilibrio de género en los consejos de administración. En él, se indica que los miembros del sexo menos representado deberán suponer, como mínimo, un 33%. En consecuencia, si se permite que haya más mujeres que hombres y, si éstas suponen más de un 67%, se estaría infringiendo la normativa europea.
Sobre este asunto, Ibars insiste en que prefiere centrarse “en el debate entre talento, no discriminación, desigualdades…”. “Mi debate no es este. Este debate es absolutamente ideológico, de parte, politizado, y me parece que está fuera de lugar”, remacha.
CNMV, Instituto de Mujeres y asesoramiento a empresas
La ley descarga la responsabilidad de velar por su cumplimiento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad. Ambos organismos trabajarán de forma coordinada y serán las que reciban las memorias de las empresas.
En este sentido, Ibars admite desconocer si desde la patronal ya se está trabajando junto a la CNMV y el Instituto de Mujeres; lo que sí confirma es que se acompañará a las empresas y se prestará asesoramiento.
Foment tiene, aún, que esclarecer internamente los protocolos y la hoja de ruta, pero anticipa que “lo que hacemos siempre es enviar a nuestras empresas y organizaciones circulares de información de toda la normativa o proyectos que están en marcha y en muchas ocasiones pedimos su criterio y su opinión”.
“Pero es cierto -continúa-, que dada la relevancia de esta materia y de la importancia que puede tener desde el punto de vista de la aplicación que tendrán que hacer las empresas, probablemente tendremos que replantearnos si hacemos algún tipo de sesiones formativas e informativas para explicar a las empresas cómo se tiene que llevar a cabo esta medida y de qué manera progresivamente lo tienen que aplicar”.
Salvedades
Los partidos políticos y los Colegios Profesionales están exentos de aplicar la norma, aunque los primeros sí que deberán tener planes de igualdad, impulsar medidas de prevención y detección de la violencia machista, y establecer protocolos de actuación; y los segundos, designar a una persona responsable de la coordinación en materia de igualdad que haga las veces de supervisora.
Preguntado por esta salvedad, Javier Ibars se limita a comentar que es una cuestión que debería explicar “quien haya hecho la normativa”. “Ahora bien, si quien la ha hecho cree en ella, debería aplicarla con carácter general y no incluyendo y excluyendo a organizaciones”.
La ley también obliga a armar listas cremallera en todas las elecciones con una importante excepción, el País Vasco. Tampoco se exigirá la alternancia de hombre y mujer en aquellos municipios que cuenten con entre 3.000 y 5.000 residentes, aunque sí que tendrán que garantizar que las personas de cada sexo no superen el 60%, ni sean menos del 40%.
