El Congreso examinará este martes ocho iniciativas legislativas para cerrar el curso. Tres de ellas son los últimos decretos-ley aprobados por el Gobierno, pendientes aún por convalidar.
Entre ellos, la respuesta legislativa del Gobierno al gran apagón sufrido el pasado 28 de abril. La norma refuerza sistemas de control y supervisión e impulsa cambios pendientes para dotar el sistema de mayor estabilidad. Entre ellas, por ejemplo, el almacenamiento energético.
El Ministerio para la Transición Ecológica trató de cerrar las medidas e incorporar propuestas de los grupos en una ronda de contactos. En pleno escándalo por el ‘caso Cerdán’, el PP renunció a formar parte de las negociaciones. Y ahora empresas y patronales energéticas temen que asuntos ajenos al contenido del decreto propicien su derogación.
José Donoso, presidente de la patronal de empresas fotovoltaicas UNEF (Unión Española Fotovoltaica), una de las organizaciones que se ha movilizado, atiende al teléfono a Demócrata para explicar la importancia de esta norma.
Seis patronales, entre ellas UNEF, han solicitado por carta a los grupos parlamentarios la convalidación del decreto-ley. ¿Por qué?
Es un decreto-ley que nace de las necesidades que tiene el sector y el sistema eléctrico español para continuar el proceso de transición energética. Es fundamental por varias cuestiones. La primera, relacionada con el apagón, es reforzar la capacidad de inspección y evitar que no se vuelva a producir una situación como la de abril.
El almacenamiento, por otra parte, es fundamental para tener un sistema más robusto y al mismo tiempo es una solución para extender las horas baratas que produce la energía fotovoltaica cuando no hay sol. Con cuatro horas de almacenamiento estaríamos cubriendo todas las horas de actividad económica con los precios más bajos. Tendríamos una factura eléctrica más barata para los ciudadanos y más competitiva para la industria. Además, es una forma adicional que tienen los proyectos fotovoltaicos de incrementar su rentabilidad.
Es una figura nueva que no estaba reconocida en el ordenamiento jurídico eléctrico español y esto dificultaba mucho avanzar en ello. En particular, la hibridación, que supone aprovechar las plantas fotovoltaicas que ya existen para instalar en ellas plantas de almacenamiento.
También se conceden plazos más flexibles para la instalación de proyectos
Hemos visto que hay una serie de limitaciones, una regulación existente que complica la tramitación de proyectos. El sistema de hitos no redunda para nada en que sea un proyecto más evaluado. Así que se introduce una cierta flexibilidad que va a favorecer el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima.
Hay también algunas mejoras para el autoconsumo, como el incremento de distancia a cinco kilómetros o la figura del gestor de red.
Por todo ello, consideramos que el decreto mejora la competitividad y da incentivos para la industrialización. Es un decreto fundamental para el futuro del sistema eléctrico español y, si me apura, para la economía española.
¿El decreto-ley llega consensuado? ¿Reconocen propuestas que que han trasladado al Ministerio?
Llevamos tiempo enviando propuestas al Ministerio. Aunque no ha sido un decreto que haya sido consensuado, sí recoge esas necesidades del sector. Podemos decir que es un decreto del sector.
¿Piensan que hay señales de que pueda ser derogado el próximo martes?
Pensamos que no, pero creíamos que, vista la situación política, era importante dar este mensaje de unidad por parte de los consumidores de energía, las empresas eléctricas, y las empresas renovables. Este es un decreto que no tiene un componente ideológico. Es puramente técnico. Nadie tiene ningún comentario negativo. Lo lógico sería que fuera aprobado con una holgada mayoría.
Es difícil justificar que alguien esté en contra de un decreto tan técnico. Quien vote en contra no será por el contenido, sino por un planteamiento político, que se sale del interés común.
¿Han recibido algún tipo de respuesta después de la carta?
No, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Tampoco esperamos que haya una respuesta específica. Es la unanimidad que hay en el sector energético-industrial de que este es un buen decreto, que va con una buena finalidad y no va con ningún planteamiento ideológico ni estrategia política.
¿Qué pasaría si se deroga?
Es un decreto imprescindible. Si no se aprueba, el daño al sector es tremendo y esto puede representar la retirada de fondos de inversión internacionales de España. Puede suponer un retraso de varios años en la introducción del almacenamiento. Con el decreto en vigor, probablemente a principios del próximo año podríamos tener ya una cantidad importante de plantas de almacenamiento, sobre todo hibridado.