QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Después de casi un año desde su registro, la Iniciativa Legislativa Popular que busca regular la tauromaquia como patrimonio nacional, conocida como «No es mi cultura», ha alcanzado más de 650.000 firmas y las ha trasladado a la Cámara Baja. Ahora, la Junta Electoral Central deberá verificar la validez de todas las firmas y así poder remitir la iniciativa a la Cámara Baja.
La iniciativa lleva como propósito la derogación de la Ley 18/2013 que establece la tauromaquia como parte del patrimonio cultural debido a que se considera que la regulación nacional ha vulnerado competencias autonómicas y municipales. Esto ocurre, exponen los proponentes, al intentar imponer una protección legislativa a la tauromaquia «que no corresponde a la realidad sociocultural de todo el país».
Además, el texto asegura que los espectáculos taurinos suponen una excepción en el marco de la legislación de protección de los animales a nivel estatal y autonómico, «por lo que no es pertinente seguir manteniendo dicha manifestación cultural como patrimonio cultural común», afirman los proponentes.
El texto
Se argumenta que la actual norma vigente «impone» una regulación a nivel nacional que reduce la capacidad de las autonomías para legislar de acuerdo con la realidad cultural y social de sus territorios. De hecho, la Constitución y los distintos estatutos de autonomía sí que otorgan a las regiones la capacidad de regular los espectáculos públicos y actividades recreativas, como podría ser la tauromaquia.
Lo cierto es que existen algunas comunidades que ya han tomado medidas contra este tipo de espectáculos, pero la Ley, al blindarlos como patrimonio, impide ir más allá y aprobar una regulación más restrictiva.
La normativa actual defiende que la tauromaquia debe protegerse como una tradición cultural de todos los españoles. Sin embargo, el texto registrado afirma que los datos reflejan que cada vez menos ciudadanos asisten a estos eventos y que existe una creciente oposición social. Esto ha llevado a un descenso en el número de celebraciones, por lo que «no es pertinente seguir manteniendo dicha manifestación cultural como patrimonio cultural común», afirma el documento.
Articulado
Se solicita la derogación de la Ley 18/2013 por lo que la tauromaquia dejaría de estar protegida como patrimonio cultural, se devolvería a las comunidades y municipios la capacidad total para decidir sobre su regulación y se eliminaría la imposición de tratar estos eventos como parte de la identidad cultural del país.
Los firmantes piden la modificación de la Ley 10/2015 sobre Patrimonio Cultural Inmaterial para garantizar que no queden referencias legales que respalden los espectáculos taurinos como patrimonio.
Con estos cambios, la tauromaquia perdería la protección de la que goza actualmente en nuestro país y dejaría de considerarse como elemento cultural compartido en el territorio nacional. De tomarse en consideración, se podría abrir la puerta a futuras reformas que refuercen la protección de los animales en España.
Reacciones en San Jerónimo
Desde el Grupo Parlamentario Sumar, celebran que la iniciativa haya superado la barrera del medio millón de firmas para poder continuar su tramitación. Su diputado, Nahuel González, considera que este acontecimiento quiere decir «que la sociedad de nuestro país es una sociedad avanzada y que la tauromaquia es una cosa del pasado».
Y, ¿ahora qué?
A partir del 19 de febrero, fecha límite para buscar apoyos por parte de los proponentes, y una vez superado el umbral de 500.000 firmas, la Junta Electoral Central pasará a validar cada una de ellas.
Ya verificados los respaldos al texto, la Iniciativa Legislativa Popular se presentaría ante el Congreso de los Diputados. La Comisión promotora de la norma tendrá la oportunidad de defender la iniciativa ante el Pleno, que decidirá si se admite a trámite o no.
De superar el debate y votación de toma en consideración, la iniciativa seguirá el procedimiento legislativo normal: enmiendas, debate en comisión, aprobación en el pleno… Así hasta convertirse en ley. Si las Cortes rechazan el texto, este no puede volver a presentarse con el mismo contenido en la misma legislatura.
Consulte en Demócrata el texto íntegro de la Ley
