El descontento de la profesión veterinaria está lejos de menguar. El Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios es la iniciativa que ha generado la discordia y, desde su implementación el pasado 1 de enero, el sector permanece agitado. Para evidenciar su descontento, más de una docena de organizaciones ha convocado una manifestación para el jueves 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, explica en Demócrata cuáles son los principales puntos de fricción y qué urgen al Ejecutivo a rectificar.
Criterio clínico: ¿Mascotas en riesgo?
Las principales críticas a la nueva normativa se concentran en cómo se ha cercenado el criterio clínico del veterinario. “¿No se fían de los veterinarios?”, se llega a cuestionar Luis Alberto Calvo.
El Real Decreto 666/2023 deriva del nuevo Reglamento europeo y tiene como propósito garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos para luchar contra las resistencias antimicrobianas. Por ello, se obliga a cada veterinario a realizar las pruebas pertinentes para poder dispensar el fármaco adecuado y en la dosis necesaria en cada caso.
Preguntado al respecto, el presidente de la OCV explica que “nosotros somos conscientes de las resistencias microbianas, es uno de los problemas más importantes del siglo XXI y hemos hecho un esfuerzo importante, disminuyendo en un 50/60% su utilización”.
El problema, según Calvo, radica en que “nos exigen comunicar el medicamento que administramos a través del sistema Presvet”. “Por ejemplo, para utilizar un medicamento del Grupo B, si no haces cultivo, no lo podemos utilizar y eso nos retrasa una semana. Muchas veces nos tenemos que adelantar y, ya luego, las pruebas lo confirman. Se hace por economía y por salud. Si tardas una semana, se te han muerto la mitad de las gallinas”, aqueja.
Además, “según esta normativa, si en la ficha clínica de un medicamento figura que es para perros, no puedes usarlo en gatos aunque sabemos que se podría”, dice.
En este punto, esgrime que hay medicamentos veterinarios que no tienen actualizadas las especies en que se puede usar, un ejercicio que correspondería a los laboratorios y que, según Calvo, “las farmacéuticas podrían tener razones de tipo económico” para no hacerlo porque “tendrían que hacer las pruebas pertinentes”, cree.
A su juicio, el criterio facultativo debería de primar en este tipo de casos en que se trata a un animal con medicamentos que no estarían permitidos para su especie por no figurar en la ficha técnica.
Todo ello, genera un caldo de cultivo que cristaliza en que “no se puede prescribir y si vas a tener este problema con uno de cada dos pacientes, llega un momento en que no se puede trabajar o se trabaja de forma ilegal”.
«Llega un momento en que no se puede trabajar o se trabaja de forma ilegal».
Sistema Presvet
Con respecto a la obligatoriedad de comunicar los antibióticos que se suministra, el presidente de la OCV lamenta que es “un agravio comparativo” con otros médicos o dentistas, porque no se les exige: “Ellos no tienen que comunicar nada, ¿por qué nosotros sí? ¿No se fían de los veterinarios?”.
Luis Alberto Calvo incide en que desde el sector “no nos negamos a comunicarlo”, aunque sea un agravio comparativo.
No obstante, considera que “la plataforma [Presvet] no es muy operativa”, ya que “es poco elástica, estricta e ineficaz”. “Si un veterinario, aunque solo sea por olvido, no envía el tratamiento, pueden ponerle una sanción”, remacha.
De igual forma, pone sobre la mesa las dificultades que podrían tener algunos veterinarios del mundo rural para disponer de una conexión lo suficientemente garantista como para que su actividad no se vea obstaculizada por Presvet.
Medicamentos y sanciones
El presidente de la OCV añade en declaraciones a Demócrata que otro de las dificultades que genera la nueva regulación está relacionada con la dispensación de medicamentos. “Parece que hay problemas porque lo que se prescribe no lo tienen muchas farmacias. Nosotros [los veterinarios] queremos poder vender medicamentos”, afirma.
Además, destaca que esto contribuiría a un uso más racional de los medicamentos, puesto que “si prescribo cinco pastillas y te dan un paquete de 10, fomentamos que se puedan utilizar más y se incrementen las resistencias antimicrobianas”.
Asimismo, penaliza aún más a los veterinarios de zonas rurales: “Si yo voy a atender a una vaca a las 12 de la noche, no le puedo mandar a la farmacia”.
Con respecto a las sanciones, admite que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mandado una recomendación a las Comunidades Autónomas, que son las que aplican el régimen sancionador. “Se ha pedido una aminoración, pero es que lo mínimo son 60.000 euros, que puede deberse a que se te ha estropeado el ordenador y no has podido comunicar a través de Presvet”, concluye.