Información actualizada el 30/07/2024
Con el fin de no dilatar más su tramitación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió al Congreso el mismo proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que remitió la pasada legislatura.
Esto excluía cualquier cambio introducido por la Cámara, que llegó a aprobar el proyecto –la legislatura acabó cuando la iniciativa se tramitaba en el Senado–, pero adelantó enormemente los tiempos: al ser el mismo expediente, no ha hecho falta someterlo de nuevo a audiencia pública ni recabar los informes previos.
Durante esta fase, el anteproyecto recibió más de seiscientas propuestas de modificación de agentes interesados: empresas, patronales, entidades del tercer sector u organizaciones que plantearon cambios.
Estas son las que, hasta ahora, han sido descartadas por el Ministerio y que, por tanto, siguen ‘vivas’ y pueden traducirse en futuras enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
PATRONALES
ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) – ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)
Plantean sustituir el término ‘jerarquía de prioridades’ por ‘criterios de gestión’, y que los planes para la prevención de las pérdidas y el desperdicio sean sectoriales y no individuales.
Quieren que las obligaciones previstas para los establecimientos comerciales de venta de alimentos afecten a todos los negocios, independientemente de su tamaño y su ubicación.
En todo caso, su apuesta es por acabar con las obligaciones para las empresas de la distribución y que la norma se limite a recomendaciones de buenas prácticas para estas empresas.
Proponen eliminar el fomento de productos locales, de proximidad, de temporada o a granel por parte de las administraciones públicas dentro de las obligaciones específicas de las administraciones públicas.
Reclama aplicar un tipo 0% a las donaciones realizadas y revisar la normativa Sandach (subproductos animales no destinados a consumo humano) para la prevención del desperdicio, siempre que se garantice que no vuelven a la cadena humana.
Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)
Cree que existe “clara desproporción” entre los objetivos a cumplir y las obligaciones que se imponen, planteando como alternativa el fomento de sistemas de autorregulación.
Esta organización plantea que existan incentivos para favorecer el cumplimiento de los planes de prevención de pérdidas y desperdicio y que la normativa de autorregulación opere como “una suerte de estándar de lealtad”, y que el cumplimiento de las medidas permitiera presumir buena fe en posibles procedimientos administrativos sancionadores, permitiendo una exención o reducción de la culpabilidad.
También plantea un sistema de certificación para las empresas que cumplan la normativa autorregulada, siempre que la gestión de este sistema se reserve a terceros privados, independientes y ajenos a las partes-
Critica que las obligaciones no sean exigibles a todos los agentes de la cadena por igual y también la falta de concreción de algunas de ellas. Propone la posibilidad de contar con incentivos para favorecer el cumplimiento de los planes de prevención de pérdidas y desperdicio.
Respecto al régimen sancionador, lamenta el carácter abierto del abanico de infracciones y sanciones (detecta una redacción de tipos confusa y poco clara) y la puerta abierta a que las comunidades endurezcan las multas. Por ello, propone especificar el fundamento competencial de cada tipo para saber cuál puede ser agravado.
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)
Propone fomentar en la ley relaciones contractuales plurianuales para fijar estimaciones previas de compra, pues cree que beneficiaría la reducción de desperdicios.
Otra propuesta es establecer un mecanismo de recogida de producto excedentario que cubra los costes de la cosecha y lo dirija a donación alimentaria.
AECOC (Asociación de Empresas de Gran Consumo)
Ven absolutamente necesario actuar en el lado fiscal en el caso de las donaciones, al ser estas obligatorias.
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Tiene dudas del impacto de la jerarquía de prioridades sobre el modelo de negocio de empresas como Too Good To Go o Phenix.
Pide acotar la tipificación de infracciones por parte de las comunidades para lograr una mayor armonización normativa.
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Pide aplicar un tipo del 0% a las donaciones, en la línea de lo dispuesto en otros países europeos como Italia, Francia o Bélgica.
Propone incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Quiere incluir en la ley los subproductos para aclarar su distinción con los residuos alimentarios, de acuerdo con la definición que se da de ellos en la Ley de residuos y suelos contaminados.
Pide acotar la tipificación de infracciones por parte de las comunidades para lograr una mayor armonización normativa.
MdR (Asociación Empresarial de Marcas de Restauración)
Entiende que en la propuesta del Gobierno falta una regulación fiscal, proponiendo eximir del pago del IVA las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos.
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Propone que los productos con fecha de consumo preferente también incluyan una fecha de caducidad para proteger a las empresas ante un posible problema de seguridad.
Propone incluir un anexo con una ficha técnica para definir la responsabilidad de cada agente de la industria alimentaria obligado a suscribir un convenio con organizaciones o entidades sociales para la donación de sus excedentes.
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
Pide incluir también a los consumidores finales como agente de la cadena alimentaria sometido a obligaciones contenidas en la norma.
Rechaza que se distinga entre establecimientos en función de su superficie a la hora de fijar obligaciones en la reducción del desperdicio de alimentos y pide una mayor uniformidad. También flexibilizar algunas exigencias y que la donación sea voluntaria y no obligatoria.
Assocat (Asociación de Mataderos de Aves y Conejos de Cataluña)
Entre las obligaciones de la norma a la hostelería y demás proveedores de servicios de alimentación plantea que precisen en sus menús la procedencia u origen de los alimentos ofertados (proximidad local, ecológico, nacional, europeo o terceros países). La distancia máxima de producción y transformación propuesta para ser considerado de proximidad es de 300 km.
Argumentan que incentivaría el consumo de productos frescos de proximidad en el sector Horeca, beneficiando al sector agroalimentario español
FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Flores y Plantas Vivas)
Pide que la jerarquía de prioridades se modifique para relegar la donación de alimentos a otras de rentabilidad económica como la transformación de productos que siguen siendo aptos para su consumo, la alimentación animal o su uso como subproducto en la industria.
Propone que la donación gratuita de alimentos no sea obligatoria en caso de existir una alternativa onerosa.
Quiere que los productores a nivel explotación no estén obligados a cuantificar e informar anualmente las pérdidas y el desperdicio alimentario, pues cree que esta tarea es muy compleja en el campo.
Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (APROA)
Rechaza la consideración de desperdicio alimentario de productos agrarios y alimentarios que quedan en las explotaciones y se reincorporan al suelo o se utilizan para compost. Defiende que son prácticas ecológicas y que nada tienen que ver con la pérdida.
Propone que, una vez se aplique la jerarquía de prevención-alimentación humana-transformación-alimentación animal, el productor decida, sin aplicar ninguna jerarquía entre las mismas, la valorización de material, energética o subproducto en otras industrias de un alimento.
Cedecarne (Confederación Española de Detallistas de la Carne)
El sector de comercio especializado artesanal de la carne plantea que la norma permita la transformación de productos aptos para el consumo, cuando sean pequeñas cantidades y la elaboración de escasa entidad, en comercios de venta al por menor sin obrador específico (el obrador es la parte del establecimiento cerrada al público para la manipulación, preparación, elaboración y almacenamiento de productos cárnicos).
Pide que las empresas y las asociaciones representativas de la cadena alimentaria participen en la elaboración del Plan Nacional de control de pérdidas y el desperdicio.
Mensa Cívica
Plantea que las administraciones estén obligadas a incorporar como condición en los pliegos de contratación de servicios de alimentación prácticas adecuadas para la prevención del desperdicio alimentario.
También pide impulsar la creación de empresas para asesorar y acompañar a los agentes de la cadena para elaborar los planes de prevención y realizar su seguimiento, o de intermediación entre el origen del excedente y el destino final. Propone para ello líneas de ayuda o incluso una homologación de empresas consultoras.
Advierte de la falta de recursos y controles para asegurar la eficacia de la norma, atendiendo al “amplio desarrollo de infracciones y sanciones”, y “mecanismos reales” para aplicar el castigo.
Cree que no aplicar la jerarquía de prioridades debería ser infracción grave, y no leve, al igual que la destrucción intencionada de alimentos aún válidos para su consumo.
Propone que las sanciones económicas se acompañen de acciones de educación y sensibilización
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
En el régimen de infracciones quiere tipificar como infracción muy grave toda práctica comercial desleal que fomente la pérdida y el desperdicio alimentario
Propone incluir en un anexo de la norma una serie de prácticas comerciales desleales que provocan pérdidas y desperdicio, como modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la ausencia de contrato, carencias de información, la anulación repentina e injustificada de un contrato, la presión para reducir precios, la transferencia desleal del riesgo comercial o la imposición de la devolución incondicional de mercancías no vendidas.
Cooperativas Agroalimentarias de España
Cree que la ley sólo debe tener por objeto la prevención del desperdicio, que es evitable, y no las pérdidas, que son inevitables al tratarse de productos que no cumplen con las exigencias de comercialización y, por tanto, de donación para su consumo. Por ello, pide poner el foco en los últimos eslabones de la cadena, con mayor nivel de desperdicio e impacto medioambiental.
Plantea clarificar la definición de ‘pérdida de alimentos’ para subrayar que es ajena al control de su tenedor e inevitable. Además de aquellos que se reincorporan al suelo o se emplean para compost, añade aquellos que quedan excluidos de la comercialización por no cumplir las condiciones (y que, por tanto, no podrían ser donados).
Propone no considerar desperdicio o pérdida los productos retirados –aquellos que se dejan de comercializar al amparo de un mecanismo de prevención y gestión de crisis o de regulación del mercado europea– ni los productos dañados –los que se excluyen de comercialización por daños derivados de accidentes climáticos o fitosanitarios–.
Rechaza que se priorice la donación de alimentos para consumo humano frente a la alimentación animal y la transformación en otros productos. Pide clarificar la responsabilidad de las entidades sociales de garantizar la trazabilidad de los productos donados y asumir su gestión, coste incluido, a partir del momento de su recepción.
Fedepesca (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados)
Llama a exonerar a los comercios detallistas de productos frescos con establecimientos de menos de 100 metros cuadrados de la obligación de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio.
