QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba su plan de regeneración democrática, treinta organizaciones españolas registraron en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas que busca «contribuir significativamente a devolver la confianza en nuestras instituciones constitucionales renovando las estructuras democráticas«.
El manifiesto que se ha remitido a la Cámara apunta a que distintos Organismos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de Derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país «debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública».
Las organizaciones firmantes del documento han expresado su preocupación «porque el Plan del presidente del Gobierno no haya sido consultado durante su elaboración a la sociedad civil ni a las organizaciones especializadas en calidad democrática». Por ello, reclaman que el Ejecutivo «acometa de manera colaborativa, inclusiva, urgente y prioritaria las reformas propuestas para promover la transparencia, la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública».
El Plan presentado se articula en siete ejes principales de actuación como son la transparencia y el acceso a la información, la participación ciudadana, la integridad y la rendición de cuentas, la separación de poderes, la mejora de la calidad normativa, la lucha contra la desinformación y el derecho a la libertad de reunión y de expresión.
Transparencia y acceso a la información
En este punto los firmantes aseguran que el acceso a la información permite a los ciudadanos tener criterios fundamentados, participar, entender y evaluar las acciones del gobierno, generado una relación de interacción democrática con el Estado y reforzando la confianza y legitimidad de las instituciones. Por ello solicitan:
Regulación de la transparencia y la participación de los grupos de interés (lobbies). Se pide que la regulación incluya un registro público obligatorio de grupos de interés, conforme a la recomendación de la Comisión Europea.
Reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Se solicita revisar la Ley de Acceso a la Información española para que este derecho sea reconocido como Derecho Fundamental en la normativa española. Creen que la nueva ley debería estar alineada con la normativa y los estándares internacionales de acceso a la información.
Transparencia en la propiedad de los medios. Se pretende permitir a los ciudadanos conocer a los propietarios de los medios de comunicación y sus intereses.
Transparencia de los Registros de Empresas y Beneficiarios Reales (beneficial ownership). Piden garantizar que los ciudadanos que trabajan en investigación y prevención del blanqueo de dinero y los delitos asociados, tengan acceso efectivo y general al registro de beneficiarios reales, en consonancia con la Directiva 6a de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.
Participación ciudadana
Las organizaciones destacan que una mejor participación de la ciudadanía aprovecha de forma más eficiente la inteligencia colectiva en el cliclo completo de las políticas públicas. Se otorga a los poderes públicos mayor legitimidad social para adoptar medidas y decisiones; garantiza una mayor inclusividad y representatividad en los intereses. En este ámbito se solicita:
Activar mecanismos innovadores de participación directa. Se quieren poner en marcha espacios participativos como paneles ciudadanos, asambleas ciudadanas y otros formatos de diálogo y co-creación.
Reformar los procesos de participación existentes. Se pretenden renovar los mecanismos de participación actuales, como las consultas públicas o los órganos consultivos, para que supongan canales relevantes y útiles de participación y co-creación de políticas públicas.
Modificar el derecho de petición ante las diferentes administraciones. Lo que se busca es que este derecho se convierta en una herramienta ágil, moderna y eficaz a través de la cual la ciudadanía pueda defender sus intereses legítimos.
Integridad y rendición de cuentas
En este apartado, se reconoce la necesidad de la integridad a la hora de «mantener la confianza pública de la ciudadanía en el Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia, y para perseguir la actuación impune de la corrupción». Además, la rendición de cuentas se considera esencial para prevenir abusos de poder y asegurar la eficiencia en la gestión pública. Respecto a esto, los firmantes del manifiesto han reclamado:
Código ético para funcionarios y políticos. Se pide al Consejo de Ministros aprobar un código ético obligatorio que promueva principios de integridad, transparencia, imparcialidad y responsabilidad, dirigido a evitar conflictos de interés.
Evaluación y resolución de conflictos de interés. Se establecería un procedimiento riguroso para la evaluación y resolución de conflictos de interés antes de decisiones relevantes. Se incluiría el criterio de idoneidad, que abarcaría a miembros del Gobierno, las Cortes Generales y parlamentos autonómicos y locales, con una oficina de conflicto de interés independiente.
Nombramientos y dirección pública profesional. Se pretenden llevar a cabo los procesos de selección de directivos de entidades públicas con base en criterios objetivos y procedimientos transparentes y abiertos, con motivación de nombramientos y ceses.
Publicación Activa de las Declaraciones de bienes, rentas, actividades económicas e intereses financieros de altos cargos, altos funcionarios públicos y parlamentarios.
Separación de poderes
El documento compartido con sus señorías también busca reforzar los sistemas de contrapesos para garantizar un equilibrio entre los poderes conferidos constitucionalmente a las diferentes instituciones. En este sentido se propone:
Mejora y refuerzo de los criterios objetivos para el nombramiento de puestos judiciales superiores. Solicitan reforzar los criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como los magistrados de este último, para garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso.
Mejora de la calidad normativa
El documento expresa que en la elaboración de normas se deben hacer verdaderamente efectivos los principios de buena regulación; en particular, los de necesidad, proporcionalidad y eficacia. También consideran que deben garantizarse la seguridad jurídica y la coherencia de las normas con el resto del ordenamiento. Bajo todo ello, ya consignado en la ley, piden desarrollar en España medidas de mejora de calidad normativa o «Better Regulation»:
Respetar el procedimiento legislativo. Piden evitar la sobreutilización del Real Decreto-ley, limitándolo a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad; y eludir el recurso a decretos-leyes ómnibus, garantizando que cada decreto-ley regule materias que guarden una conexión sustantiva. Además, se insta al legislador a no abusar , siempre que sea posible, de la tramitación urgente de las iniciativas legislativas para respetar garantías como los trámites de consulta, audiencia y los informes de órganos relevantes.
Hacer efectivos los principios de buena regulación consignados legalmente. En este sentido, se ha pedido realizar un análisis robusto de la proporcionalidad y la eficacia de las medidas adoptadas, así como de sus efectos, a través de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo.
Fomentar la seguridad jurídica, participación y predictibilidad. Se busca evitar así que las normas aprobadas generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.
Lucha contra la desinformación
Este es quizás el punto que más relación guarda con el plan presentado por el presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso de los Diputados el 17 de julio. Las propuestas de las organizaciones son:
Lucha contra la desinformación. Se impulsa a la Administración a promover la educación mediática, la transparencia y la responsabilidad de las propias instituciones de no producir desinformación.
Desinformación en redes sociales y plataformas digitales. Creen que las instituciones deberían apoyar soluciones efectivas para que la ciudadanía tenga más y mejor información en el ámbito digital y analógico, con pleno respeto a la libertad de expresión.
Financiación de los medios. (Esta ya es una medida que ya se recoge en el plan de Pedro Sánchez). Por su parte, los firmantes piden asegurar la transparencia en la financiación de los medios de comunicación. Fomentar modelos de buen gobierno promovidos por el propio sector.
Publicidad institucional. (Esta es otra de las medidas presentadas por el Ejecutivo en el pleno del Congreso). En concreto el texto pide garantizar la transparencia plena en la publicidad institucional. Para ello, se pide publicar los beneficiarios finales y las cuantías recibidas desde las campañas de publicidad institucional y cualquier otro recurso público.
Medios públicos. El manifiesto promueve asegurar la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la dirección pública profesional de los medios de titularidad pública
Derecho a la libertad de reunión y expresión
En su exposición de motivos, los autores expresan que en nuestro país la libertad de expresión o el denominado «espacio cívico» se considera estrecho, según el indicador internacional CIVICUS, en gran medida debido a los efectos de la implementación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En concreto, en materia del ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, se propone:
Reformar la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana. Se argumenta que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha recomendado a España la reforma de la «Ley mordaza» y ciertos artículos del Código Penal para evitar que puedan ser objeto de sanción la manifestación espontánea y conductas legítimas en el marco de las protestas pacíficas; que las identificaciones y registros de manifestantes sean arbitrarias; y que el uso de la fuerza por parte de la policía pueda ser excesivo y no proporcional a la amenaza.
Con todo, las organizaciones que han redactado el documento de trabajo se muestran dispuestas a colaborar en el proceso, aportando su experiencia «para construir una democracia más fuerte, transparente, participativa e íntegra».
Entidades firmantes:
- Access Info
- Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)
- Archiveros Españoles en la Función Pública
- Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
- Associació Ciutadania I Comunicació
- Asociación de Archiveros Gestores de Documentos de la Comunidad Valenciana
- Asociación de Prensa de Madrid
- Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
- Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental
- Cámara Cívica
- Cátedra J.M Martín Patino de la Cultura del Encuentro
- Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV)
- Consejo de la Juventud de España
- Deliberativa
- Demos Lab
- Equipo Europa
- Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
- Federación de Sindicatos de Periodistas
- Fundación Alternativas
- Fundación Global Nature
- Fundación NovaGob
- Gobierno Transparente
- Greenpeace España
- Hay Derecho
- Hexagonal
- Marea Deliberativa
- OSOIGO
- Platoniq
- Political Watch
- Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA)
- Red de Abogadas y Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)
- Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
- SEO/BirdLife
- Talento para el Futuro
- Xnet
