El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha advertido de una disminución media de “en torno a 100 hectómetros cúbicos” en el volumen trasvasado y ha puesto el foco en posibles “anomalías” en los caudales de la cabecera. Así lo ha manifestado durante su intervención ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional.
Durante su exposición, Cabezas ha repasado la evolución normativa del trasvase desde el denominado Memorándum de 2012-2013 y su posterior desarrollo. Ha remarcado que la revisión de la regla de explotación “no puede eludirse” por la “incompatibilidad” entre lo establecido en el Plan del Tajo y la regla actualmente vigente, al tratarse de normas “de igual rango”.
Ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica encargó al Centro de Estudios Hidrográficos una propuesta de modificación de dicha regla, que “no ha sido hecha pública”, aunque “se ha filtrado una síntesis”. Paralelamente, la Comunidad Autónoma solicitó al Instituto Euromediterráneo del Agua un estudio de revisión “de los números”, cuyos resultados son “sustancialmente” parecidos.
Cabezas ha defendido que el volumen medio susceptible de trasvasarse ha estado condicionado “de forma determinante” por el caudal mínimo fijado en Aranjuez, en el tramo Entrepeñas-Buendía/Aranjuez, y ha sostenido que la regla de explotación “para nada” ha sido decisiva en la cantidad trasvasable, ya que “solo afecta a la modulación del envío, no a su cantidad”.
En esa línea, ha reiterado que, una vez fijado el caudal mínimo del Tajo, el efecto práctico de la regla se ha limitado a decidir si el agua se ha enviado “más deprisa o más despacio”, de forma “más constante o más variable”, pero “no” ha incidido “de forma significativa” en el volumen medio total.
También ha señalado que, entre 2019 y 2023, se han detectado diferencias entre lo que la normativa “permitía trasvasar” y lo que “realmente se ha trasvasado” en nivel 3, y ha indicado que se han acordado envíos por debajo de lo posible “sin una suficiente base técnica”.
Además, ha advertido de “irregularidades” que sitúa “desde el año 23 en adelante” en los desembalses de cabecera, al desaparecer una “punta de invierno” y observarse comportamientos que, a su juicio, “no tienen explicación” con los datos disponibles. En la misma línea, ha mencionado discrepancias entre lo desembalsado en la cabecera y el caudal que finalmente ha circulado por Aranjuez, lo que, según ha dicho, ha llevado a pensar en una demanda menor en el tramo intermedio.
Respecto al impacto del Plan del Tajo, ha calificado la decisión adoptada como “lesiva” para el trasvase y ha estimado la reducción media “aproximadamente” en “unos 100 hectómetros menos” de agua trasvasable directa. Asimismo, ha subrayado que el acoplamiento previsto y las actuaciones para compensar esa merma “no” han estado en condiciones de ejecutarse en el horizonte de 2027.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, ha defendido que el trasvase ha requerido “reglas claras” y “previsibilidad”, pero ha recalcado que la estabilidad debía incorporar “solidez jurídica”, un marco “ambiental sostenible” y una solución “políticamente defendible” que evitase la judicialización.
Moreno ha planteado si el Memorándum de 2013 ha sido “suficientemente resiliente” frente a la sequía y el cambio climático, y ha recordado que en 2016-2017 se registraron “meses de trasvase 0”.
El diputado de Vox, Antonio Martínez, ha puesto en valor los “datos” y “cuadros” aportados para entender la trayectoria del trasvase. Ha señalado que el incremento de las necesidades del Tajo se habría producido “artificialmente” y ha centrado su intervención en dos “anomalías”: la reducción de envíos en el periodo 2019-2023 y las “más recientes” irregularidades en los caudales.
Por su parte, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha destacado que la visión técnica ofrecida “ha sido diferente” a la escuchada en otras comparecencias y considera que ha contribuido a “centrar” el debate.
El diputado del PP, Jesús Cano, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura “no” ha sido “una anomalía ni un privilegio”, sino una infraestructura “de Estado” destinada a corregir desequilibrios, y ha insistido en que la discusión debía apoyarse en “datos” y “criterios técnicos”.
Cano ha preguntado a Cabezas si el trasvase atraviesa “el peor momento político de su historia” y ha cuestionado la idoneidad técnica de las decisiones en nivel 3. Además, ha criticado que se haya planteado sustituir el trasvase por la desalación, al entender que ello implicaría un agua “más cara” y una mayor dependencia energética.