El Pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde a la enmienda a la totalidad registrada por el PP a la moción del PSOE, que planteaba destinar de forma prioritaria el suelo público a la construcción de vivienda. La Cámara ha apoyado la alternativa de los 'populares', centrada en elaborar un inventario “serio” del suelo disponible, tanto público como privado, así como de su situación administrativa y urbanística.
El diputado del PP Antonio Landáburu ha explicado que la propuesta de su grupo se basa en cerrar acuerdos con los ayuntamientos “con contenido”, con responsabilidades definidas y un calendario concreto, y en disponer de un registro actualizado que muestre el estado real del suelo, público y privado, para poder programar con “método, ejecución y plazos” y así incrementar la oferta de vivienda.
Ha subrayado que el problema residencial está ligado a la escasez de oferta y a la lentitud de la tramitación, por lo que ha recalcado la urgencia de acelerar planeamientos y licencias y de conocer con precisión qué suelos hay realmente disponibles y en qué situación se encuentran antes de tomar decisiones.
Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega ha defendido la moción socialista al entender que orientar el suelo público a vivienda bajo control público permitiría incrementar el parque público y frenar la especulación.
Ortega ha señalado que en la Región el peso de la vivienda pública es “mínimo” y ha pedido una actuación firme para facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.
En el turno del resto de grupos, la diputada María Marín, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde integrada en el Grupo Mixto, ha alertado de que el término “vivienda asequible” puede ser equívoco y ha abogado por referirse de forma explícita a vivienda protegida y de promoción pública.
Vox, por medio del diputado Ignacio Arcas, ha puesto en duda que destinar de forma preferente todo el suelo público a vivienda sea la única vía y ha defendido aplicar criterios de “eficiencia” en la gestión municipal, sugiriendo que la venta de suelos de alto valor podría servir para invertir en otros más baratos y levantar así más viviendas.
Debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica
En otro punto del orden del día, el Pleno ha tumbado la moción del PSOE de respaldo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que, según los socialistas, supondría un aumento anual de 1.188 millones de euros para la Región.
La iniciativa únicamente ha recibido el apoyo del PSOE y la abstención del Grupo Mixto.
La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha recalcado que lo que se sometía a votación eran “1.200 millones de euros más cada año” y ha avisado de que rechazarlos implica renunciar a recursos para sanidad, educación o dependencia.
El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha rechazado el modelo al entender que no soluciona la infrafinanciación y ha apostado por un sistema acordado en el marco multilateral.
Vox ha vinculado la propuesta a pactos políticos y ha exigido un modelo común para todas las comunidades autónomas.
Ayudas al alquiler joven y gestión de los pagos
Asimismo, el Pleno ha desestimado la moción del Grupo Mixto relativa al abono de las ayudas al alquiler para jóvenes y ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP.
La diputada María Marín ha denunciado que los jóvenes con ayudas reconocidas no han percibido las cuantías por “falta de fondos” y ha pedido ampliar la dotación presupuestaria para pagar los importes pendientes.
Por parte del PP, Landáburu ha defendido que las ayudas deben llegar “a tiempo” y ha propuesto utilizar remanentes y flexibilizar requisitos en futuras convocatorias.
El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha cuestionado “dónde están” los fondos transferidos por el Gobierno de España para el bono alquiler joven y ha censurado la gestión del Ejecutivo regional. Vox, por su lado, ha reclamado más rapidez en los pagos.
Estado del Bienestar y política migratoria
Por último, el Pleno ha rechazado la moción de Vox sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso a servicios públicos de calidad, que solo ha contado con el respaldo de este grupo.
En ese debate, Vox ha sostenido que la Región “siempre ha estado infrafinanciada” por PSOE y PP y ha rechazado, al mismo tiempo, lo que ha descrito como “regularización masiva” de inmigrantes en situación irregular.
En su intervención, Vox ha pedido “deportar” a los inmigrantes ilegales, expulsar “de forma inmediata” a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan, y devolver a los menores no acompañados “con sus padres” a sus países de origen.
También ha exigido el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados y la “transparencia” en los datos de inmigración, con detalle de cuántos son, cuánto cuestan y en qué centros se encuentran.
Además, ha defendido reformar las leyes para fijar una “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones y servicios y ha planteado impedir prácticas culturales que vayan contra “los principios fundamentales” de la sociedad.
El PSOE, a través de Toñi Abenza, ha acusado a Vox de “normalizar el racismo” y ha defendido que la seguridad se construye con Estado de Derecho, cohesión social y servicios públicos sólidos, y no con “expulsiones colectivas”.
El PP ha registrado una enmienda a la totalidad y ha apostado por una política migratoria basada en “humanidad y control”, con coordinación nacional, rechazo de regularizaciones “colectivas” y expulsión de quienes cometan delitos graves o reincidan.