El líder de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López, ha expresado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional la importancia fundamental de los ayuntamientos en la implementación de la ley de simplificación administrativa, solicitando ‘recursos humanos, adaptación normativa y financiación’ para su efectiva aplicación ‘con eficacia y garantías’. Destacó que las entidades colaboradoras ‘no sustituyen la potestad pública’ y aseguró que ‘el control seguirá siendo municipal’.
López recordó que se envió un borrador avanzado a la FMRM el 26 de marzo de 2025, y que fue distribuido ‘al día siguiente’ a los 45 ayuntamientos. Mencionó también dos encuentros técnicos con municipios y la Consejería en julio de 2024, de los cuales se derivaron prioridades como ‘coordinación y centralización de trámites, optimización de recursos y personal técnico, claridad normativa, revisión de la declaración responsable y de las licencias provisionales, y digitalización de procedimientos’.
En el contexto de la normativa europea y nacional para ‘mejora de la calidad regulatoria y reducción de cargas’, López explicó que los municipios ‘están sujetos a la ley estatal y autonómica’ respecto a títulos habilitantes. Resaltó que las entidades colaboradoras de certificación (ECU) pueden facilitar procesos ‘bajo control público’ y subrayó que la ley ‘deja claro’ que sus funciones ‘no sustituyen la potestad de la Administración, que podrá verificar en todo momento sus certificaciones’.
Respecto a los ajustes municipales, destacó la declaración autonómica de interés estratégico que ‘reduce a la mitad’ los plazos de tramitación local y la introducción de ajustes urbanísticos como la licencia básica y la ejecución anticipada de proyectos de interés público en áreas como la industria y la hotelería, entre otros. También mencionó cambios en la regulación ambiental y de infraestructuras, como la licencia ambiental para ciertos gimnasios y la simplificación para infraestructuras eléctricas con ‘prevaleciendo la autorización autonómica y con informe municipal sometido a plazo’.
Como conclusiones, López Abenza afirmó que la ley ‘ofrece instrumentos para dinamizar el urbanismo, atraer inversión y empleo y ganar competitividad’, pero advirtió que su éxito ‘dependerá de la capacidad organizativa de cada ayuntamiento’. Reclamó ‘una compensación justa por el sobreesfuerzo’ en medios personales y recursos.
En las intervenciones de los grupos parlamentarios, surgieron diversas posturas. El diputado del PSOE, Alfonso Martínez, cuestionó la participación de la FMRM en la elaboración del texto y expresó preocupaciones sobre una posible ‘merma de autonomía local’. Por otro lado, Virginia Martínez de Vox, y María Marín de Podemos expresaron preocupaciones sobre la implementación de la ley y sus posibles efectos en el urbanismo y medio ambiente. Mientras tanto, la diputada del PP, María Casajús, defendió la ley como promotora del municipalismo y de la agilización de procesos para ‘atraer oportunidades sin rebajar garantías’.