La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha activado un dispositivo especial a través de la red CAVI para localizar y asistir a las afectadas por fallos en las pulseras antimaltrato, proporcionándoles asistencia legal y psicológica necesaria.
Conchita Ruiz, la consejera responsable, informó el martes sobre este operativo durante su intervención en la Comisión general de las comunidades autónomas en el Senado.
El gobierno regional ha identificado que más de 200 mujeres podrían encontrarse en riesgo en la Región debido a estos defectos. Ante este escenario, han solicitado información al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno sobre las mujeres afectadas y las incidencias reportadas, declarando que “no nos quedamos de brazos cruzados”.
“Todos los recursos CAVI están en contacto con las usuarias para identificar riesgos y brindar apoyo especializado”, aseguró Ruiz.
Además, la consejera criticó la “irresponsabilidad institucional” del Gobierno de España, acusándolo de poner en riesgo vidas, como ya ocurrió con la Ley del solo sí es sí. Durante su comparecencia, exigió al Gobierno central que “asuma su responsabilidad ante una gestión nefasta” y criticó la falta de recursos suficientes para implementar medidas efectivas.
Contrastando con la gestión central, la consejera destacó que el Ejecutivo regional está desplegando los esfuerzos necesarios, incluso sin financiación adecuada, para proteger a las víctimas de violencia de género, mencionando el mantenimiento de los centros de crisis que superan los 500.000 euros anuales, financiados íntegramente por la Comunidad.