El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha dado luz verde este miércoles, con el apoyo de Vox y PP y el rechazo de PSOE y Podemos-IU-AV, a una moción que pretende frenar lo que se califica como “una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
En la presentación de la iniciativa, el diputado regional de Vox Alberto Garre ha acusado al Ejecutivo central de “amordazar a los medios que no son afines” y de “corromper” la libertad mediante normas como la Ley de Memoria Histórica, con el objetivo, ha dicho, no de “no por buscar la verdad”, sino de lograr “la obediencia”.
Garre ha sostenido que “los gobiernos como el actual de España no pueden determinar hasta dónde pueden llegar o no, limitar o no, la libertad de expresión” y ha reiterado que el gabinete de Pedro Sánchez aspira a “erigirse en el tutor de la verdad y castigar a quien no sigue la narrativa de Moncloa, cuyos inquilinos son de una bajeza moral inédita hasta ahora”.
El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, ha reprochado al Gobierno central que “confundir Estado con partido, crítica con ataque, periodismo con enemigo y pretender convertir el debate público en un terreno vigilado, etiquetado y domesticado”.
Segado ha alertado de que “primero te señalan, luego te acorralan y después te silencian”, y ha defendido en la Cámara que “la libertad no se tutela, se ejerce”, rechazando la figura de “comisarios de la verdad” o “registros para amedrentar a los medios de comunicación”.
Desde el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha acusado a Vox de recurrir a una “trampa de falsa libertad” que, a su entender, solo persigue sostener la “cobardía y la impunidad”. Según ha argumentado, la posición del partido de Santiago Abascal deja a los menores “a merced de miles de depredadores” que actúan amparados en perfiles falsos e IPs opacas.
En esta línea, Sánchez ha defendido la urgencia de regular el entorno digital para poner fin a la “impunidad” en redes sociales y ha planteado que sea obligatorio identificarse con el DNI en las plataformas, igual que en el “mundo real”.
La diputada de Podemos-IU-AV María Marín ha acusado a Vox de “promover bulos y cacerías racistas” en vez de proteger la libertad de expresión. “Ustedes no han defendido en la vida, en la historia y nunca lo harán la libertad de expresión ni la democracia, como ya se ve internamente en su partido. Ustedes son, de hecho, la amenaza a la libertad de expresión”, ha manifestado.
Debate sobre inundaciones y Mar Menor
En la misma sesión, la Asamblea Regional ha rechazado una moción del grupo Mixto relativa a actuaciones de ordenación del territorio para prevenir las inundaciones recurrentes en los municipios ribereños y su efecto sobre el Mar Menor.
La portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, ha denunciado que en el campo de Cartagena rige actualmente “la ley de la selva” y ha recordado que en tres años “no han hecho nada con el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente”.
Ha achacado esta situación al “caos absoluto que vive la cuenca vertiente del Mar Menor” y al “desastre total que tenemos en la Región de Murcia en materia de ordenación del territorio”, reclamando al Estado que “asuma su parte responsabilidad y ejecute las acciones previstas en el mapa de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor”.
Según Marín, “la gente mira preocupada al cielo, temiendo por sus casas, sus comercios, su propia seguridad y la de sus familias”, y ha responsabilizado a las multinacionales de “alterar” la orografía natural del campo de Cartagena.
Ha criticado que “se tenga que esperar ahora 32 meses” para el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones, advirtiendo de que “muy posible que pueda haber una dana” antes de ese plazo. También ha aludido al Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que, ha recordado, “debería estar vigente desde el 1 de agosto de 2023”.
En respuesta, el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha considerado que lo que plantea el grupo Mixto “no es otra cosa que una sumisión al ecologismo” y ha subrayado que los planes frente a inundaciones “existen desde hace tiempo y los filtros verdes que pretenden los nuevos planteamientos son solo cuidados paliativos”.
La diputada del Grupo Popular, María Casajús, ha censurado la actuación del Ministerio, al que acusa de hacer “oídos sordos”, y de un Gobierno que “se niega a ejecutar siquiera una parte mínima de los planes hidrológicos previstos y mantiene una inversión en infraestructuras muy por debajo de lo necesario”.
Por su parte, el diputado socialista Manuel Sevilla ha añadido a su intervención la petición de que “se hagan de manera urgente” las actuaciones del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente y el de Ordenación del Riesgo de Inundaciones.
Choque por la inflación y la política fiscal
La Cámara también ha tumbado una moción de Vox orientada a contener la inflación y hacer frente a la escalada de precios. El texto recibió tres enmiendas a la totalidad, una por cada grupo parlamentario, que tampoco obtuvieron respaldo suficiente.
El defensor de la iniciativa, el portavoz del grupo parlamentario desde el martes, Rubén Martínez Alpañez, ha cargado contra PP y PSOE por “quitarnos la mayor cantidad posible de dinero de nuestro bolsillo para financiar sus chiringuitos”.
Martínez Alpañez ha planteado, entre otras medidas, reducir el IVA general al 18% y el reducido al 8%; fijar un tipo del 4% para luz, gas y agua; aplicar el tipo superreducido del IVA a productos como pañales y servicios de dependencia, y rebajar el IRPF por adquisición de vivienda habitual.
Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo ha reprochado la “falta de rigor” de la propuesta fiscal de Vox, afirmando que “no responde a ninguna de las preguntas esenciales” sobre recaudación, déficit y deuda.
“En política económica, rigor, prudencia y memoria de las consecuencias”, ha remarcado Albaladejo, quien ha asegurado que “el proyecto político del PP no es otro que bajar impuestos como hace donde gobierna”, pero “lo queremos hacer con rigor, y no generar agujeros que terminan pagando los mismos, que son las clases medias”.
El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha recalcado que “la bajada de impuestos que proponen Vox y el PP siempre termina beneficiando a las rentas altas”. Ha señalado que “tan sólo 399 ciudadanos de la Región, el 0,02% del total, se han beneficiado en 2023 de un ahorro en el impuesto de sucesiones y donaciones de 345.000 euros cada uno” y que “2.890 ciudadanos, el 0,11% de la población, se ahorran de media 109.000 euros con las bonificaciones de este impuesto”.
“Señor Alpañez, su propuesta es una oda al populismo y a la demagogia. Usted ha venido a contarnos una milonga”, ha concluido el parlamentario socialista, que ha reivindicado la “justicia fiscal y social” como eje de la política del PSOE.
Por último, José Luis Álvarez-Castellanos, de Podemos-IU-AV, ha criticado que la moción de Vox “engaña directamente a la ciudadanía” mediante datos “falsos, descontextualizados y sesgados intencionadamente”.
Álvarez-Castellanos ha sostenido que “el problema fundamental es de desigualdad” y ha reclamado una “reforma fiscal progresiva” para que “paguen más los que más tienen” y se impulsen “políticas para luchar contra la pobreza” y “garantizar los servicios públicos en nuestra sociedad”.