La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, reclamó este martes al Gobierno central que “asuma su responsabilidad y cumpla con su compromiso” de sufragar el 50 por ciento del sistema de dependencia, tal y como recoge la normativa.
En su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Ruiz recordó que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “anunció que aportaría la mitad del gasto en dependencia y, sin embargo, en la actualidad apenas llega al 25 por ciento”.
La responsable autonómica subrayó “el esfuerzo del Ejecutivo murciano por reforzar la estructura de un sistema tensionado por el envejecimiento de la población y un incremento constante de la demanda, a pesar de la infrafinanciación”, y denunció el desequilibrio en el reparto de fondos.
Según detalló, la deuda acumulada por el Estado con la Región desde 2018 “supera los 600 millones de euros; un importe con el que se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores”, lo que, a su juicio, evidencia el impacto real de la falta de recursos.
En la Comunidad, explica, “el coste medio por persona dependiente es de 7.448 euros, de los que el Estado sólo aporta 1.862”. Pese a ello, recordó que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia “plantea un modelo de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas”.
Ruiz incidió en que el esfuerzo presupuestario realizado por la Región de Murcia “ha conseguido reducir listas de espera, aumentado prestaciones y mejorando la atención, incluso en un contexto de infrafinanciación autonómica, que genera una diferencia de más de 1.000 euros entre lo que recibe un ciudadano de la Región de Murcia frente a otro de la comunidad mejor financiada”.
Además, advirtió de que el Gobierno central “plantea ahora una nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad sin respaldo económico”, lo que a su entender agravaría aún más la situación de las autonomías.
En este contexto, la consejera reclamó al Estado “cooperación institucional”, y que no traslade sus obligaciones a las comunidades porque, según remarcó, “las comunidades asumimos en solitario el incremento del gasto de la dependencia”. Un esfuerzo que, añadió, se realiza “en un contexto de presupuestos prorrogados, con cuantías congeladas que no tienen en cuenta el aumento de costes”.