El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, ha expuesto este lunes en la Asamblea Regional de Murcia que, si la reducción de caudales llegara a ocasionar pérdidas económicas, los usuarios del Trasvase tendrían la opción de acudir a los tribunales.
En esta línea, ha detallado que “en el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones”, puntualizando que dicha vía quedaría condicionada a que “se produzcan daños o perjuicio patrimonial como consecuencia de la reducción en los caudales aportados”.
Estas consideraciones las ha formulado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha alertado de la “importante inseguridad jurídica” que, a su entender, han soportado tradicionalmente los usuarios de esta infraestructura y ha denunciado que el acueducto vive un proceso de “desnaturalización por vía reglamentaria”.
Molina ha articulado su exposición en cinco bloques, dedicados a la trayectoria normativa del acueducto, a los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, a la descoordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, a la futura regla de explotación y a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración.
En su repaso histórico, ha remarcado que el Trasvase Tajo-Segura se apoya principalmente en las leyes de 1971 y 1980 y ha permanecido “siempre a tensiones de carácter político entre los territorios”. A su juicio, la conflictividad se intensificó entre 2005 y 2010, con iniciativas como la denominada “cláusula Narbona” o la tentativa de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que preveía la caducidad del trasvase.
Como contrapeso, ha situado el Memorándum de 2013 como el pacto que permitió dar cierta estabilidad al marco jurídico, al impulsar una nueva regulación mediante la Ley de Evaluación Ambiental y la regla de explotación.
Según ha explicado, la pérdida de peso efectivo del acueducto se estaría produciendo por tres mecanismos. El primero sería la interpretación del nivel 3 de explotación, que entre 2018 y 2024 habría originado “al menos 27 recortes de la cantidad máxima trasvasable” y generado, de acuerdo con los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, “una deuda hídrica para la cuenca del Segura en el entorno de los 192 hectómetros cúbicos”. El segundo vector sería la futura revisión de la regla de explotación. Y el tercero, que ha calificado como el más determinante, la subida de los caudales ecológicos en el Tajo.
En relación con este último aspecto, Molina ha indicado que el aumento de dichos caudales implicará “a partir de 2027 una merma de 105 hectómetros cúbicos anuales para regadío como media”, con una reducción estimada del “16% del regadío de la cuenca”, unas 27.400 hectáreas afectadas, un impacto económico de “5.300 millones de euros de 2021” y la desaparición de “unos 15.400 trabajadores directos que dependen del Trasvase Tajo-Segura”.
El profesor ha querido precisar, además, que las sentencias del Tribunal Supremo de 2019 no imponían fijar una cifra concreta para esos caudales ecológicos. “Lo que no podía hacer de ninguna manera el tribunal es fijar los caudales”, ha recalcado, cuestionando igualmente que los nuevos caudales ecológicos dispongan de un respaldo técnico sólido.
Ha añadido a este escenario un déficit de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Molina ha recordado que la elevación de los caudales ecológicos se vinculó a una serie de medidas compensatorias, como la ampliación y mejora de la capacidad de desalación o las interconexiones necesarias para trasladar ese recurso a las áreas de riego, pero ha denunciado que, a día de hoy, esas infraestructuras “no se han realizado”. Por ello, ha alertado de una “contradicción interna” en el propio real decreto que aprueba los planes hidrológicos, dado que “uno se cumple y el otro no”.
Sobre la futura regla de explotación, ha preferido no profundizar en exceso al encontrarse aún en tramitación, aunque sí ha reclamado que, una vez se apruebe, se estudie con detalle “el impacto que pueden tener esas soluciones en la demarcación del Segura”.
Al tratar la posible responsabilidad patrimonial de la Administración, Molina ha señalado que ya existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre reclamaciones asociadas a la fijación de caudales ecológicos y ha defendido que, si la aplicación de esos nuevos caudales genera daños efectivos, los usuarios del trasvase estarán legitimados para solicitar una compensación económica. “En el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones”, ha reiterado.
Para apuntalar este planteamiento, ha invocado el texto refundido de la Ley de Aguas y la Ley del Plan Hidrológico Nacional, junto con varias resoluciones del Supremo que, según ha explicado, sitúan a los usuarios del trasvase en una posición equiparable a la de otros usuarios del agua, aunque no ostenten formalmente la condición de concesionarios. “Los usuarios creo que merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado legítimamente”, ha enfatizado.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha admitido compartir “muchas” de las consideraciones jurídicas formuladas por Molina, si bien ha defendido que los poderes públicos deben actuar ajustándose a las resoluciones judiciales y al marco normativo vigente. Moreno ha preguntado qué margen existe para complementar el trasvase con otros recursos, como la desalación, la reutilización o las aportaciones propias de la cuenca, y ha insistido en que la estrategia socialista pasa por considerar el acueducto como “irrenunciable”, aunque reforzado con fuentes alternativas.
Desde Vox, Antonio Martínez ha elogiado la “serenidad académica” del compareciente y ha afirmado que su exposición debería convertirse en “el catecismo sobre el trasvase” para todos los representantes políticos del Levante. El parlamentario ha coincidido en que el acueducto es “irrenunciable” e “insustituible” para la economía y el medio ambiente del sureste y le ha solicitado una hoja de ruta jurídica y política para encarar el cuarto ciclo de planificación hidrológica y las amenazas que, en su opinión, se ciernen sobre el regadío levantino.
Por el Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, ha planteado una visión más crítica con el modelo vigente y ha recalcado que el debate no puede desligarse de la disminución de aportaciones en cabecera, del crecimiento del regadío y de los efectos ambientales del modelo agrointensivo. En este contexto, ha preguntado si no será imprescindible “redimensionar” el sistema en función de la disponibilidad real de agua y de sus consecuencias ecológicas.
El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha valorado una intervención que ha calificado de “enriquecedora” y ha remarcado varias de sus ideas, entre ellas que las sentencias del Supremo no fijaron la cuantía exacta de los caudales ecológicos y que los usuarios del trasvase han actuado confiando en un marco normativo que ahora, a su entender, se está modificando. Cano ha pedido al compareciente que profundizara en la falta de coherencia entre los planes del Tajo y del Segura y en las oportunidades que podría abrir el futuro marco europeo de resiliencia hídrica.