El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha subrayado que el decreto destinado a unificar los medios técnicos de las policías locales de la Región se ha "rehecho desde cero" y ha remarcado que el empleo de armas largas quedará restringido exclusivamente a unidades especiales de seguridad ciudadana y solo "en situaciones excepcionales".
Ortuño ha intervenido en el Pleno de la Asamblea Regional para responder a una interpelación del diputado de Vox Ignacio Arcas, quien le ha acusado de incurrir en contradicciones respecto a la legalidad de estas armas y ha puesto en duda el procedimiento seguido para tramitar el decreto.
El representante de Vox ha traído a colación manifestaciones previas del consejero en 2024, cuando apuntó que la Intervención de Armas de la Guardia Civil no permitía el uso de armas largas por parte de las policías locales, y las ha confrontado con los anuncios posteriores del Ejecutivo regional en 2026 sobre su posible incorporación. "Le hemos pillado con el carrito de los helados", ha sentenciado Arcas, que también ha exigido que estas dotaciones se hagan extensivas a todos los municipios y no se limiten a ciertas unidades, al entender que "un policía local de Abanilla está tan preparado como uno de Murcia".
Ante estas críticas, Ortuño ha rechazado que exista cambio de criterio y ha defendido que mantiene la misma postura que en 2024. "Lo mismo que dije entonces es lo mismo que estoy diciendo hoy", ha recalcado, insistiendo en que el decreto no prevé un uso generalizado de armas largas, sino acotado a unidades especiales de seguridad ciudadana y únicamente "en situaciones excepcionales", con la finalidad de "racionalizar su uso".
El consejero ha recordado igualmente que, aunque varias comunidades autónomas han regulado este tipo de armamento, la Intervención de Armas de la Guardia Civil todavía no ha autorizado su adquisición y utilización efectiva por parte de los ayuntamientos, y ha apuntado que incluso hay un contencioso abierto en otras regiones por este motivo.
Durante su intervención, Ortuño ha reiterado que el Ejecutivo regional no ha continuado el decreto anterior, sino que ha tenido que elaborarlo de nuevo tras asumir las competencias en 2024. "Nos encontramos la nada, un solar", ha señalado, explicando que el Gobierno abrió un proceso de consultas con ayuntamientos, sindicatos y asociaciones de mandos policiales, a través de la Federación de Municipios y mediante reuniones específicas, para consensuar un nuevo texto.
Ha detallado que el borrador se sometió a exposición pública en el portal de transparencia y que, en estos momentos, se están estudiando las alegaciones presentadas antes de seguir con los trámites obligatorios, como la emisión de informes jurídicos y su paso por los órganos de coordinación correspondientes.
Ortuño ha defendido que el objetivo del decreto es "homogeneizar medios, evitar desigualdades y garantizar la seguridad" tanto de los agentes como de la ciudadanía, enmarcándolo en una estrategia más amplia del Ejecutivo regional para reforzar la seguridad.
En este contexto, ha puesto en valor la estrategia "Región de Murcia más segura", dotada con 120 millones de euros para los próximos cinco años, que incluye medidas como el incremento de efectivos de Policía Local, la implantación de comisarías móviles, el refuerzo de los sistemas de videovigilancia y la mejora de la coordinación entre municipios.
Asimismo, ha indicado que el Gobierno regional destinó más de 22 millones de euros el pasado año para cofinanciar las plantillas y modernizar los medios materiales de las policías locales en los 45 municipios de la Región.